Canorea pagó fuera de plazo el canon de Las Ventas

Diodoro Canorea, empresario de la plaza de Las Ventas, ha pagado a la Diputación Provincial de Madrid el 50% del canon de arrendamiento del coso (cerca de 81 millones de pesetas), pero no en los últimos días de marzo, como declaró a EL PAÍS el entonces vicepresidente de la Corporación, Leopoldo Matos (y así lo publicamos en su día), sino el pasado 30 de abril.

Por lo que ahora hemos sabido, Matos fue inexacto en sus manifestaciones. Celebramos con él una entrevista -exactamente, un almuerzo- el día 11 de abril (pocas fechas antes de su cese), y en el transcurso de la conversación le preguntamos si Canorea había cumplido con todas sus obligaciones, a lo que nos contestó que sí. Pero aún insistimos: «Matos, esta pregunta se la hago con la máxima formalidad y rigor, y espero que me conteste de la misma manera: ¿,ha abonado Canorea, dentro de plazo (es decir, al 30 de marzo), los ochenta y pico de millones de pesetas que corresponden a la mitad del canon?» A lo que respondió: «Con toda formalidad y rigor: los ha pagado, ha cumplido todos los plazos, y ya hasta el 30 de octubre próximo no tiene que abonar el 50% restante.»No era cierto. Canorea no había pagado. Tampoco eran ciertas -según lo que ahora empieza a trascender- otras aseveraciones de Leopoldo Matos en aquella entrevista. Por ejemplo, que la Diputación se haya reservado el derecho a dar el visto bueno a los carteles de San Isidro. La cláusula correspondiente no pasó de ser una pantomima. Pero este desconcierto podría ser sólo una muestra de la discutible gestión que, en lo que se refiere a la plaza de Las Ventas y a la corrida de Beneficencia, ha llevado a cabo la anterior Diputación. Y es ahora el momento de que se airee. Los diputados actuales tienen esta responsabilidad.

Pero donde estábamos: parece ser que Canorea se amparaba en una estipulación del pliego de condiciones, por la que el retraso en treinta días en el cumplimiento de sus obligaciones sería causa de rescisión del contrato. Contaba, por tanto, con el plazo adicional de un mes. Sin embargo, transcurrido éste, y como no pagaba, la Diputación reclamó el dinero al avalista, que es el Banco Internacional de Comercio. A partir de aquí, en un período de tiempo muy corto (las gestiones o presiones del avalista las desconocemos), Canorea hizo efectivo el 50% del canon.

El mencionado pliego de condiciones es una suma de ambigüedades que en nada garantizan un mínimo nivel de calidad y contenido a la fiesta de toros en Madrid, pero Matos siempre dijo -en la referida entrevista también- que existían garantías, entre otras cosas, porque la Diputación se reservaba el derecho a dar la conformidad de los carteles de San Isidro. En efecto, así constaba en las fotocopias del pliego que la Diputación distribuyó a la prensa. Sin embargo, en el contrato firmado ante notario modificaron el texto y lo que en realidad dice es que la Diputación conocerá los carteles antes de que sean hechos públicos. Es decir, no tiene ningún derecho a revisarlos.

La Diputación anterior ha dejado, en definitiva, a la nueva un verdadero embolado con este asunto de la plaza de toros, que incluso Jurídicamente se presta a graves zozobras. Y dentro de ese embolado, la organización de la corrida de Beneficencia, que es en este momento un serio problema, pues no hay nada hecho, no se compraron toros en su día y además existe el precedente de que su montaje es el más caro de cuantos festejos se celebran en todo el país. Según rumores que nos han llegado, a los toreros se les pagaban cifras fabulosas; las cuentas eran las del «gran capitán», con partidas extrataurinas -regalos, atenciones, reservas de boletos-, de forma que los beneficios líquidos de la corrida eran exiguos. Desde aquí pedimos formalmente a la Diputación que haga públicas estas cuentas. La afición madrileña tiene derecho a saber la verdad.