Una cierta utopía

Entre los años 1976-1981 han desaparecido en España 47.700 empresarios individuales con asalariados a su cargo, y casi 200.000 trabajadores independientes. El dato no puede ser más escalofriante. ¿Cómo cambiarlo por otro más optimista? He aquí el problema.El PSOE ha ganado las elecciones obteniendo una más que holgada mayoría absoluta en las cámaras legislativas, lo que en buena lógica debería permitirle llevar a la práctica el contenido de su programa electoral. Es decir, Felipe González le propone en cuatro años crear 800.000 puestos de trabajo, reducir la inflación, construir nuevos servicios sociales y mejorar los existentes elevando prestaciones y pensiones, incrementar la competitividad de nuestra economía y generar en el país una nueva esperanza. Si ello ocurriera constituiría, en todo caso, un hito notable.

Difícil, sin duda, será elevar la cifra de la población ocupada actualmente, lo que obligaría a crecer el PIB por encima del 4,5 anualmente. Los pronósticos de la OCDE acerca de nuestra economía, y en general de las economías occidentales, son evidentemente más pesimistas.

Estamos instalados en la crisis y para salir de ella es preciso como cuestión previa rechazar contradicciones. Crecer y al mismo tiempo restar dos puntos anuales a la inflación actual (el doble que la de la OCDE) para acortar nuestra diferencial con Europa no es fácil.

El ANE ha demostrado que es posible moderar los salarios sin que ello reduzca la inflación, ya que terminaremos el año con medio punto más de IPC que en 1981. Si reducimos los salarios y no el gasto público, ni el déficit, y vivimos como país por encima de nuestras posibilidades, el resultado final es decepcionante. No hemos de olvidar que los asalariados del sector público han crecido durante 1982 un 8,3% frente a sólo un 0,3% correspondiente a 1981, mientras que los del sector privado lo hacían en un 0,3% frente al decreciente -3% de 1981.

El peso fiscal

El Gobierno de UCD trató de cumplir el compromiso del ANE, de mantener la población ocupada en base a incrementar el gasto público; de ahí el billón de pesetas de déficit del Tesoro con el Banco de España.

El PSOE pretende más: no mantener, sino aumentar la población ocupada en 800.000 empleos y además reducir la inflación.

Inevitablemente, el programa socialista implicará más gasto público, lo que necesariamente no supone más déficit. Pero sólo es posible evitarlo con más presión fiscal. Frecuentemente se compara el nivel de los impuestos que pagamos con los que abonan nuestros congéneres europeos y se sostiene la teoría de que todavía no hemos alcanzado el techo necesario. Tal módulo comparativo es incorrecto, ya que los impuestos han de ser analizados dentro de un contexto en el que hay que tener en cuenta la capacidad adquisitiva de las rentas obtenidas, la renta per cápita y, fundamentalmente, el ritmo de crecimiento de tales impuestos año a año. La presión fiscal entre 1976 y 1980 se ha elevado en nuestro país en un 18%, mientras que en los países de la OCDE sólo lo ha hecho en un 5,3%. Probablemente, a mayor exigencia fiscal, menor capacidad de inversión privada, lo que no redundará en beneficio del empleo.

Mucho nos tememos que el PSOE acabe lógicamente viviendo preso de su programa electoral, aunque existen signos políticos que permiten abrigar la intuición de que, en todo caso, el PSOE desearía gradualizar en el tiempo la puesta en ejecución de los aspectos más contradictorios de su programa político. De las conversaciones mantenidas con Felipe González por la CEOE se dedujo un deseo de comprensión por ambas partes. Los dos interlocutores analizaron sin anteojeras la preocupante situación nacional, partiendo de dos visiones distintas acerca de las soluciones o salidas que frente a la crisis es factible adoptar. Para la CEOE, sólo se restablecerá la confianza de la inversión privada reduciendo la inflación, primando el ahorro, acotando el gasto público y ,acabando con el déficit. Para el PSOE, crear empleo es primordial, la inversión pública debe constituirse en motor de este objetivo principal del Gobierno socialista, y evidentemente, sería deseable reducir el déficit y no restar competitividad a nuestras empresas, si deseamos exportar y, con ello, sobrevivir.

Para muchos empresarios, el programa socialista es parcialmente utópico. Si se incrementan los costes de las empresas, éstas seguirán arrojando desempleo a modo de lastre para mantenerse trabajosamente vivas. Sin embargo, en el programa socialista se conti.enen medidas concretas, tales como recucir la jornada, elevar los días de vacaciones, las prestaciones de la Seguridad Social, etcétera, lo que implica más costos globales.

Condenados a entenderse

Los sindicatos mayoritarios y la CEOE están condenados, una vez más, a negociar y, supuestamente, a entenderse. Pero no va a ser fácil. Difícilmente la CEOE podría llegar a acuerdo alguno asumiendo un mayor costesalarial que en 1982, si los sindicatos obtienen del Gobierno en las cámaras legislativas lo que presumiblemente no podrían conseguir en la mesa de negociación. El acuerdo básico interconfederal suscrito el 10 de julio de 1979 por UGT y CEOE, y que afectó a las subsiguientes deliberaciones en el Parlamento del Estatuto de los Trabajadores, fue posible porque el Gobierno de UCD comprometió su interés en asumir lo que las partes sociales acordaran. Recientemente se detectó en ambientes sindicales una cierta preocupación por el demasiado amplio contenido abierto al posible entendimiento entre los empresarios y el Gobierno socialista. UGT no desearía por ningún concepto comprometer el desarrollo del programa de su partido hermano.

Al mismo tiempo, a la CEOE le sería muy dificil suscribir ningún acuerdo que supusiera un cheque en blanco al Gobierno, favoreciera una gran operación de imagen, necesaria a modo de foto fija tranquilizadora en la gravísima situación del país, pero que ulteriormente acabaría no sirviendo de nada, agravando todavía más la crítica situación que afecta a innumerables empresas y, como consecuencia, al empleo.

Acordar o pactar en 1983 supone un gravísimo compromiso para los interlocutores de dicho pacto. La concertación sólo es posible con luz y taquígrafos y previo debate general en las respectivas organizaciones, de modo y manera que se conozcan anticipadamente las limitaciones de dichos pactos, los objetivos a alcanzar, y queden perfectamente depuradas hacia el futuro las responsabilidades de cada uno acerca de las consecuencias de las decisiones políticas que ineludiblemente afectarán a la vida diaria y a la convivencia de los españoles. Hemos de rechazar la fácil visión milagrera, a la que tan propicios somos los españoles, acerca de las soluciones que requieren los problemas que nos aquejan.

Negar la realidad no sirve para nada. El partido que ha ganado las elecciones cree poseer la llave del futuro. Para abrir la puerta que conduce a un mañana mejor, el partido socialista llama a la colaboración de todos. Negársela es imposible por un simple deber de patriotismo; pero ello no obsta para que, desde las propias convicciones, sepan todos y cada uno de los factores que constituyen el substrato del sistema democrático, el nivel, la cantidad y calidad de los compromisos que están en condiciones de suscribir.