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La Comisión de Presidencia del Congreso excluye a los médicos de la ley de Incompatibilidades

El cambio del sentido del voto de la Minoría Catalana, Coalición Democrática y el diputado del Grupo Mixto Jesús Aizpún, unido a la ausencia del Partido Nacionalista Vasco, produjo ayer el vuelco, en la Comisión de Presidencia del Congreso de los Diputados, de uno de los textos más conflictivos del proyecto de ley de Incompatibilidades, en torno al cual se había producido un empate el pasado 11 de febrero, que no había sido resuelto. Una enmienda transaccional de la Minoría Catalana proporcionó una nueva fórmula para excluir de la nueva regulación de las incompatibilidades a los médicos y demás personal no funcionario de la Seguridad Social, que, según la izquierda, es su inmensa mayoría.

El problema planteado el 11 de febrero se refería a un párrafo según el cual la ley de Incompatibilidades se aplicará, entre otros colectivos, "al personal que ostente la condición de funcionario al servicio de la Seguridad Social". Los socialistas propusieron la supresión de toda referencia a la condición de funcionario, en su deseo de extender las incompatibilidades a todo el personal al servicio de la Seguridad Social. La votación agrupó en apoyo de la enmienda socialista a comunistas, nacionalistas vascos y catalanes y andalucistas. Se abstuvieron Coalición Democrática (CD) y el Grupo Mixto. Los centristas se quedaron solos. El resultado fue de diecisiete c ontra diecisiete y dos abstenciones.El reconocimiento del derecho a que forme parte de cada comisión un representante de los diez diputados del Partido de Acción Democrática (PAD) integrados en el Grupo Mixto y la reducción proporcional de los comisionados centristas -de diecisiete a dieciseis- permitía vaticinar una derrota del grupo parlamentario que apoya al Gobierno.

La votación previsible ayer significaba la derrota del Gobierno, si bien la Mesa de la Cámara había establecido el criterio de que para la validez de las votaciones en comisiones seria preciso una diferencia mínima de tres votos, y en caso de que la diferencía fuera de dos o menos, la decisión Se tranferiría al Pleno del Congreso. Sin embargo, el cambio de voto de los grupos ya citados y la ausencia peneuvista permitieron que el texto defendido por UCD obtuviera diecinueve votos (centristas, CD, Minoría Catalana y el miembro del Grupo Mixto Jesús Aizpún), frente a dieciseis de socialistas, comunistas, andalucistas y PAD.

Al comienzo de la sesión, el portavoz de la Minoría Catalana, Llibert Cuatrecasas, se opuso a la tesis socialista de que no se produjeran intervenciones, ya que correspondía solamente votar para resolver el empate. Cuatrecasas estimó inconveniente "votar en frío" y propuso, con el apoyo de Alfonso Osorio, nuevas intervenciones. Tras rectificar el alcance atribuido a la anterior votación, propuso una enmienda transaccional que mantenía la exigencia de que el personal de la Seguridad Social afectado por la ley de Incompatibilidades tenga que ser funcionario, e incorporaba al artículo primero de la ley lo establecido en la disposición adicional segunda sobre el resto de dicho personal.

Actitud de los socialdemócratas

En definitiva, la Minoría Catalana propuso añadir al texto en conflicto, otro párrafo según el cual el personal de la Seguridad Social no funcionario "se regirá por sus disposiciones específicas, adaptadas a los principios contenidos en la presente ley". UCD propuso añadir: "en lo que sea de aplicación, teniendo en cuenta la naturaleza de su función asistencial". Ambos textos se aprobaron por diecinueve votos a favor y dieciseis en contra.

Por los diez diputados del Grupo Mixto pertenecientes al PAD, Javier Moscoso explicó el voto en contra porque se había desaprovechado la oportunidad de aclarar las cosas y se había optado por la Confusión. El socialista Ciriaco de Vicente aseguró que el texto aprobado deja fuera del ámbito de la ley de Incompatibilidades no sólo a los médicos y demás personal sanitario de la Seguridad Social, sino también al personal administrativo y burocrático. La modificación concertada con la Minoría Catalana la valoró como una "marcha atrás" de la propia UCD respecto al inicial proyecto gubernamental.

El comunista Fernando Pérez Royo destacó la importancia del colectivo que quedaba fuera de la aplicación de la ley, que ahora está, según sus palabras, "castrada en más de un 75%" de su contenido. Denunció que los mismos grupos que "ponen el grito en el cielo ante otras presiones más democráticas, como las ejercidas en relación con el Estatuto de los Trabajadores o el de Centros Docentes, hayan acogido y bendecido las procedentes de cierto sector de la profesión médica, que se ha permitido enviar telegramas con frases irrespetuosas para la institución parlamentaria". Añadió que la nueva regulación deja el problema peor de lo que está, ya que permite incluso "legitimar situaciones incorrectas, pero corregibles con la mera aplicación de la legislación vigente".

Tanto el centrista José Miguel Bravo de Laguna como Alfonso Osorio (CD) afirmaron que existen funcionarios al servicio de la Seguridad Social, a los que les; serán de aplicación las incompatibilidades. El diputado centrista negó que hubieran existido presiones, y Osorio recordo que se ejercen sobre todos los grupos, sin que quepa calificar de más; demócratas unas presiones que: otras.

La "dedicación exclusiva" de los funcionarios

De acuerdo con otra propuesta centrista fué aprobado otro párrafo que establece el carácter supletorio de la ley a debate respecto a "cualesquiera otras disposiciones en materia de incompatibilidades del personal dependiente de las administraciones públicas no incorporado a su ámbito de aplicación". El socialista Francisco Ramos preguntó sobre el alcance de este texto, y ante la negativa centrista a explicarlo, su grupo votó en contra, al igual que el andalucista. Los comunistas se abstuvieron y el resto de los grupos presentes votaron favorablemente.

Una propuesta socialista para incluir en la ley que "el régimen normal de prestación de servicios de los funcionarios públicos y demás personal afectado por esta ley será el de dedicación exclusiva a sus puestos y tareas", fué derrotada por quince votos favorables (comunistas, socialistas y andalucistas), dieciocho en contra (centristas, Minoría Catalana y CD) y dos abstenciones (Grupo Mixto). Alfonso Osorio señaló que el plausible propósito socialista era utópico, sobre todo si no se complementa la dedicación exclusiva con una adecuada retribución.

El centrista Antonio Vázquez Guillén denunció que el texto socialista perjudicaría a los médicos rurales, a lo que se opuso con energía Ciriaco de Vicente, quien señaló la conveniencia de que los médicos al servicio de las administraciones sanitarias públicas no puedan percibir emolumentos de los enfermos privados, en evitación de que los hospitales públicos se conviertan en negocio y se continue la actual corruptela de algunos médicos. Los socialistas defienden que los enfermos privados paguen a la institución sanitaria, pero que el médico que realiza su prestación sanitaria dentro de su jornada no perciba directamente remuneración del enfermo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de marzo de 1982

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