El Banco de España quiere dar a Catalana igual trato que a las demás entidades en crisis

La nota del Banco de España explicando la decisión tomada de nombrar nuevos administradores para Banca Catalana y la contestación dada por Eusebi Díaz-Morera y Jordi Mercader, anteriores responsables de la entidad con poderes ejecutivos (véase EL PAIS de ayer), muestra el carácter político que en todo momento ha tenido el asunto Catalana y los distintos enfoques que las diferentes partes han intentado hacer prevalecer.

Los antiguos responsables de Banca Catalana intentaron mantener la catalanidad de la entidad y que los pequeños accionistas no sufrieran el impacto de las pérdidas con la misma intensidad que los propietarios de grandes paquetes de acciones. El Banco de España, por su lado, aceptó el hecho catalán en un primer momento, admitiendo como nuevos consejeros a relevantes personalidades de la vida pública y empresarial de Cataluña para, posteriormente, proponer una salida de la crisis similar a la seguida con los demás bancos en crisis.Eusebi Díaz-Morera hizo público lo que el consejo de administración por él presidido consideraba como plan de saneamiento, y que culminaría con la configuración de Banca Catalana como banco comercial que absorbería la mayor parte de las oficinas existentes del Banco Industrial de Cataluña (BIC) y del Banco de Barcelona; el BIC se quedaría con dos oficinas para gestionar las participaciones inmobiliarias e industriales del grupo y los bancos de Gerona, Crédito e Inversiones y Alicante -por el que muestra interés el Bank of America- se despegarían del grupo.

Para llegar a esta situación de saneamiento se pedían ayudas por valor de 135.000 millones de pesetas a proporcionar por el Banco de España a ocho años y sin intereses, y se proponía la eliminación de pérdidas latentes en el grupo mediante la utilización de las reservas de las entidades y la reducción del capital a un tercio de su valor. Como apoyatura a esta operación, no definida en el tiempo que media entre la reducción del capital y las ayudas a recibir por el Banco de España y el momento en el que el grupo estaría saneado, los responsables de Banca Catalana mantuvieron entrevistas con el Gobierno y con Felipe González, con el fin de recabar su apoyo al considerar a Banca Catalana como cuestión de Estado.

Petición de la Junta andaluza

La contrapropuesta del Banco de España era la reducción del capital al simbólico valor de una peseta por acción y la posterior aprobación de una ampliación de capital de 15.000 millones de pesetas que podría ser suscrita por quien lo deseara, pero que en cualquier caso sería asegurada por el Fondo de Garantía de Depósitos. El rechazo de las primeras propuestas y la conminación para que se convocara la junta de accionistas provocó la dimisión de los consejeros y el nombramiento de otros nuevos en la persona de tres altos funcionarios del Fondo.Los cuatro meses que ha durado la crisis de Banca Catalana hasta que se ha decidido que el camino a seguir es similar en general al de los demás casos, parecen haber servido solamente para complicar más las cosas y para que, como informa José Aguilar desde Sevilla, la Junta de Andalucía exija de las autoridades monetarias el mismo grado de seguridad en la supervivencia para la Caja Rural de Jaén que el existente para el grupo de Banca Catalana, y ser consultada para todas las decisiones que se adopten sobre la caja rural.