Dos ex militantes de Fuerza Joven serán juzgados hoy por el atentado perpetrado en 1978 contra EL PAIS

Los ex militantes de Fuerza Joven Ramiro Rodríguez-Borlado y Rafael Gómez Alvarez comparecerán hoy ante la Sección Primera de lo penal de la Audiencia Nacional para ser juzgados de un delito de terrorismo perpetrado contra EL PAIS, que provocó la muerte del conserje Andrés Fraguas y causó heridas graves a otros dos empleados. El ministerio fiscal ha solicitado, con carácter provisional, que se imponga a cada uno de los procesados la pena de treinta años de prisión.

La historia de este procedimiento judicial se remonta a la mañana del 30 de octubre de 1978, cuando estalló un paquete bomba dirigido a uno de los redactores jefes del periódico. La onda expansiva alcanzó de lleno al conserje Andrés Fraguas, que fallecería dos días más tarde en la ciudad sanitaria Francisco Franco. Resultaron también heridos de gravedad Juan Antonio Sampedro, jefe de los servicios generales, y el también conserje Carlos Barranco.La causa judicial instruida por el atentado perpetrado contra EL PAIS permaneció archivada durante cerca de tres años en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, al no haberse podido localizar a los autores del hecho delictivo. Inesperadamente, en julio de 1981, la policía detuvo a los presuntos autores del acto terrorista, y, consecuentemente, se ordenó la reapertura del sumario.

A raíz de estas detenciones, el magistrado juez ordenó el procesamiento y el ingreso en prisión de Ramiro Rodríguez-Borlado y de Rafael Gómez Alvarez, así como el de Pedro Bel Fernández, por considerarles autores materiales y directos del hecho. Este último no pudo ser localizado por la policía, por lo que se decretó una orden de búsqueda y captura.

El sumario por el atentado contra EL PAIS inicia de esta manera una última singladura, que ha desembocado en la calificación provisional del ministerio fiscal en la que se valoran los hechos como constitutivos de un delito de terrorismo con los resultados de muerte, lesiones graves y daños. El fiscal solicita con carácter provisional que se impongan treinta años de prisión a cada uno de los acusados y señala también que deben de hacer frente a una indemnización total de diecinueve millones de pesetas en favor de las víctimas.

Los abogados querellantes, en representación de la empresa editora de EL PAIS, consideran, sin embargo, que los hechos cometidos por estos militantes del Frente de la Juventud son constitutivos de cuatro delitos de terrorismo, con las agravantes de alevosía y premeditación. Los abogados querellantes reclaman una pena total de 110 años de prisión y una indemnización de cuarenta millones de pesetas para las víctimas.

Por su parte, los abogados defensores, en su escrito de conclusiones provisionales, niegan la autoría y reivindican la libertad para sus patrocinados, una libertad que difícilmente les será concedida, aunque se dictara una sentencia absolutoria, ya que los dos acusados tienen pendientes de juicio una docena de causas por otros tantos delitos terroristas. El juicio por el atentado de EL PAIS es la primera de estas causas.