Educación permanente de adultos

En EL PAÍS del domingo 28 de octubre aparece un artículo en el que se recoge pircialmente la problemática de la educación permanente de adultos (EPA). Parcialmente, porque expone tan sólo la situación de los centros sociales, dependientes del Ministerio de Cultura, pero que funcionan, eso sí, con personal nombrado por el Ministerio de Educación. Y porque es precisamente el Ministerio de Educación quien ha de dar cumplida satisfacción al crítico estado actual de la educación de adultos en este país. La ley general de Educación vigente, en sus artículos 2, 43 al 45 y 91, asume la regulación de la educación permanente. Pero desde el año 1963, en que se inauguró la campaña nacional de alfabetización, el número de profesores destinado a satisfacer la demanda del alumnado adulto ha descendido de 5.000 a poco más de seiscientos, en unos momentos en que la cifra de españoles mayores de dieciséis años que no poseen estudios primarios completos supera los cuatro millones.En muchas provincias, la EPA ha desaparecido y en otras el número de profesores destinados a esta labor -por debajo de media docena en alguna de ellas- es francamente ridículo. En Madrid, de los 240 profesores que formaban la plantilla el pasado año, tan sólo 159 continúan en sus puestos, merced a una drástica reducción aplicada por la Delegación Provincial de Madrid del Ministerio de Educación, precisamente cuando se esperaba, en virtud de la promesa formulada en junio pasado por la propia Delegación, un aumento de sesenta profesores para el presente curso. La plantilla de Madrid, cuya dotación es, en cualquier caso, mínima -compárese con el total de 13.831 profesores de EGB de la provincia-, ha cubierto el pasado curso, en una veintena de centros propios y atendiendo a la demanda de otros organismos oficiales -Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre ellos-, una escolarización de más de 50.000 alumnos, de los que una buena parte ha alcanzado el graduado escolar o el certificado de escolaridad.

La crisis actual, reflejo de la mainifiesta incapacidad de la Delegación Provincial de Educación para resolver sus problemas más básicos, ha provocado el cierre de centros y aulas de EPA en los barrios periféricos de la capital -los más necesitados- y ha impedido la inmediata expansión a los pueblos del cinturón, objetivo señalado como prioritario por la ponencia de EPA de la inspección técnica de EGB de Madrid. La actitud del Ministerio no puede ser más nefasta: los centros de EPA se crean con cuentagotas -sólo cuatro tienen existencia oficial-; los presupuestos se congelan, o se conceden tarde y mal; se restringen las plantillas, mientras las oficinas de la Delegación se llenan de profesores con nombramiento de educación permanente, destinados a servicios administrativos; las reivindicaciones presentadas año tras año por el profesorado van indefectiblemente al cesto de los papeles; no se procede a la definitiva institucionalización de la EPA.