La Coordinadora de Guarderías pide una legislación adecuada

La Coordinadora de Guarderías de Madrid ha hecho público un comunicado en el que muestra su «preocupación e indignación» por las noticias aparecidas en la prensa sobre la agresión sufrida por una niña de veinte meses en una guardería de Carabanchel. La Coordinadora estima que no puede opinar en este caso en concreto, por la falta de datos más detallados, pero sí sumar su postura a la de las familias de dicho distrito, sobre las «deficientes normas de atención que, en general, se dispensan en las guarderías».La Coordinadora denuncia el vacío legal existente en tomo a este tipo de centros, lo qu...

La Coordinadora de Guarderías de Madrid ha hecho público un comunicado en el que muestra su «preocupación e indignación» por las noticias aparecidas en la prensa sobre la agresión sufrida por una niña de veinte meses en una guardería de Carabanchel. La Coordinadora estima que no puede opinar en este caso en concreto, por la falta de datos más detallados, pero sí sumar su postura a la de las familias de dicho distrito, sobre las «deficientes normas de atención que, en general, se dispensan en las guarderías».La Coordinadora denuncia el vacío legal existente en tomo a este tipo de centros, lo que posibilita que cualquier persona pueda abrir una guardería como si se tratase de un simple negocio, con el único requisito previo de la licencia municipal. La situación es igualmente confusa a nivel de ministerios. Al menos tres, el de Trabajo, Educación y Sanidad y Seguridad Social, conceden subvenciones o ayudas de algún tipo, pero sin ningún tipo de normativa objetiva y sin que exista una clarificación de conceptos sobre lo que es o lo que deberían ser.

Esta situación ha permitido una proliferación de centros infantiles de muy variada procedencia y objetivos: pueden estar sujetos a entidades privadas, a la Iglesia, a particulares que sólo buscan el afán de lucro, a otros particulares más preocupados por los niños y su formación posterior, etcétera. La Coordinadora ha pedido insistentemente a los diversos ministerios que se cree una normativa legal que defina los derechos y deberes mínimos de padres, pedagogos, propietarios y todos aquellos sectores implicados en el funcionamiento de los centros.