El decreto de la 'loapilla', será derogado
El Real Decreto de 9 de julio de 1982, sobre actividades y representaciones deportivas internacionales, conocido como la loapilla, ha sido enviado al Consejo de Estado para que, tras su informe, pueda ser derogado en Consejo de Ministros. Este va a ser el primer cambio reglamentario sustancial de la nueva administración. El Consejo Superior de Deportes ha comenzado a tomar una serie de medidas encaminadas a clarificar gastos y gestiones económicas de las federaciones nacionales.El citado Real Decreto, uno de los ocho aprobados durante el mandato de Jesús Hermida, como desarrollo de la Ley de la Cultura Física y el Deporte, ha sido considerado inapropiado y a pesar de que se ha intentado salvar, en alguna de sus partes, y por tanto someterlo a una amplia modificación, finalmente, se ha considerado más eficaz derogarlo para hacer uno nuevo.
Los cuatro capítulos de este Decreto hacen referencia a la "participación española en las confrontaciones deportivas", "la representación española en federaciones y otros organismos deportivos internacionales", "a la organización de asambleas o reuniones intemacionales de carácter deportivo en el territorio español" y a la "financiación de las actividades y representaciones reguladas por este Real Decreto".
El Consejo Superior de Deportes ha retrasado la entrega del presupuesto del mes de enero a una federación nacional, por considerar poco convincentes las cuentas del pasado trimestre. En este momento seis federaciones están sometidas a un profundo análisis. Han recibido el dinero correspondiente al mes de enero, pero podría suceder que no se les facilitara el de febrero.
En el Consejo hay una notable precocupación por las cuestiones económicas y en este momento hay detenidos cincuenta expedientes de compromiso de gasto. El CSD, ha redactado unas normas para la presentación de gastos a la junta económica. En definitiva se quiere establecer unos criterios de prioridades de acuerdo con las necesidades del Estado. También y con destino a los Censores Jurados de Cuentas, a fin de facilitarles su labor, se han redactado unas normas aclaratorias.
Respecto a la auditorías pendientes de resolución judicial se está a la espera de una agilización de trámites para llegar a la sentencia definitiva. Romá Cuyás ha solicitado una auditoria del pasado año para el Comité Olímpico Español que ahora preside. El Secretario de Estado no desea que el COE sea la imagen de la caja negra del Consejo. El resultado de esta auditoría será público.
Romá Cuyás dimitirá el próximo viernes como comisionado del Ayuntamiento de Barcelona, para la organización de los Juegos Olímpicos de 1992. Enric Truñó, concejal del área de deportes, su sucesor, puso su cargo a disposición del alcalde de la ciudad, como consecuencia del malestar olímpico creado por sus declaraciones en una conferencia de Prensa, en la que afirmó que los miembros del Comité Olímpico Internacional habían sido manipulados para la elección de Seúl como sede olímpica. También afirmó que Juan Antonio Samaranch tomaría partido por la candidatura barcelonesa. El alcalde le ha renovado su confianza.
