Los socialistas y el INI / y 2
En las líneas que siguen quisiera reflejar algunas de mis ideas al respecto que, aunque de acuerdo con las resoluciones de los congresos del PSOE y con las declaraciones oficiales del partido, no representan sino la opinión de un militante hace tiempo interesado en el tema.Quisiera afirmar, en primer lugar, que me parece falsa e interesada la frecuente afirmación de que la empresa pública tiende a actuar inadecuadamente en el mundo económico de una forma que le es connatural. Yo creo que con un mal Gobierno es mejor que haya pocas empresas controladas por el Estado, pero de ello no se deduce que un Gobierno mejor, progresista y apoyado en la mayoría del país, no pueda gestionar parcelas del mundo empresarial. No es cierta la especie propagandística de que las empresas pertenecientes al Estado actúan, por principio, con menos eficacia que las privadas.
También es importante decir que, en la coyuntura histórica en que nos encontramos, no parece razonable pensar, a varios años vista, en la nacionalización de algún sector de la producción. Bastante tendremos con la tarea de ordenar y sanear lo que ya se encuentra en manos del Estado y bastante pequeña es la capacidad del aparato administrativo para afrontar con éxito medidas nacionalizadoras nuevas de carácter amplio. El partido se deberá presentar a los electores anunciando que, en la próxima legislatura (1983-1987), no tiene intención de nacionalizar nada nuevo, con la excepción de la producción de energía eléctrica, que se encuentra en España en una situación atípica.
Potenciar la empresa pública
Es preciso, en cambio, realizar en la práctica lo que todos predican ya, potenciando el desarrollo de la empresa pública en aquellas actividades de punta, ya mencionadas el otro día en la primera parte de este artículo, y que no se crecen en el grado que el país necesitaría. Se trata simplemente de hacer en vez de sólo decir, y aprovechar las posibilidades del INI, por ejemplo, en la comisión recientemente creada por el Gobierno para el desarrollo de la industria electrónica, hoy dominada por intereses bancarios privados.
Plan de acción y saneamiento del INI
En esta perspectiva, un Gobierno socialista debería realizar en el plazo de un año un plan de acción y saneamiento para el INI que contemplase las medidas extraordinarias de todo tipo que tendría que adoptar en relación con el Instituto.
En este plan se empezaría por precisar, desarrollándolas en todo lo que hiciera falta, las medidas financieras ya adoptadas en 1981. Hay que montar también los mecanismos necesarios para que, en el futuro, se compensen las pérdidas habidas por otro camino que el del endeudamiento a un coste elevado. Hay que dotar a cada empresa de los recursos propios que necesita para poder desarrollarse en un medio cada vez más competitivo. El esfuerzo será menor que el coste de la pasividad tradicional, soportando cargas financieras desmesuradas y apagando fuegos de cuando en cuando.
De igual modo, hay que aplicar criterios avanzados en la técnica de la gestión de empresas en el holding que requieren su distribución en unos pocos grupos, quizá los tres siguientes: empresas en crisis estructural más o menos permanente (siderurgia, carbón, bienes de equipo, automoción, astilleros), empresas en situación de crucero y empresas en sectores de expansión futura. Al frente de cada uno de ellos podría haber un director general, del que dependieran los catorce jefes de división actuales. Estos tres directores, con el financiero, el de planificación, el secretario general y el vicepresidente, formarían el equipo directivo del INI que estuviese al lado de su presidente.
El plan debería estudiar la conveniencia de reintegrar en el Instituto los activos del INI, creado el año pasado, coordinándolos dentro de una dirección energética en la que se agrupasen también los activos del INI en la producción de energía eléctrica, uranio y carbón.
Habrá llegado la hora, en todo caso, de abordar con toda firmeza, aunque sea con prudencia, la clarificación del futuro de cada empresa, programando, con tiempo suficiente para poder reencajar a sus trabajadores, el cierre de aquellas cuyo futuro económico no tenga perspectivas, así como el saneamiento a plazo de las que lo necesiten.
Hay un tema importante en el que avanzar: la disponibilidad del personal técnico más cualificado posible, incorporando al servicio de la empresa pública a los mejores profesionales del país. Esto requiere, además de una remuneración que compita con la que ofrece la empresa privada, que el trabajo en el marco del INI satisfaga las aspiraciones profesionales de cada uno.
Es preciso, finalmente, potenciar la labor del Instituto en la tarea del desarrollo industrial de las regiones más deprimidas, iniciada en la última década con la creación de las SODI. Esta labor ha sido positiva, aunque muy modesta, y debe potenciarse con mayores recursos humanos y financieros. Actualmente, en efecto, la capacidad de acción de las sociedades de desarrollo industrial regional es muy pequeña por la limitación de ambos tipos de recursos.
El estatuto de la empresa pública
Quisiera, para terminar, aludir al polémico tema del estatuto de la empresa pública, como instrumento legal que enmarque su actuación, y al control que de esta actuación hay que hacer. Va a hacer ya cinco años que el Gobierno prometió la realización de este estatuto, cuya misma existencia tiene defensores y detractores. Hay quienes temen el descontrol y el activismo caótico y quienes tienen miedo de la existencia de otro corsé paralizador.
Hace falta, en efecto, un mínimo código de reglas de conducta, planteando como principio la igualdad de acción entre la empresa pública y la privada. En este sentido, pueden citarse, al menos, dos temas en los que hay que suplir el vacío actual:
Conviene estabilizar la gestión del INI de un modo semejante a lo hecho con el Banco de España, planteando una mínima permanencia en el cargo de sus máximos dirigentes. Podría estudiarse, al respecto, la existencia de un presidente político que responda de la aplicación de la política del Gobierno de cada día y de un director ejecutivo permanente que garantice la continuidad de la gestión empresárial del holding.
- Es necesario, por otra parte, precisar el control que debi realizarse acerca de la actuación del INI y de sus empresas a nivel del Gobierno y del Parlamento. La intervención del Tribunal de Cuentas y del Parlamento tendrá que contar con los medios técnicos suficientes de modo que sea efectiva. El control, sin embargo, deberá siempre ser a posteilori, de modo que no se dificulte la libertad de acción empresarial en el mercado.
