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Desarticulado uno de los principales focos del fraude del aceite

La confirmación oficial de que las empresas Jorpi, de El Prat de Llobregat (Barcelona), y Productos Químicos Salomó, de Reus (Tarragona), se encuentran implicadasén el tráfico de aceite tóxico podría apuntar a la desarticulación de uno de los focos principales del fraude, según han indicado fuentes conocedoras del proceso de investigación del caso. La nota oficial difundida a última hora del jueves, por otra parte, viene a corroborar las informaciones publicadas por EL PAÍS en torno al tema desde el 9 de julio.Sin embargo, la información oficial continúa sin aclarar otros extremos sospechosos denunciados por este periódico. No se alude para nada al hecho de que alguna partida de aceite de colza desnaturalizado mediante adición de anilina fuertemente tóxica y adquirida a nombre de Productos Químicos Salomó, fuera descargada en los depósitos de Antonio Sabater Esteve y Cía., firma de aceites comestibles radicada también en Reus.

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Tampoco se refieren las fuentes oficiales a la manipulación, por encargo de Raelca, del aceite de colza desnaturalizado en dos refinerías de Sevilla y Madrid, Itehache, SL, y Danesa Bau, SA. La primera procesó 59 toneladas, y la segunda, 51. A pesar de que la dirección de ambas sociedades asegura haber tomado el aceite tóxico por grasa comestible, todos los expertos consultados se han mostrados escépticos ante semejante posibilidad. El aceite de colza natural presenta un color claro y desprende un olor más suave que el de oliva, como los restantes de semillas. La adición de anilina provoca un fuerte oscurecimiento y un hedor inconfundible a sustancias químicas.

Asimismo, las informaciones oficiales han eludido hasta el momento cualquier comentario sobre la responsabilidad que pueda desprenderse de la actuación del departamento de Economía y Comercio o de ciertos funcionarios en el tráfico de aceite tóxico. El Ministerio, al parecer, no tuvo ninguna sospecha en torno a los motivos de un incremento de las importaciones de aceite de colza desnaturalizado, superior al ciento por ciento en los seis primeros meses del año, a pesar de que este producto se destirra a un mercado muy restringido y especializado. Esta ausencia de control debió ser posible gracias a la tramitación y concesión de licencias de importación, en las que no se indicaba, como es preceptivo y se exige en el impreso de solicitud, el destinatario del aceite industrial que deseaba importarse.

Por lo que respecta a Jorpi y Salomó, empresas propiedad de Jorge Pich y Enrique Salomó, respectivamente, la confirmación de su participación en el fraude merece mayores explicaciones. La segunda firma adquirió a RAPSA, en siete meses, más de 413.000 kilos de aceite de colza desnaturalizado, cantidad casi cuatro veces superior a la que manejó Raelca.

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