Varios altos mandos del Ejército trataron de convencer a Milans para que retirase sus tropas de Valencia

Con la lectura de la declaración del capitán general de Cataluña durante el 23-F, teniente general Pascual Galmes, solicitada por Angel López Montero, defensor de Tejero, se inició la sesión de la tarde de la vista. En su testimonio Pascual Galmes, afirma que el día 23 de febrero le llamó Jordi Pujol para saber si ocurría algo en Madrid. A través de la radio y la televisión se enteró del asalto al Congreso, llamó a Gabeiras, ordenó el acuartelamiento de las tropas y efectuó llamadas telefónicas al presidente de la Generalidad y al delegado del gobierno en Cataluña, Josep Meliá, a quien pidió que llamara al gobernador militar de Valencia, general Caruana, amigo suyo, y le convenciera para que retirara las tropas a los cuarteles. Pascual Galmes afirma que le consta que el "recado" llegó a su destino.

Refiere luego el general Pascual Galmes, que habló también con el capitán general de la 1 Región Militar, teniente general Quintana Lacacci, que le pidió que hiciera algo para convencer a Milans de que retirara las tropas de las calles de Valencia, por lo que telefoneó al teniente general Latorre, de la misma promoción que el capitán general de la III Región Militar, por si él pudiera conseguir algo. Latorre le replicó que si Milans no hacía casó a las órdenes de Madrid, menos caso le haría a él.Tras mantener conversaciones telefónicas con el capitán general de la V Región Militar, teniente general Elícegui y con los generales Armada y Gabeiras, hacia las tres de la madrugada del día 24, telefoneó a Milans y éste le preguntó si estaba de acuerdo con la "solución Armada". Al preguntarle Pascual Galmes de qué operación se trataba, Milans le precisó que se trataba de colocar a Armada de presidente del Gobierno y que el Rey lo ordenaba. Tal y como se recoge en la declaración de Pascual Galmes, éste le respondió: "Eso no puedo creérmelo y mucho menos proviniendo de ti, que te has empeñado en no obedecer cuanto se te ha ordenado", y en ese momento Milans le colgó el teléfono.

Se leyó luego a petición del abogado de Tejero, la declaración del gobernador militar de Valencia, general Caruana, quien afirma que el día 23 de febrero le ordenaron poner en marcha la operación Turia porque se tenían noticias de que podía producirse, algún atentado terrorista o acción grave. Cuando a las cinco de la tarde de ese día fue a ver a Milans, éste, según consta en la declaración del testigo, le dijo que iba a producirse un acontecimiento grave en Madrid y que cuando éste se produjera le iba a llamar Armada.

Recuerda Caruana en su testimonio que en Capitanía, el coronel Ibáñez Inglés, Jefe de Estado Mayor, leyó a los reunidos el bando que estaba preparado y que iba a entrar en funcionamiento, y dice que a todos les pareció bien. Afirma también Caruana que fue el propio Ibáñez Inglés quien le dio la noticia de que iba a ser ocupado el Congreso. Por orden de Milans, declara Caruana, se trasladó al gobierno civil de Valencia y su titular le pidió permiso para reunir a la Junta Provincial de Defensa, petición que, precisa, no impidió en ningún momento.

Orden de detener a Milans

Caruana indica luego en su relato que habló por teléfono con Gabeiras y éste le preguntó si sabía que su capitán general se había sublevado, a lo que le respondió que creía que no era así, ya que tenía idea de que Milans estaba en contacto con la Zarzuela. Gabeiras, declara Caruana, le insistió en que Milans se había sublevado y le ordenó que le arrestara.

Agrega Caruana en su declaración que acudió a Capitanía y comunicó a Milans que tenía orden de arrestarle y el capitán general, mirando la pistola que tenía sobre la mesa, le dijo: "Atrévete". Caruana relata que le replicó: "Puedes pegarme un tiro, pero creo que debes retirar las tropas". En ese momento, declara el entonces gobernador militar de Valencia, llamaron por teléfono a Milans, a quien escuchó decir: "Señor, mi lealtad hasta el fin", por lo que dedujo que hablaba con el Rey. Caruana afirma que el Rey ordenó a Milans que retirara las tropas de las calles de Valencia y que el capitán general cumplió la orden, por lo que telefoneó a Gabeiras para contárselo y para decirle que, en su opinión, la orden de arresto quedaba anulada.

En otra parte de su declaración, manifiesta Caruana que en la reunión que tuvo en Capitanía a las cinco y media de la tarde del 23 de febrero, donde se le anunció que iba a ser asaltado el Congreso, Milans dijo que tenía que hablar con Armada y con la Zarzuela, por lo que él pensó que el general procesado y el Rey conocían la operación. En base a esta impresión, afirma el declarante, cuando el secretario provincial de CC OO acudió al Gobierno civil para preguntar qué estaba ocurriendo, el mismo le dijo que Milans obraba con conocimiento del Rey. Insiste Caruana en que, mientras estuvo en el Gobierno civil, su titular no estuvo detenido en ningún momento y actuó siempre con libertad.

Una declaración de estado de guerra

Preguntado por las razones que tuvo para no detener a Milans, Caruana afirmó que tras la conversación del Rey con Milans, y la retirada, por orden de este de las tropas de las calles de Valencia, entendió que había quedado en suspenso la orden. También se le pregunta por qué no llamó directamente al Rey cuando tuvo noticia de que iba a ser asaltado el Congreso, a lo que Caruana respondió que no tenía motivos para ello, ya que no podía saltarse la línea de mando.

El relator dio lectura luego a la declaración efectuada por el gobernador militar de Cartagena, general Carlos Fortea Esquero, quien afirma en la misma que en la tarde del 23-F recibió de Capitanía general un sobre de instrucciones que le parecieron una declaración de estado de guerra, por lo que decidió llamar a Milans, que le confirmó las instrucciones. Tras ordenar el acuartelamiento de las tropas, telefoneó al almirante jefe de la zona marítima del Mediterráneo y luego, a las nueve de la noche, volvió a llamar al Jefe del Estado Mayor de la capitanía, quien le confirmó las instrucciones y el bando. Media hora después, y tras esta última conversación telefónica, ordenó la publicación del comunicado.

Declara el general Fortea que, una vez publicado el bando recibió una llamada de Gabeiras que expresamente le ordenó que lo retirara. Afirma el declarante que cumplió inmediatamente la orden y pudo evitar que el bando se emitiera en Radio Cartagena. Luego llamó a Milans y le comentó su conversación con Gabeiras, y aquél le dijo que hiciera lo que quisiera.

A continuación, el relator leyó la declaración del gobernador militar de Castellón, general Vicente Ibáñez Navarro, según el cual para el 23 de febrero ya había ejercicios de instrucción previstos con anterioridad. Añadió que pocos minutos después de ver a las tropas, recibió confirmación de que lo ordenado tenía la aprobación del Rey.

El general Ibáñez Navarro habló por teléfono con Gabeiras a medianoche del 23 de febrero, quien le dijo que el capitán general de Valencia se había sublevado y le preguntó si estaba con Milans o con el Rey, a lo que contestó el general Ibáñez que siempre había estado con el Rey y que en ese momento, por supuesto, también. Entonces recibió la orden de Gabelras para trasladarse a Valencia y arrestar a Milans, lo que se dispuso a cumplir. Después de hablar con el gobernador civil de Castellón, el general Ibáñez se trasladó a Valencia, personándose primero en el Gobierno militar para ver al general Caruana, quien le dijo que ya había cumplido las órdenes de Gabeiras, por lo que regresó a Castellón.

Después se leyó, a petición del defensor de Tejero, la declaración del coronel Felipe de Acuña lópez, gobernador militar acciderital de Alicante el 23 de febrero, quien declaró que el día de los hechos ordenó la puesta en marcha de la alerta roja y el acuartelamiento de las tropas.

El mismo abogado defensor solicitó también la lectura de la declaración del coronel José del Pozo Pérez, que mandaba un regimiento en Castellón el 23 de febrero de 1981 y que dijo que ese día estuvo en la Capitanía General de Valencia y que el teniente general Milans del Bosh le comunicó que esa tarde iba a tener lugar un suceso grave en Madrid, con el apoyo del Rey. Según el coronel Del Pozo, Milans agregó que iban a transmitirse una serie de órdenes a todas las unidades de la región militar para asegurar el orden público. El coronel declaró que Milans le pidió que no comentara esto al gobernador militar de Castellón.

Instrucciones de Capitanía

Tras el asalto al Congreso, el citado coronel, que se encontraba ya en su unidad, recibió las órdenes de Capitanía y relató a sus oficiales lo que le había dicho Waris y se fue al Gobierno militar, donde oyó el mensaje del Rey. El coronel Del Pozo ocupó el puesto del gobernador militar desde que este fue a arrestar a Milans por orden de Gabeiras hasta las cinco de la madrugada, en que regresó.

A continuación se leyó la declaración del teniente coronel Somalo Aznar, del Estado Mayor de la Capitanía General de la III Región Militar, que manifestó que Milans reunió a su Estado Mayor el 23-F y les dijo que quería exponerles que los Reyes estaban muy disgustados con la situación política y que esa tarde iba a suceder un hecho incruento en Madrid apoyado por la Corona y que era preciso reconducir la situación que el acontecimiento originara. Según el coronel Somalo, Milans dijo que todo lo anterior lo había explicado el general Armada, quien se encontraría en la Zarzuela y luego sería nombrado presidente del Gobierno, y que el propio Mílans pasaría a ser presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Durante esa reunión, según el coronel Somalo, Milans ardenó al coronel Ibáñez que leyera el manifiesto redactado para mantener el orden en la región militar. Sorrialo, finalmente, dijo que él mismo fue el encargado de preparar los sobres con las órdenes que se cursaron a las diferentes unidades, y que a las 19.45 del 23-F, por orden de Milans, transmitió a los jefes la palabra "Miguelete", al recibir la cual debía iniciarse el cumplirniento de misiones.

Los tenientes coroneles Horacio Santos Fernández y Joaquín Pacheco Miguel, ambos del Estado Mayor de la III Región Militar, cuyas declaraciones fueron leídas a continuación, coincidieron en que en la reunión de Milans con el citado Estado Mayor, el capitán general les dijo que iba a suceder por la tarde algo de lo que tenía conocimiento el Rey.

Pacheco precisó que Milans dijo que esto se lo había dicho Armada, de cuya fidelidad a la Corona no podía dudarse. También señaló Pacheco que el coronel Ibáñez, segundo jefe del Estado Mayor de Milans, leyó en la reunión el manifiesto que luego sería difundido, y que el capitán general dijo que su fin era mantener el orden ante el vacío de poder que iba a producirse en España a raíz del suceso de la tarde.

Milans aseguró, según Pacheco, que el bando no suponía la declaración del estado de excepción, porque se pretendía no vulnerar la Constitución, y que Armada estaría en la Zarzuela. También ordenó al declarante que se hiciera cargo del CESID y velara por la difusión del manifiesto. A las 18.55 horas del 23 de febrero Pacheco, por orden de Milans, mandó a sus comandantes que llevaran el bando a las emisoras de radio, para que lo trasmitieran. Asimismo, Milans le ordenó, ya de madrugada, que redactara el escrito por el que quedaba anulado el bando.

El letrado Ramón Hermosilla pidió después que se leyera la declaración del general Joaquín Yusty Vázquez, de la División Brunete, quien señaló que en la comida vió al general Torres Rojas, a cuya mesa se sentó después de comer. Después asistió a la reunión de los mandos en la que Pardo Zancada explicó que se iba a producir un suceso grave, ante el que habría que tomar medidas, en las que era importante la colaboración de la Brunete.

Pardo Zancada y Torres Rojas insistieron en el carácter constitucional de la operación, y dijeron que los Reyes estaban de acuerdo, según Pacheco. Al llegar a este punto, López Montero desistió de que se continuase leyendo esta declaración, y pidió que se leyera la del coronel Fernández Teijeiro, del Regimiento de Aranjuez, quien indicó que el coronel De Meer le dijo que había que colaborar con lo que le habían pedido desde Valencia.

Después se leyó la declaración del comandante Juan Valverde, destinado en la Brigada de Infantería Mecanizada número 11 de la Brunete, quien señaló que a las 17.05 horas recibió la orden de alertar a la brigada para un ejercicío nocturno, cuyas órdenes habría que realizar al oír la palabra "lunes". Esta clave le fue trasmitida después por el capitán Tamarit, y más tarde llamó el capitán general en persona y le preguntó sobre el estado de la unidad. El capitán Valverde contestó que estaba preparada y el capitán general le dijo que la mantuviera acuartelada. Después llamó el general Juste y confirmó la orden anterior.

'Protección' de Televisión

El capitán Germán Corisco Domínguez, del Regimiento Villaviciosa 14 -también de la Brunete-, cuya declaración fue leída después, manifestó que a las cinco de la tarde recibió la orden de permanecer en el regimiento, pues se iba a realizar una operación Erizo. Según le comunicaron más tarde, tal operación consistía en rodear las instalaciones de Televisión. Allí situó el puesto de mando, en una parada de autobús enfrente de las instalaciones. Sobre las 20.30 horas recibió la orden de regresar al acuartelamiento, lo que cumplió.

Más tarde se leyó la declaración del capitán Jesús Martínez de Merlo, también del Regimiento Villaviciosa 14, quien dijo que a las cinco recibió la orden de no salir, y más tarde otra orden del jefe de la plana mayor, para realizar en principio una operación Erizo. Más tarde, ante los acontecimientos del Congreso, se le dijo que había que proteger las instalaciones de Televisión, con la instrucción de mantener la programación normal, salvo en lo referente a programas informativos.

Allí se dirigió, y permaneció en el despacho del director general del ente hasta que el coronel Valencia dió orden de regresar al acuartelamiento. Puntualizó que no apuntó con su arma a Fernando Castedo en ningún momento, ni interrumpió ningún programa dramático, en contra de lo afirmado por algún medio de comunicación, y señaló que la tropa bajo su mando se comportó con correción, orden y disciplina absoluta, al igual que los trabajadores de Televisión.

De nuevo a petición del defensor de Tejero se leyó la declaración del capitán Juan Gómez Heredia, también destinado en el Villaviciosa 14 el 23-F. Este manifestó que recibió órdenes como los dos anteriores, incluída la salida hacia Prado del Rey por orden del coronel Valencia. Se les dió la orden de regresar a los 55 minutos.

Balance del terrorismo

En este momento de la vista el letrado López Montero pidió la lectura de una información del diario El Alcázar sobre el balance de actividades terroristas, ante lo que el relator indicó que la lectura de ese documento ya fue solicitada el día anterior, y el presidente del Tribunal dijo que ese texto había sido aceptado como prueba en el plenario, pero no para el acto de la vista. Varios defensores insistieron en que se leyera, a lo que se volvió a negar el presidente. Los letrados López Montero, De Miguel, Quintana, Zugasti, Segura, Muñoz Perea, Ortiz, Salva, Escandell y Hernández Griño hicieron constar su protesta a efectos de un posible recurso de casación por quebrantamiento de forma.

Seguidamente se dio lectura a la declaración del diputado de UCD Joaquín Satrústegui, en la que señala que todos los diputados secuestrados pudieron escuchar una orden dada a los guardias civiles asaltantes, para que dispararan si se producía un apagón.

Añadió que durante la noche habló con cuatro o cinco guardias, dos sargentos y dos tenientes, a los que dijo que el delito de rebelión era grave y que el alzamiento que habían previsto sus mandos no se había producido. Satrústegui añade que propuso a los tenientes que para comprobar lo que decía, le dijeran a Tejero que le dejera telefonear a Milans, del que el diputado es amigo, pero la respuesta de Tejero fue negativa.

Posteriormente, y cuando se produjo el incidente en que Fraga pidió con energía que les dejaran salir, Satrústegui afirmó: "Soy íntimo amigo de Milans del Bosh y es incapaz de sublevarse contra el Rey", a lo que Tejero replicó: "Quieto por favor". Satrústegui le volvió a preguntar: "¿Qué me dice usted?", y Tejero entonces dijo: "Siéntese, yo no dialogo".

Areliza afirmó que no conocía al grupo terrorista asaltante

La siguiente declaración leída fue la enviada por certificado por el diputado de Coalición Democrática José María de Arcilza. quien afirmó que no conocía a ninguno del grupo terrorista asaltante, que en todo momento se comportaron en tono airado, amenazador y coercitivo y con el propósito de sembrar el terror. Señala también que los asaltantes deseaban imponer la humillación pública al Congreso y que eran una banda armada de funcionarios.

También a petición del defensor de Tejero fue leída la declaración de la vicepresidenta tercera del Congreso, María Victoria Fernández España, en cuya declaración se afirma que las fuerzas de la guardia civil en todo momento fueron correctas con ella y con su marido, el periodista Augusto Assía.

Al oír los disparos se arrojó al suelo, ya que dice que estaba segura de que Iba a haber un ataque a las Cortes, porque tenía conocimiento de que estaban muy desprotegidas y por veces había hecho una propuesta en ese sentido. En principio creía que los asaltantes eran etarras , pero después oyó que Modesto Fraile dijo "Por ahí anda Tejero", y entonces se sintió mucho más tranquila. Un guardia civil la acompañó fuera del hemiciclo y allí se encontró con su marido, quien le dijo: "¿Por qué estás tan pálida? ¿No ves que estamos muy bien guardados?".

A las seis de la tarde se suspendió la sesion hasta el jueves día 4, a las diez de la mañana.