No tan solo

En el tío Cayetano de su obra Las de Caín, los hermanos Quintero retrataron con gracia el vicio español de tomar el retruécano y el desplante retórico conceptualmente hueros y lógicamente incongruentes por verdaderos argumentos. «Pero digo yo: ¿consultó usted a su padre para subir al balcón?», repite una y otra vez el inefable tío Cayetano, como el argumento definitivo e irrebatible. Todavía en disputas de matones, que al fin son juegos de competencia personal, se comprende y se admite que prevalezcan y se den por victoriosos la labia, la enjundia verbal, la eficacia retórica y el «ahí queda eso» sobre los argumentos lealmente razonables. Bueno sea el arte de la palabra rápida y feliz, para salir de la taberna airoso y galleando, dejando al adversario callado y corrido, porque un juego es un juego y tiene siempre derecho a reglas propias; pero donde otro asunto más grave se baraja ese arte no es sino deslealtad.Otro tío Cayetano es lo que nos ha salido ahora con Jaime Capmany en su artículo El arte de la tortura, del Abc del 6 de los corrientes; artículo insolente, agresivo, lleno de desplantes retóricos, de corrimientos semánticos y, en una palabra, de mala fe verbal. El corrimiento semántico es la deslealtad lingüística hoy más en boga, y la puedo ilustrar con un ejemplo del que yo mismo soy culpable: en un artículo reciente improvisaba yo la expresión «linchamiento moral» (y la velocidad con que cunde un mal ejemplo me la ha mostrado el hecho de haber tardado apenas unos días en verla repetida por ahí); la deshonestidad de arbitrar una expresión así está en aprovecharse de la fortísima carga peyorativa que justa o injustamente grava la palabra «linchamiento» para inducir en el lector iguales sentimientos de repulsa hacia algo que está lejos de merecerlos tan severos. Con el mismo sistema -aunque con menos disculpa y mucha más desenvoltura- Jaime Capmany pasea y espolvorea, en el artículo citado, la palabra «tortura» por casi todas las conductas que tiene por facciosas, como vicia, fuerza y retuerce el uso válido y correcto de otras muchas palabras, para prestar al Gobierno el apoyo más espontáneo y voluntario en el empeño de abortar in nuce la denuncia de Bandrés. Otrosí en un pasaje del artículo parece implícitamente propiciar que se haga aquí con la tortura lo que los rusos hacen con eso que ha dado en llamarse «los derechos humanos»: reverenciar la idea y disimular los hechos, o sea, ponerse el asunto por montera, a la vieja usanza del «acato pero no obedezco» de los subalternos en la Administración clásica española. Por lo demás, y dicho sea de paso, la configuración en que se inscribe el malhadado concepto de «derechos humanos» parece cosa especialmente urdida para servir de comodín universal de la coartada.

Junto a los consabidos alegatos, por parte del Gobierno y de algunos periodistas, de «campaña» y de «politización», alegatos que se han pasado esta vez en madrugar, saltando cuando aún no había volumen ni para mucho menos, jamás se vio tampoco tanta anticipación en tratar de invertir una querella, convirtiendo al denunciante en denunciado sin esperar a ver ni aun casi haber dado curso a la denuncia. A nadie que lo haya visto se le puede tachar de suspicaz si se recela de algún posible intento de intimidación.

De «politización» habla Meliá, sin advertir que la politización no siempre está en la voz del que denuncia, sino tal vez más a menudo en el paranoico oído del que escucha. Por otra parte, si por politización hubiese que entender una posible aplicación del caso al intento de incoar nuevas demandas de amnistía, estaría yo de acuerdo con el Gobierno en cuanto a la improcedencia e inoportunidad de esas nuevas peticiones (como también, al menos cuando se trate de un muchacho de veinticinco años vestido de uniforme, me siento más de acuerdo con el propio Fraga, antes que con Bandrés, frente al relativismo político que éste prospecta al valorar moralmente los actos terroristas), salvo que en ese caso la misma motivación que quiere suponérsele a Bandrés en cuanto denunciante se le podría inversamente suponer al Gobier no, como razón de Estado, en cuanto posible encubridor. Pero no es esta, en todo caso, la politización a que Meliá pretende, al menos públicamente, referirse: «Pero el Gobierno desea que no se politice el tema, al margen de su conocimiento por los tribunales, de forma que pueda ser utilizado para desprestigiar a los cuerpos de seguridad, que en ningún caso serían responsables del comportamiento anómalo de uno de sus miembros...» Sin embargo, por lo que se me alcanza, ha sido el propio Meliá el único que hasta ahora parece haber da do implícitamente por supuesta la automática solidaridad del cuerpo con algún eventual torturador que pudiera surgir entre sus miembros. Sea de ello lo que fuere, en ningún caso me parece que el asunto sea de índole que pueda ser tratado como una querella entre particulares, pues aun ese presunto miembro de comporta miento anómalo, en la medida en que se habría identificado frente al detenido únicamente por el uniforme y no por nombre y apellidos, habría estado actuando como miembro del cuerpo, con las atribuciones y en nombre de los fines propios de éste, y no como individuo. Así que, a menos que los propios cuerpos de seguridad, como totalidades, se consideren equiparados a entidades de índole privada en que ninguna «persona ajena» tendría derecho a meter las narices para ver qué pasa, un asunto como el que nos ocupa es desde el principio y por sí mismo público y de incumbencia pública. Si por politización se entiende simplemente la actitud que procura y solicita que el asunto se lleve coram populo de principio a fin, habría que hablar más bien de un intento del Gobierno de despolitizar y de privatizar una cuestión que es por naturaleza, y a tenor de las propias presunciones en que el Gobierno funda su derecho, pública y política.

Por su parte, un editorial del Ya del 6 de los corrientes que versa sobre el caso concluye como sigue: «Si se nos permite aquilatar nuestro juicio, diríamos, incluso, que si la comisión del acto de tortura es aborrecible, lo es tanto o más la difamación sobre tema tan delicado cuando, como en este caso, afecta a la fama de todo un sector honorable, cuya honra se ve gravemente dañada. / Muy clara visión del tema debe de tener el abogado señor Bandrés, desde su cómoda y lujosa atalaya (...), cuando se atreve a formular tan graves denuncias.» Si por «la fama de todo un sector honorable» ha de entenderse la fama de cada uno de los miembros de los cuerpos de seguridad, hay que reconocer que, ciertamente, existe una mirada injusta que, bajo la sugestión del uniforme, puede hacer extensiva a todo el que lo lleve la deshonra que tan sólo a uno de ellos podría corresponder, pero ¿ha de inhibirse por esto el denunciante más que si de la honra de un solo individuo se tratara, cuando no es él sino la mirada injusta quien agrava el daño que su denuncia puede producir? No se consienta a la acción de esa mirada que añada a su injusticia la de coartar una denuncia que podría atajar otra todavía mayor. Siempre mucho mayor, aunque no lo vea así el aquilatado juicio del editorialista. Si por «la fama de todo un sector honorable» ha de entenderse, en cambio, el prestigio del cuerpo como tal, no hay agravio al prestigio de institución alguna que pueda remotamente equipararse a un agravio al individuo como el de la tortura. Si lo que se teme, en fin, es que, a tenor del dicho de «calumnia, que algo queda», ningún fallo definitivo de los tribunales llegue a tener autoridad bastante para disipar del todo la sombra de una acusación injusta, la culpa de ello la tendrán, en todo caso, esos tribunales o quienes estén en condiciones de favorecer o de estorbar su actuación, pero no, en modo alguno, el denunciante.

Dando por buena la interpretación vigente de que las instituciones ejercen un poder delegado por la soberanía popular -aunque no quede documento alguno que preste fe de tan inmemorial delegación- es muy grande el poder que -en instrumentos de coerción física y en atribuciones se ha puesto en manos de las fuerzas de seguridad, como para que puedan dejar de ser objeto de la más constante y escrupulosa atención del público; tanto más hoy en día, cuando el principio de eficacia se ve enfrentado a circunstancias de la vida pública -el anonimato propio de las grandes inurbaciones, la impunidad que facilitan medios técnicos como el del automovilismo- que pueden incoar la tentación de modos cada vez más expeditivos. Ya en El Imparcial del 8 de los corrientes y en la sección «SOS 091» vemos aplaudir, bajo el epígrafe «El ejemplo francés» el bestial ejemplo dado por la república vecina de la ejecución directa y fulminante de un delincuente a manos de cuarenta Policías, seguramente con el mismo aplauso mayoritario de la población que tal vez hoy tampoco le faltaría en España. (¡Qué diferencia -dicho sea en honor de la policía española-, qué diferencia con la detención del Lute! Allí los policías no saltaban y gritaban, pero sí se reían, igualmente pagados y contentos por la gran captura; salvo que, en medio de ellos, sonreía, vivo, el propio Lute; melancólicamente, pero sonreía. La estampa tenía, sin duda, algo de bárbaro e infantil, pero también de caballeresco y redentor.) Una eficacia tan bestial como esa puede también hacer el prestigio de una institución. Por mi parte, frente a la idea en general para el sentir de algunos del prestigio de las instituciones, prefiero la noble y humana estimación del Rey de España, cuando en una reciente alocución castrense puso el bien de la paz por encima de todo prestigio y todo orgullo.