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Esos viejos nuevos ministros

LA PRIMERA reflexión que suscita el reajuste ministerial del 8 de septiembre es que el presidente Suárez ha desandado el camino recorrido -cuesta abajo- desde abril de 1979 para volver al punto en que se hallaba inmediatamente antes de las elecciones generales de marzo del año pasado. Este nuevo Gobierno es un Gobierno ya conocido, de antes, pero es también un Gobierno mejor, o menos, malo, que el que había. El retorno de Francisco Fernández Ordóñez, Rodolfo Martín Villa y Pío Cabanillas, tres hombres de indiscutible influencia en el seno del centrismo, al Consejo de Ministros significa un acto de reconocimiento de las familias de UCD. Los desastres electorales de febrero y marzo de 1980 y la moción de censura socialista habían obligado ya a Adolfo Suárez a dar beligerancia a la comisión permanente de UCD. Ahora la incorporación de los barones al Gobierno acaba con las ficciones y con el gasto inútil de que la comisión permanente funcione como un shadow cabinet del Consejo de Ministros oficial.Que esas familias no se correspondan estrictamente con posiciones ideológicas y sean también el resultado del clientelismo político en torno a determinadas personalidades, no debe extrañar a nadie. Si bien la distinción entre socialdemócratas, democristianos y liberales pueda seguir siendo válida en líneas generales, el papel de los líderes y su destreza para organizar y controlar redes de influencia propias alteran en buena medida la nitidez del esquema. El fallecimiento de Joaquín Garrigues ha desmantelado la capacidad operativa de su grupo (los liberales), pero la sensibilidad de ese signo se encuentra diseminada por todo el espectro político, y no pueden decir los garriguistas ni sus sucesores que sean ellos más liberales o de manera más genuina que otros políticos. En esta misma perspectiva cabría señalar que la familia democristiana se halla subdividida también en clanes personalistas.

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Así las cosas, el nuevo Gobierno no puede ser recibido como una fórmula original y creadora, sino como el restablecimiento del sistema de alianzas dentro del poder anterior a la crisis de abril de 1979. La dimisión de Fernando Abril es el corolario lógico de la quiebra de un modelo de funcionamiento del poder que se ha mostrado inviable. La incapacidad del anterior vicepresidente de Asuntos Económicos para atenerse a los criterios de objetividad y racionalidad que deben guiar las actuaciones de la Administración pública en un Estado moderno lo hacían incompatible con el cargo que desempeñaba. Si bien es necesario reconocer al equipo económico saliente su coraje, Abril Martorell ni tuvo el sosiego político suficiente para dedicarse a la economía ni la voluntad de ceder competencias para que otros ministros realizaran esa tarea. El empeño de Adolfo Suárez en mantener a Abril como vicepresidente económico durante la crisis de mayo sólo puede entenderse ahora como el intento de mantener en vigor un esquema de poder al que la moción socialista de mayo puso luego en vías de derribo.

Los nombres

El reajuste ministerial es, en sí mismo, un movimiento en espiral hacia el pasado. Ofrece, no obstante, dimensiones originales que alteran la inmovilidad de la política española desde junio de 1977. Se trata del pacto de legislatura, o de la serie de acuerdos parciales que desempeñen una función parecida, con la Minoría Catalana. La resistencia de Convergencia a entrar en el Gobierno del Estado se explica por el temor a que su representante en el Consejo de Ministros fuera un simple convidado de piedra, y por el miedo a que su instalación en Madrid pudiera ser aprovechada por Esquerra Republicana para cortarle la hierba bajo los pies en la política catalana. La decisión de la Minoría Catalana limita considerablemente el alcance de los acuerdos al dejar intocado el carácter monocolor del Gabinete. Los pactos de la Moncloa demostraron que un acuerdo puede ser vaciado de contenido si sólo una de las partes que lo suscriben queda encargada de instrumentarla en solitario desde el poder ejecutivo.

El voluntario apartamiento de cualquier responsabilidad relacionada con las comunidades autónomas de la persona que ha sido el artífice del acuerdo con la Minoría Catalana es, seguramente, la más veneciana de las maniobras del político más veneciano de nuestro establecimiento. Sería de desear que esa notable capacidad para jugar simultáneas de ajedrez acompañase a José Pedro Pérez-Llorca en su gestión como ministro de Asuntos Exteriores. Nuestra política exterior necesita de mucha mayor astucia de lo que, hasta el presente, era habitual en el palacio de Santa Cruz. La sustitución de Pérez-Llorca por Martín Villa -que cuenta entre sus colegas de Gobierno a varios hombres tan leales a su liderazgo como los confirmados Sancho Rof y Rosón y el recién reclutado Pérez Miyares, martillo de herejes en la discusión del Estatuto de los Trabajadores- posee un significado claro: tranquilizar a los sectores de la derecha autoritaria, que temen que el pacto con la Minoría Catalana haya sido comprado por el Gobierno a un precio exorbitante. En una situación tan dramática como la que vive el País Vasco, y cuando los conflictos en Navarra comienzan a intensificarse, no es fácil que el nombramiento de Rodolfo Martín Villa, cuyo pragmatismo y sentido de lo posible no pueden borrar el recuerdo de las actuaciones vandálicas en Pamplona y Rentería de unas Fuerzas de Orden Público que dependían de sus órdenes como ministro del Interior, produzca ese efecto de distensión que la paz y la democracia de este país tanto necesitan.

La designación de Francisco Fernández-Ordóñez como ministro de Justicia, departamento que recupera las competencias del desarrollo constitucional, es uno de los rasgos más destacados de este reajuste y el dato más resuelta e inequívocamente progresista del nuevo Gobierno. La España necesaria de la que habla Fernández-Ordóñez en su último libro sólo podrá convertirse en realidad sobre los cimientos de la defensa incondicional de las libertades, el respeto de los derechos humanos por encima de cualquier razón de Estado y la adecuación de las leyes a una sociedad secularizada y pluralista. La reforma de la Administración de justicia y un proyecto razonable y moderno de ley de divorcio van a ser la prueba de fuego del nuevo ministro. La vuelta de Pío Cabanillas a la mesa del Consejo compromete, por su parte, a un poderoso sector de UCD de Galicia en el desarrollo de las negociaciones para hacer viable el Estatuto de Santiago, y recupera para el Ejecutivo una mente complicada y eficaz.

El relevo de Otero Novas por Juan Antonio Ortega en el Ministerio de Educación deja a este departamento en su tradicional área de influencia democristiana. Sin embargo, en vísperas de la ley de financiación de los colegios privados y de la puesta en práctica del conflictivo Estatuto de Centros, el cambio garantiza dosis muy superiores de capacidad política, espíritu negociador, flexibilidad y posibilidad de conocimiento en profundidad de los expedientes del nuevo titular de la cartera. Otro democristiano, Iñigo Cavero, continúa su incomprensible -por inmerecido- peregrinaje de ministerio en ministerio, y en esta ocasión sustituirá a Ricardo de la Cierva, ministro por un día, y pasará a albergarse en la posada de Cultura, departamento que Suárez parece últimamente reservar para compromisos de última hora e ineptos inconsolables. Si la gestión de don Iñigo en la cultura es la que don Iñigo llevó a cabo en la justicia y en la educación, Dios nos ampare. El nombramiento de Alberto Oliart como ministro de Sanidad y Seguridad Social hace temer que los proyectos de privatizacíón de estas materias estén más que avanzados.

Finalmente, la designación de Leopoldo Calvo-Sotelo como vicepresidente económico plantea la incógnita de saber si su nombramiento obedece más al propósito de poner un cierto orden en la instrumentación de la política económica que a la decisión de confiarle realmente el diseño de la estrategia contra la crisis. Las continuas alusiones hechas durante las últimas semanas a la decisiva participación de Enrique Fuentes Quintana y Luis Angel Rojo en el programa orientador de la política económica inmediata hacen suponer que las líneas generales de esa estrategia han sido elaboradas previamente. Calvo-Sote lo es sustituido por Punset, un hombre brillante y juicioso, que ha recorrido en su vida política todo el camino, desde el marxismo enragé hasta el centrismo a la moda. La absorción del Ministerio de Economía por el Ministerio de Comercio es la partida de defunción de una muerte que se había producido ya cuando la vicepresidencia de Asuntos Económicos vació de contenido al departamento, tan honesta como imaginariamente regido hasta ahora por José Luis Leal. Por último, el regreso victorioso de García Díez y la defenestración de Luis Gámir constituyen episodios que seguramente sólo la pequeña historia doméstica podrá explicar. Este viejo-nuevo Gobierno tiene que afrontar los desafíos de la crisis económica, el paro, el terrorismo, la moneda de dos caras de la inseguridad ciudadana y la ofensiva contra las libertades, la organización del Estado de autonomías, la reforma de la Administración, el desarrollo constitucional, los contenciosos del norte de Africa, el aplazamiento de las negociaciones con Europa, la política de defensa, los intentos de cercenar la soberanía popular, en cuyo nombre legislan las Cortes Generales, etcétera. Si acierta a hacerlo, Suárez y UCD tendrán ganadas las legislativas de 1983. Si no, el presidente habrá ahuyentando, cuando menos, la posibilidad inmediata de una ruptura de su partido, eclipsado las posibilidades de una coalición de cualquier formación bisagra con los socialistas y colocado en su sitio por unos meses a los democristianos. Que el gran triunfador de la crisis es, al final, su propio hacedor, parece evidente. Y luego dirán otra vez los barones que hoy le rinden honores las cosas que les hemos tenido que oír.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 08 de septiembre de 1980.

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