La oposición elige la estrategia de la reforma
La muerte de Torrijos ha tenido un efecto inicial moderador en la oposición panameña. Quienes hicieron cuestión irrenunciable de la convocatoria de una Asamblea constituyente se conforman hoy con un objetivo más modesto: llegar a un pacto nacional que acelere la democratización iniciada en 1978. En terminología española, la estrategia de la reforma frente a la ruptura.Desaparecido el padre del sistema, la oposición derechista presiente que por primera vez puede intentar un acuerdo con el Gobierno. De ahí que juegue con extremada cautela, ante el temor de que una intemperancia reinstale en el poder a los militares.
En sus reuniones de los últimos días, en las que seis, partidos opositores han tratado de acelerar un proceso de convergencia iniciado en mayo, se han perfilado unas reformas constitucionales que consideran mínimas para restaurar la normalidad democrática.
El primer punto de discordia está en el sistema electoral, que prima a los núcleos menos poblados. Cada corregimiento elige un representante en la Asamblea Nacional, tenga 30.000 o treinta electores. Cada provincia ocupa seis escaños en el Consejo de Legislación, aunque la capital tenga una cuarta parte de la población.
Dotar de mayor poder al Consejo de Legislación es el segundo objetivo. Facultades clásicas de un Parlamento, como la aprobación de los presupuestos del Estado o la fiscalización del Gobierno en todo momento, les están vedadas a los legisladores actuales.
La cuestión más delicada es, con todo, la interferencia militar en la vida civil. Nadie niega que desde 1978 se ha producido una retirada progresiva de la Guardia Nacional a los cuarteles, pero la oposición considera peligroso el mantenimiento del artículo 22 de la Constitución: "El poder emana del pueblo y se organiza en ejecutivo, legislativo y judicial. Estos órganos actuarán en armonía unos con otros y con la fuerza pública".
"Este artículo", opina el dirigente democristiano Ricardo Arias Calderón, "convierte a la Guardia en un cuarto poder constitucional y consagra una especie de tutoría militar sobre todos los órganos del Estado". En alguna ocasión esto se ha ejercido de hecho.
El presidente Arístides Royo tiene, a juicio de varios políticos opositores, dos caminos: tratar de encabezar el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y perpetuar el modelo torrijista o convertirse en el presidente de todos los panameños por vía de un acuerdo nacional.
"En el primer caso", dice Arias Calderón, "se profundizarán los enfrentamientos habidos estos años, y a la oposición no le quedará otra salida que endurecer su actitud. No sabemos por cuánto tiempo la Guardia tendría este Gobierno, cada vez más minoritario. Si elige el otro camino puede estar- seguro de que obtendrá respuesta positiva por parte de la oposición, incluso de la más radical. Yo fui opositor de Torrijos desde el primer. día, pero creo que ha llegado la hora de intentar la concordia".
El papel que puede jugar la Guardia en un posible proceso reformista es aún una incógnita. El nombramiento del coronel Florencio Flórez como comandante ha sido bien recibido en las filas opositoras. Hijo y padre de oficiales, no se le conocen ambiciones políticas. Hay quien dice que por eso Torrijos le nombró su segundo. Flórez ha anunciado una política de ascensos basada estrictamente en el escalafón.
Entre los miembros de su Estado Mayor puede haber más ambiciones ocultas. Medios diplomáticos norteamericanos aseguran que hace un mes llegaron a pedir la destitución de Royo, y que el fallecido general convocó una reunion en la que, después de escuchar a las dos partes, reiteró su plena confianza en el presidente.
Uno de los flancos débiles del Gobierno es el económico. Pese a tener la renta más alta de Centroamerica (casi mil dólares), la crisis mundial se ha dejado sentir en Panamá, cuya economía de tránsito (canal, zonas de comercio libre, banca internacional, negocios de reexportación) es muy sensible a cualquier recesión exterior. El índice de desempleo roza el 25% de la población activa y la deuda exterior por habitante es la más alta del mundo, después de la de Israel. El 40% del presupuesto se destina a amortizar y pagar intereses de la deuda externa.
La oposición reconoce, sin embargo, los avances del régimen en materia de salud, educación, vivienda y nutrición. Proyectos costosos, como el oleoducto transoceánico (seiscientos millones de dólares) o la puesta en marcha de la mina de cobre de cerro Colorado (3.000 millones), contribuirán a relanzar una economía en la que el Estado moviliza el 55% de los recursos y más de la mitad de la fuerza de trabajo.
Aunque los adversarios de Torrijos no paran a la hora de objetar su modelo político, sólo los más sectarios lo comparan con un dictador clásico. La mayoría reconoce su esfuerzo por socializar la riqueza sin eliminar la economía privada, y admite, a pesar de las discrepancias, que en 1978 se abrió un nuevo período con la vuelta de los exiliados y la legalización de los partidos.
Ahí está, en fin, el tratado del canal, en cuya negociación el general puso a prueba su habilidad negociadora con el Norte de rescatar la zona para la soberanía panameña. Y de su mandato queda también el hecho de haber mantenido a su país fuera de la corriente centroamericana de violencia.
