Un proyecto para no cambiar

La dictadura de Uruguay se propone concretar este año la primera etapa de lo que sus estrategas han dado en llamar «cronograma electoral», o sea, plebiscito de una nueva Constitución en 1980 y elecciones generales en 1981. Pero se trata de una mera coincidencia de palabras. El texto constitucional a plebiscitar no procederá de ninguna asamblea representativa, sino de ciertos jurisconsultos menores que pacen en los establos militares. La elección presidencial se hará sobre un candidato único, o quizá dos, que deberán ser aprobados por los mandos castrenses y presentados sólo por los partidos Blanco y Colorado (de funcionamiento prohibido aún). Un poder leglislativo bicameral y otros -cuerpos electivos serán votados, previo consentimiento militar de las listas, con exclusión de los miles de candidatos participantes en los comicios de 1971, últimos que conoció el país. La Constitución creará un organismo militar permanente que supervisará la acción del Gobierno. Romperá además el clásico equilibrio de los tres poderes, supeditando el Judicial ala órbita del Ejecutivo, y quitando al Legislativo la facultad de juicio político contra el presidente de la república. Todo esto se cocina y se llevará a cabo sin amnistía, con miles de presos políticos y bajo una legislación especial de medidas de seguridad.Extenderse en el significado de estas escuálidas estratagemas sería redundante; se trata del mismo proyecto de «democracia estabilizada», o «democracia en seguridad», o «democracia autoritaria», con que los militares procuran en América Latina -y especialmente en su Cono Sur- nadar y salvar la ropa, como decimos en el Río de la Plata: transferir a una supuesta responsabilidad civil la fea imagen de regimenes que, aunque institucionalizados, seguirán siendo represivos y, sobre todo, antinacionales.

Las aperturas militares latinoamericanas en trámite coinciden en objetivos finales, ya que parecen corresponder al mismo proyecto diseñado por el capitalismo transnacional, pero en cada país se dan ciertas diferenciaciones. En el caso uruguayo aparecen cuatro rasgos que, aunque coyunturales de alguna manera, lo caracterizan y pueden tener efectos imprevistos sobre el proceso a iniciarse en 1980: 1) la casación de los políticos ha sido tan feroz y extensa que los generales cronógramos casi no encuentran interlocutores civiles calificados para un diálogo que de credibilidad a la apertura; 2) los plazos son notoriamente cortos, en comparación con los anunciados por otras dictaduras vecinas, y dificultarán un montaje convincente de la «transferencia»; 3) la voluntad aperturista no tiene el respaldo de un poder personalizado -según pasa en la Argentina de Videla o en el Chile de Pinochet-, sino que aparece, tan anónima como el mismo Gobierno. En Uruguay, donde el sistema golpista ha devorado y digerido por lo menos a tres promociones de generales en seis años, los anuncios de democratización proceden apenas de una cúpula militar flotante, modificada de tanto en tanto por los avatares del escalafón y las intrigas de cuartel, y 4) la ubicación del país entre Brasil y Argentina, así como su pequeñez territorial y demográfica, le han hecho sufrir siempre una dependencia geopolítica pendular. El cronograma uruguayo podría entonces ser alterado, a cierta altura, por la influencia de una apertura brasileña ya en trámite o por un mayor endurecimiento del régimen argentino, más allá o más acá de las intenciones del plan militar uruguayo.

La mentalidad castrense reverencia los organigramas y en Uruguay se propone manejar la apertura con una simplificación tramposa de los datos. Por un lado, mantendrá la actual proscripción de la izquierda política (compuesta de hecho por todos los partidos que en 1971 formaban la coalición electoral Frente Amplio, en especial comunistas, socialistas y democristianos). Por otro, al permitir que vuelvan al juego sólo los dos partidos tradicionales e imponerles la presentación de candidatos únicos, les atribuyen una condición homogénea que no poseen.

El cronograma no autorizará tampoco la creación de nuevos partidos. En esto, al menos, los militares han escarmentado con la experiencia de Brasil, donde una izquierda clausurada polarizó su electorado en torno al Movimiento Democrático Brasileño (oposición legal inventada y tolerada allí por la dictadura desde 1964), hasta transformarlo en un partido opositor real, con autonomía y fuerza propia. Los militares de Montevideo temen que pueda pasar lo mismo con el pequeño Partido Demócrata Cristiano uruguayo. Ha sido inútil que Juan Pablo Terra, el jefe democristiano abjurara públicamente de su pasado frentista, se declarara conforme con el cronograma y ofreciera, a cambio de su admisión como partido de orden, un supuesto respaldo de la democracia cristiana europea (la alemana en primer término) al proceso de apertura. Los generales no quieren un PDC hipertrofiado, a pesar suyo, por los votos de una izquierda proscripta; comprenden que un crecimiento democristiano sería un plebiscito más verdadero, en su contra, que la misma elección presidencial.

Sacar conejos

El espacio político de la apertura uruguaya queda entonces reducido al triángulo blancos/colorados/fuerzas armadas, pero está por verse, de qué galera podrá sacar su conejo presidencial la dictadura. Los dos grandes partidos continúan, como antes del golpe de 1973,divididos en múltiples fracciones (sub lemas), que tradicionalmente acudían a las elecciones con candidatos propios y sólo unían sus sufragios, bajo el lema común, en el momento del cómputo, para sumárselos al candidato más votado. En 1971, por ejemplo, el Partido Blanco presentó tres postulantes presidenciales (el más votado, Wilson Ferreira Aldunate) y el Partido Colorado otros tantos (entre ellos el electo Juan María Bordaberry y el propio presidente, Jorge Pacheco Areco, que aspiraba a la reelección). En 1980 esas divisiones subsisten y los presidenciables de ambos partidos superan la media docena. Crecientemente, los jefes de fracción que permanecen dentro del país -hasta ahora obligada o voluntariamente silenciosos bajo el despotismo militar- empiezan a plantear reparos al molde de hierro del cronograma, resistiéndose a entrar en ese artefacto contra natura. No sólo se trata de Ferreira Aldunate (quien, exiliado en Europa desde 1976, mantiene una vigorosa e intransigente campaña de denuncia contra la dictadura), sino hasta de Alberto Gallinal Heber, un hacendado que encarna a la oligarquia agroexportadora beneficiarla del golpismo y ha dicho, recientemente, que la fórmula de un candidato único y una elección con proscripciones son inaceptables.

Eliminada técnicamente la participación de la izquierda (lo cual no significa, como es obvio, la eliminación de su presencia política) y reducido el ámbito del cronograma a los dos partidos tradicionales, el pleito electoral de apertura podría convertirse, piensan algunos, en un enfrentamiento principal entre Ferreira Aldunate, probable candidato de la oposición, y Jorge Pacheco Areco (hoy embajador en Washington), probable candidato oficialista. Se trata todavía de una hipótesis, porque Ferreira Aldunate continúa vetado por la cúpula militar, aunque en este caso los militares quizá se vean llevados a negociar, y ya ha habido algún intento militar para que el dirigente exiliado flexibilice en algo su intransigencia. Ferreira Aldunate, según fuentes de su partido, ha puesto dos condiciones para participar en los comicios: amnistía general para los presos políticos y libertad irrestricta de candidaturas.

Entre Ferreira Aldunate y Pacheco Areco hay un paralelismo de situaciones: ambos han pasado fuera del país la mayor parte del periodo dictatorial (Pacheco salió antes, en 1972, como embajador en España). Pero las similitudes terminan ahí. Se considera a Pacheco Areco como precursor durante su presidencia (1967-1971) del deterioro institucional que conduciría a la dictadura, mediante la implantación permanente del estado de sitio y la atribución de facultades especiales a las fuerzas armadas. Los dos vienen, por cierto, de fracciones partidarias notoriamente pro norteamericanas y anticomunistas, lo cual no deja de condicionar posibilidades. Hasta hace dos años, en medios de la oposición uruguaya se consideraba a Ferreira Aldunate, como un candidato presidencial que Washington podría ver con simpatía en la etapa de apertura. La acción opositora de Ferreira coincidió con la circunstancia de la asunción de Carter y el planteo de su fugaz doctrina sobre protección de los derechos humanos. Pero el viraje del presidente hacia la tradicional diplomacia-gendarme estadounidense parece haber devaluado la relación de Ferreira Aldunate con la Casa Blanca, en la medida en que cayeron tamb1 en las acciones del lobby liberal dentro del Partido demócrata. Con el reciente retiro de Cyrus Vance y, sobre todo, del subsecretario de Estado Warren Cristopher -interlocutor directo de Ferreira Aldunate dentro del ejecutivo- tal situación se ha agudizado.

Falta de credibilidad democrática

Si los militares uruguayos quisieran obtener una mínima credibilidad para su apertura (lo cual no es probable), tendrían que aceptar un candidato presidencial surgido posiblemente de un acuerdo entre los partidos opositores, tanto exiliados como establecidos dentro del país. En caso contrario, parece que, Pacheco (incluso como candidato único, si se impusiera la tesis de los generales duros) seria la alternativa estadounidense. Sus antecedentes autocráticos y su docilidad ante las fuerzas armadas lo convierten en favorito de la actual línea del Departamento de Estado del Pentágono y de las transnacionales, para aplicar, en un Uruguay de «democracia autoritaria», la política binaria de reforma/represión que los norteamericanos ensayan hoy en El Salvador y otros lugares de América Latina.