Boyer denuncia en el Congreso presuntos delitos en la gestión del grupo Rumasa por retención de impuestos

El Gobierno pondrá en conocimiento de los jueces los últimos datos sobre la gestión del grupo de empresas de Rumasa. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, expuso ayer en el Congreso un conjunto de datos, hasta ahora no conocidos, que reflejan gravísimas irregularidades y presuntos delitos en la gestión del holding que, hasta la expropiación por el Estado, dirigía José María Ruiz-Mateos.

Según Boyer, diecisiete de los dieciocho bancos del grupo actuaban con pérdidas; las empresas no ingresaban en Hacienda el 95% de los impuestos no retenidos y repercutidos en precios que, en ...

El Gobierno pondrá en conocimiento de los jueces los últimos datos sobre la gestión del grupo de empresas de Rumasa. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, expuso ayer en el Congreso un conjunto de datos, hasta ahora no conocidos, que reflejan gravísimas irregularidades y presuntos delitos en la gestión del holding que, hasta la expropiación por el Estado, dirigía José María Ruiz-Mateos.

Según Boyer, diecisiete de los dieciocho bancos del grupo actuaban con pérdidas; las empresas no ingresaban en Hacienda el 95% de los impuestos no retenidos y repercutidos en precios que, en buena parte, eran contabilizados como beneficios; y se había creado una Rumasa B o paralela con captación de fondos al margen de la actividad de los propios bancos.El ministro de Economía y Hacienda evaluó las cuotas tributarías no ingresadas por las empresas del grupo Rumasa en cerca de 30.000 millones de pesetas anuales durante los ejercicios de 1981 y 1982. Las empresas no financieras pasaban las retenciones no ingresadas a reservas como si se tratara de beneficios. Asimismo, según Boyer, hasta septiembre de 1982, sólo se ingresaba una parte de las retenciones a los trabajadores en concepto de pagos a la Seguridad Social. A partir de esa fecha, en vísperas de las elecciones legislativas, se comenzaron a pagar íntegras las cuotas de los trabajadores, pero no las empresariales.

Entre las irregularidades denunciadas se refirió también a la existencia de una caja B de la que, al parecer, se han utilizado unos 3.000 millones de pesetas para pagos financieros y no financieros y pagos de extratipos y de personal no contabilizados.

Los nuevos administradores del holding han descubierto la existencia de 88 sociedades que no habían sido reconocidas como de Rumasa y que canalizaban créditos a terceras empresas. Se ha conocido la existencia de 12.895 millones de pesetas de deudas sin contabilizar, así como la de otros 42.000 millones en efectos librados por bancos y empresas del grupo, 33.000 de los cuáles no han sido registrados en los balances.

En el subsiguiente debate, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero, centró su durísima crítica a la medida gubernamental en la presunta inconstitucionahdad de la misma. "No venimos a hablar de Rumasa", dijo, "sino del imperio de la ley". Según Herrero, al Gobierno "le han colado un gol" en el aspecto jurídico. También dijo que ha incumplido la ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal al no denunciarse hechos delictivos que conocía. A continuación intervinieron Rodríguez Sahagún, por el CDS, que puso en tela de juicio la constitucionalidad del decreto-ley de expropiación; el comunista Fernando Pérez Royo, que apoyó al Gobierno, y, por último, Juan María Ollora, del PNV, que anunció el voto favorable de su grupo a la convalidación. El debate seguirá hoy.

Fuentes bancarias, citadas por Efe, evaluaron en 40.000 millones de pesetas el total de los depósitos retirados el lunes de los dieciocho bancos del grupo.

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