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El juez decreta libertad provisional para once empresarios encarcelados por el fraude a la Seguridad Social de Barcelona

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, Javier Béjar, decretó ayer la libertad condicional bajo fianza para once empresarios y directivos procesados por su participación en el fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona. Cuatro de ellos fueron puestos ayer en libertad, tras depositar fianzas de 500.000 pesetas. Otros cuatro fueron puestos en libertad por el Juzgado de Guardia a primeras horas de la madrugada. Se trata de las primeras decisiones de libertad para los empresarios implicados en los hechos adoptada por el juez, tras dictar 32 autos de procesamiento en los que se ordenaba la prisión incondicional de los afectados. Por el contrario, otro implicado, Rosendo Puignero Sargatal, ingresó anoche en prisión.A primeras horas de la madrugada fueron puestos en libertad por el Juzgado de Guardia, por lo que se supone que fue allí donde depositaron las correspondientes fianzas, Miguel Casal Font, José Joaquín Muñoz Anatol, Arsenio Méndez Calín y Pedro Prat González, supuestos implicados en el fraude a la Seguridad Social. Anteriormente, a las 21.45 horas de ayer habían sido puestos en libertad, Eduardo Márquez Alier, apoderado de la empresa Muebles para Relojes; Ernesto Santacana Vidal, jefe de personal de Fábrica Eléctrica Josa; Jesús Sans Pros, jefe de personal de Rocalla, SA, y Fausto Berini Gelli, director general de J. Coma Cros, SA. Anoche se esperaba que el resto de los directivos y empresarios a los que se les ha decretado la libertad condicional fueran puestos en libertad de forma inminente, tras depositar las respectivas fianzas en el Juzgado de Guardia, dado que el Juzgado de Instrucción se encontraba cerrado.

Un total de 34 personas se encuentran todavía en la sexta galería de la prisión Modelo de Barcelona, mientras que los implicados en el fraude superan el medio centenar. Pesa una orden de búsqueda y captura sobre otras cinco personas, entre las que se encuentran los funcionarios considerados como principales responsables de los hechos, así como dos empresarios.

La puesta en libertad se retrasó durante más de una hora a consecuencia de un conflicto que se registró ayer entre un grupo de internos que realizan determinadas funciones domésticas en el centro penitenciario. Este retraso y la presencia de algunos periodistas a las puertas de la cárcel provocaron un cierto malestar entre algunos de los familiares y amigos de los detenidos, quienes llegaron a amenazar a los informadores.

La empresa Muebles para Relojes, cuyo apoderado fue ayer puesto en libertad, tiene establecida una responsabilidad civil en el procedimiento de diez millones de pesetas. Los falsos requerimientos que afectaron a Fábrica Electrónica Josa se elevaron a 175 millones; 122 millones defraudados correspondieron a Rocalla, SA, y 112 millones a Sucesores de J. Coma Cros. Las fianzas establecidas para responder civilmente de los hechos, ascienden en conjunto para las tres últimas empresas a 555 millones de pesetas.

Joan Rigol, conseller de Trabajo de la Generalitat, manifestó ayer en una intervención ante el Parlament de Cataluña que el Consell Executiu ha iniciado diversas gestiones para garantizar los puestos de trabajo en las empresas afectadas por el fraude a la Seguridad Social. La Generalitat, según señaló el conseller de Trabajo, ha gestionado con la dirección del centro penitenciario la posibilidad de que puedan establecerse contactos entre los empresarios encarcelados y las empresas a través de los servicios jurídicos de la Administración autonómica.

La Generalitat, sin embargo, según expresó el titular de Trabajo, se encuentra con limitaciones para intervenir en el asunto, al hallarse éste en situación de secreto sumarial y no corresponder a la Administración autonómica las competencias de la Inspección de Trabajo en este caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 1983