Exigencia de mayor participación vecinal en las actuaciones urbanísticas

Una cena-debate organizada por CIDUR (Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural), en torno al Plan Especial y al Plan General de Madrid, reunió, el pasado jueves, a representantes de la Administración, técnicos, arquitectos y asociaciones vecinales. Es éste el primero de una serie de debates públicos que se quieren realizar mensualmente, para la difusión de los distintos aspectos de la problemática madrileña. Sus conclusiones más importantes fueron la necesidad de revisar los planes vigentes y lograr una mayor participación ciudadana en las actuaciones urbanísticas.Eduardo Mangada, concejal responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y Enrique Balbín, arquitecto y secretario técnico del equipo que redactó el Plan Especial, intervinieron como ponentes. Fernando Prats, miembro de CIDUR, actuó como moderador y abrió el acto comentando la trayectoria del PE (Plan Especial), cuyo origen, a principios de los setenta, se basa en la aguda necesidad de reconsiderar las áreas consolidadas, los procesos de renovación y destrucción del patrimonio edificado, la tercialización galopante del centro y la expulsión de la población. En septiembre de 1977 se aprueba el Precatálogo realizado por el equipo de López Jaén, y en 1978 se presenta el Plan Especial como alternativa a estos problemas, pero encuentra, desde su nacimiento, graves dificultades legales y económicas, hasta el punto de ser rechazado.. Se encarga a un consulting, Uyasa, la redacción de un nuevo plan que difiere del anterior y no parece operativo, pero sí más defendible desde un punto de vista legal.

Con las elecciones municipales se entra en un impasse, hay un período de información pública y gran avalancha de alegaciones en el nuevo ayuntamiento. La Gerencia opta por una propuesta posibilista, que supone abandonar el planteamiento integral. Así pues, el problema actual se centra en las nuevas vías a utilizar para la resolución de los complejos problemas que Madrid tiene planteados.

En su intervención, Eduardo Mangada reconoció el valor psicológico (creación de conciencia) del PE, pero, en contra de la opinión de Balbín, cree que tenía grandes defectos. en sus bases técnicas y culturales, así como unos criterios de clasificación y catalogación arbitrarios. Considera que la solución está en una revisión del PG (Plan General) y de los PP (Planes Parciales), manteniendo mientras «un carácter cautelar y de repliegue, que impida la destrucción indiscriminada del patrimonio urbano, no sólo del histórico-artístico. Hay también que esperar más de los mecanismos de la actual Administración, que en los últimos nueve meses ha conseguido que el número de declaraciones de ruina se reduzca a la tercera parte».

El arquitecto Fernández Longoria apuntó el valor del PE, que cumplió un importante objetivo: impedir más desastres, e hizo patente la necesidad de promover un debate público en torno a las causas reales de la destrucción de las ciudades.

Hubo un acuerdo general en cuanto a la importancia y urgencia de promover la participación ciudadana.