El juez dictó ayer libertad incondicional sin procesamiento para los cuatro ex administradores detenidos del Banco de Descuento
Los cuatro ex administradores del Banco de Descuento detenidos el pasado miércoles por miembros de la Brigada de Estafas fueron puestos ayer en libertad incondicional a las 21.20 horas. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, al no apreciar indicios racionales de criminalidad, al menos de momento, ha desatendido así las peticiones de procesamiento formuladas por el fiscal y la acusación privada. Esta representa a los actuales gestores del banco, en manos del Fondo de Grarantía de Depósitos desde el pasado 18 de noviembre.
Los cuatro detenidos eran el ex presidente del Descuento, Diego de Prado y Colón de Carvajal; los ex consejeros, Federico Bonet y Jorge López Dóriga, y el ex interventor, Alberto Fernández García. La denuncia presentada el día 23 de febrero en la citada brigada se extiende a otros ocho ex administradores, entre ellos, el ex ministro de Relaciones Sindicales y ex presidente del Consejo de Economía Nacional, Enrique García Ramal, así como a su hijo, del mismo nombre. El juez no se ha pronunciado sobre la situación de éstos, aunque, según medios de la acusación, ha denegado el mandamiento judicial necesario para la detención de alguno de ellos.Momentos después de dictar la orden de libertad incondicional, el juez abandonó su despacho y se negó a hacer declaraciones. Finalizaban así dos jornadas de instrucción de diligencias a los denunciados. Los cuatro detenidos, que pasaron los tres primeros días a disposición de la Brigada de Estafas y luego del juez competente, dieron muestras de notoria tensión emocional y física al saludar a la docena de personas, entre familiares y abogados, que les esperaban en el pasillo de los juzgados. Un abogado impidió que un redactor de este periódico se acercase al grupo, bajo la amenaza de llamar a la Guardia Civil para expulsarle.
Tampoco los detenidos quisieron hacer declaraciones al salir de los calabozos de los juzgados de Primera Instancia, situados en la plaza de Castilla. Portaban grandes bolsas de plástico blanco con efectos personales. Unicamente, el ex presidente del banco, Diego de Prado, accedió a bajar el cristal de la ventanilla de su automóvil y dijo al periodista, con evidente nerviosismo: "No puedo hacer declaraciones. Esta sub judice".
Según fuentes jurídicas próximas a los denunciados, la orden del juez ocupa una decena de líneas y sólo dice: "Póngase inmediatamente en libertad a los ..." (a continuación figuran los nombres de los cuatro). En su opinión, ello supone desnaturalizar la denuncia que determinó las detenciones y, por tanto, la querella anterior. A la pregunta de si habrá más detenidos, contestaron: "No se puede saber. Hay que prever que no".
Como informó ayer este periódico, la querella presentada a finales de diciembre pasado, por presuntas estafas y falsedades múltiples en documentos del banco ha pasado al titular del Juzgado número 7, al igual que el atestado de la denuncia, después de que se inhibiera el juez del Juzgado número 8, Hipólito Hermida. El auto de inhibición de éste, quien tampoco se pronunció sobre el procesamiento y prisión incondicional solicitados el 20 de febrero por el fiscal para media docena de ex administradores, alude a su condición de cliente del banco. No obstante, es también hermano del director de la sucursal del Descuento en Pontevedra.
Irregularidades por valor de muchos millones
Las irregularidades citadas en la querella inicial y en la posterior denuncia ante la Brigada de Estafas, al parecer no cuantificadas, pueden rondar los 2.000 millones de pesetas, en estimación de la acusación privada. Según fuentes próximas a los denunciantes, se trata Fundamentalmente de sobrevaloraciones de inmuebles a efectos de compra por el banco, así como de créditos supuestamente dirigidos a los ex administradores a través de personas fisicas ojurídicas interpuestas.
Los defensores de los detenidos se mostraron ayer preocupados por la supuesta invasión del terreno judicial que, a su entender, supone la tramitación de una denuncia presentada ante la Policía en torno a unos hechos pendientes de decisión judicial, desde hace dos meses, por la querella anterior. La acusación privada afirmó, sin embargo, que la denuncia del día 23 de febrero incorpora hechos nuevos y detalles añadidos a los de la querella.
De otro lado, medios financieros informaron ayer que, en septiembre de 1980, el Banco de Descuento efectuó una ampliación de capital por 450 millones de pesetas, sin escriturar la operación hasta el 17 de noviembre de 1981. Por ello, entienden que las 900.000 acciones suscritas no han existido legalmente hasta la última fecha citada.
Los mismos medios añadieron que, sin embargo, unas 240.000 acciones se formalizaron como transmitidas antes del 17 de noviembre de 1981, con intervención de corredores de comercio en operaciones que consideran nulas de pleno derecho.
