Sindicatos y empresarios rechazan los presupuestos del INEM para 1981
Tanto las centrales sindicales CC OO, UGT y USO como la gran patronal CEOE han presentado enmiendas a la totalidad al anteproyecto de presupuestos del Instituto Nacional de Empleo para 1981, elaborado por la Dirección General del Instituto y presentado ayer al consejo general del organismo tripartito.
La ley establece que el anteproyecto debe elaborarlo el propio consejo y no la Dirección General del INEM, razón por la cual, sindicatos y empresarios no lo aceptan.Pero, además, tanto la parte social como la económica no están de acuerdo con el anteproyecto presentado por la Administració...
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Tanto las centrales sindicales CC OO, UGT y USO como la gran patronal CEOE han presentado enmiendas a la totalidad al anteproyecto de presupuestos del Instituto Nacional de Empleo para 1981, elaborado por la Dirección General del Instituto y presentado ayer al consejo general del organismo tripartito.
La ley establece que el anteproyecto debe elaborarlo el propio consejo y no la Dirección General del INEM, razón por la cual, sindicatos y empresarios no lo aceptan.Pero, además, tanto la parte social como la económica no están de acuerdo con el anteproyecto presentado por la Administración, al que consideran falto de realismo en relación a las necesidades económicas que genera el creciente desempleo de nuestro país.
El anteproyecto hace una estimación global de ingresos de 180.000 millones de pesetas por cuotas para el seguro de desempleo, cantidad que tanto empresarios como trabajadores consideran infravalorada. El capítulo de gastos, en su opinión, tampoco responde a la realidad; la cifra total asciende a 290.000 millones de pesetas, 254.000 de los cuales están destinados a prestaciones por desempleo. En este aspecto, los sindicatos consideran totalmente insuficiente la cantidad presupuestada, y argumentan que incluso algunos documentos internos del propio INEM valoran el monto total en 370.000 millones.
Algo parecido sucede en las partidas para el empleo comunitario, que el documento de la Administración totaliza en 12.000 millones, cuando los propios técnicos del Instituto habían solicitado previamente 18.000.
Argumentan fuentes sindicales consultadas por EL PAÍS que el anteproyecto ignora las consecuencias económicas de la ley básica de Empleo.