El proyecto de Estatuto de Asturias define el bable como lengua específica regional

La ubicación de la sede de las instituciones del principado y el bable fueron los temas que más tiempo consumieron en los debates del articulado del proyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias, iniciados ayer en Oviedo por la Asamblea de Parlamentarios y diputados provinciales. Las sesiones de trabajo se celebrarán de forma ininterrumpida hasta finalizar la redacción del proyecto, que se pretende remitir al Congreso de los Diputados en los primeros días de este mismo mes.Según el texto aprobado con los votos de la izquierda, uno de UCD y otro de Alianza Popular, la sede de los órganos del principado de Asturias es la ciudad de Oviedo, «sin perjuicio de que por ley de la Junta General del Principado se establezca alguno de ellos en otro lugar del territorio». Luis Vega, de UCD, y Juan Luis de la Vallina, de Alianza Popular, coincidieron en considerar anticonstitucional esta redacción porque no fija de forma concreta la sede de las instituciones de la futura comunidad autónoma, es decir: la presidencia, el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de Asturias, o Parlamento regional; se supone que por razones electoralistas, ya que ambos son gijoneses y existe una fuerte rivalidad localista entre Oviedo y Gijón, el centrista Agustín Anduña, presidente de la Diputación y concejal de Gijón, y el aliancista Francisco Alvarez Cascos, también concejal gijonés, votaron con la izquierda la posibilidad de trasladar fuera de Oviedo alguno de los órganos del principado.

La izquierda impuso también su criterio en el tema de la lengua asturiana. El texto aprobado al respecto dice textualmente: «El bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje.» Adolfo Barthe, de UCD, intervino en contra de esta propuesta de la izquierda invocando las opiniones de Menéndez y Pidal, Dámaso Alonso, Gustavo Bueno y Jesús Meira. Argumentó que en Asturias no existe conflicto alguno entre los bables y el castellano, y que este último es el medio de expresión natural de los asturianos. En su opinión, la invención de un bable único es un atentado contra los diferentes bables existentes y responde a una actitud mimética respecto de los vascos y catalanes. La propuesta centrista de retirar la cuestión del bable del título preliminar para trasladarla al artículo noveno, atribuyendo a la comunidad autónoma competencias para fomentar y proteger los diferentes bables que se practican en Asturias, fue derrotada. Juan José Sánchez Vicente, del PSOE, atacó el término «bables» y señaló que la pluralidad de la lengua asturiana no es superior a la del vasco o el castellano.

Los asambleístas decidieron dar la denominación de Principado de Asturias a la futura comunidad autónoma, cuya bandera será la tradicional, con la cruz de la victoria en amarillo sobre fondo azul. El Principado de Asturias se organizará territorialmente, según el artículo sexto, en municipios, que recibirán la denominación tradicional de concejos, y en comarcas. Se reconocerá la personalidad jurídica a la parroquia asturiana y podrán ser creadas áreas metropolitanas.

Este último artículo, aprobado con los votos del PSOE, PCE y UCD -dos miembros centristas se abstuvieron- fue calificado de «anticonstitucional» por Juan Luis de la Vallina, de Alianza Popular, por entender que a través de la vía autonómica «lenta» del artículo 143 de la Constitución no es posible establecer la tipología de las entidades locales dentro de la comunidad autónoma.