Jomeini ordena la suspensión de los procesos políticos

El ayatollah Jomeini, tras una campaña de presión de su Gobierno, ordenó ayer la suspensión de todos los procesos políticos y la próxima sumisión de los llamados tribunales revolucionarios islámicos al control del primer ministro, Melidi Bazargan. La orden de Jomeini, leída ayer en radio Teherán, parece ir orientada a poner fin a la ola de ejecuciones sumarísimas de los antiguos colaboradores civiles y militares del derrocado sha.Una de las primeras consecuencias de la orden del líder c1iiita es la suspensión del proceso seguido contra el ex primer ministro del sha Amir Abbas Hoveida -c...

El ayatollah Jomeini, tras una campaña de presión de su Gobierno, ordenó ayer la suspensión de todos los procesos políticos y la próxima sumisión de los llamados tribunales revolucionarios islámicos al control del primer ministro, Melidi Bazargan. La orden de Jomeini, leída ayer en radio Teherán, parece ir orientada a poner fin a la ola de ejecuciones sumarísimas de los antiguos colaboradores civiles y militares del derrocado sha.Una de las primeras consecuencias de la orden del líder c1iiita es la suspensión del proceso seguido contra el ex primer ministro del sha Amir Abbas Hoveida -con petición de pena de muerte-, que había tenido una enorme repercusión en Europa y Estados Unidos y había provocado, hasta ayer, la intervención del Parlamento Europeo, varias comisiones internacionales de derechos humanos y hasta del dirigente político francés Edgar Faure, ex presidente de la Asamblea Nacional.

La decisión de Jomeini prevé que el Gobierno civil de Irán controle todos los procesos políticos seguidos contra dirigentes del viejo régimen, para los que se tendrán además, que elaborar unas normas estrictas de cómo deben desarrollarse. La orden de Jomeini se hizo pública tras una nueva entrevista entre el líder religioso y Melidi Bazargan, que ha amenazado varias veces con dimitir si no se anula el efecto pernicioso para la imagen mundial de la revolución iraní de los llamados comités revolucionarios islámicos.

El caso Hoveida, hasta ahora quizá el más importante, dado que fue el más directo colaborador del sha en los quince últimos años, estaba listo para sentencia desde el jueves, cuando el fiscal solicitó la pena de muerte. Observadores políticos de la capital iraní señalaban que el objetivo de Bazargan, más que evitar la sentencia, era impedir la ejecución de la misma, ya que hubiese puesto en entredicho el respeto a la ley establecida del acusado, a quien se le privó de cualquier tipo de garantía judicial.

Sintomático de la expectación que este caso había creado en el mundo fue el llamamiento realizado ayer por el secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, que pidió en una declaración que se pongan fin a las ejecuciones en Irán y, sobre todo, se le dote a Hoveida de una defensa legal apropiada.

Mientras tanto, continuó ayer en Irán la campaña de descrédito iniciada por el Gobierno Bazargan contra los comités islámicos, a los que se les atribuye dentro del país el control del poder real en Irán.

Según noticias difundidas por el Gobierno Bazargan, los comités revolucionarios están infiltrados por agentes de la Savak y de la Guardia Imperial del sha, que tratarían de dar una imagen perniciosa de la revolución islámica, con el fin de desacreditarla.

A estos agentes infiltrados, el Gobierno Bazargan lanzó ayer un ultimátum para que se identifiquen o hagan frente, posteriormente, a su ejecución acusados de espionaje.