Los funcionarios no están obligados a conocer el catalán, según la Administración

«Ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Cataluña establecen la obligación de los funcionarios a conocer la lengua catalana y si el deber de todos los españoles de conocer el castellano », afirma el ministro adjunto para la Administración Pública, Sebastián Martín Retortillo, en respuesta a una interpelación sobre dicho tema, efectuada por los senadores socialistas por Gerona Francesc Ferrer y Jaume Sobequés.«La cooficialidad del castellano y el catalán viene establecida en el Estatuto de Autonomía y apoyada por un artículo de la Constitución. La finalidad de esta declaración», manif...

«Ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía de Cataluña establecen la obligación de los funcionarios a conocer la lengua catalana y si el deber de todos los españoles de conocer el castellano », afirma el ministro adjunto para la Administración Pública, Sebastián Martín Retortillo, en respuesta a una interpelación sobre dicho tema, efectuada por los senadores socialistas por Gerona Francesc Ferrer y Jaume Sobequés.«La cooficialidad del castellano y el catalán viene establecida en el Estatuto de Autonomía y apoyada por un artículo de la Constitución. La finalidad de esta declaración», manifiesta la nota, «es la promoción y protección de ambas lenguas y, en última instancia, garantizar la igualdad de trato de todos los españoles sin que pueda prevalecer discriminación alguna por su origen, lengua o ninguna otra causa».

En otro momento de esta respuesta se afirma que el Gobierno desea que se instrumenten los medios adecuados para llevar a la práctica la cooficialidad de forma que se garantice la igualdad de derechos y pueda evitarse que se produzcan disfuncionalidades en la Administración.

Asimismo dice el ministro adjunto que, «la competencia para superar el conocimiento del catalán y garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas en Cataluña, según lo expresa el Estatuto de Autonomía, corresponde a la Generalidad».

«No obstaste», agrega la contestación del ministro, «el que tanto los administrados como los funcionarios conozcan las dos lenguas facilita la gestión de servicios públicos, y en este sentido, es deseable que gradualmente se adecúen los servicios para garantizar la igualdad de trato a los ciudadanos».

Finalmente, se manifiesta en el comunicado que, «a medida que se vaya consolidando esta distribución de competencias podrán acoplarse los servicios para garantizar un trato igual a los administrados, cualquiera que sea la lengua en que opten por expresarse».