El elefante en la cacharrería

SEÑALÁBAMOS AYER en estas mismas páginas las negativas consecuencias que para la pacificación de Euskadi puede acarrear al voto adverso de los nacionalistas vascos en el referéndum constitucional. La admisión por la mayoría parlamentaria de dos reivindicaciones de la Minoría Vasca (el restablecimiento de unos derechos históricos anteriores al estallido de la primera guerra carlista en 1836 y la reinstauración de los conciertos económicos vigentes hasta 1936) parecen ser las condiciones de obligado cumplimiento para que el PNV recomiende el voto a favor de la Constitución, norma fundamental sob...

SEÑALÁBAMOS AYER en estas mismas páginas las negativas consecuencias que para la pacificación de Euskadi puede acarrear al voto adverso de los nacionalistas vascos en el referéndum constitucional. La admisión por la mayoría parlamentaria de dos reivindicaciones de la Minoría Vasca (el restablecimiento de unos derechos históricos anteriores al estallido de la primera guerra carlista en 1836 y la reinstauración de los conciertos económicos vigentes hasta 1936) parecen ser las condiciones de obligado cumplimiento para que el PNV recomiende el voto a favor de la Constitución, norma fundamental sobre la que ha de descansar la democracia española.En el plazo de veinticuatro horas, la Comisión Constitucional del Senado, en un portentoso alarde de inconsecuencia, ha introducido alteraciones de significado contrapuesto sobre las autonomías. Anteayer, los votos de UCD modificaron sustancialmente, en una dirección antiautonomista y centralista, los artículos ya aprobados en el Congreso que regulaban el procedimiento para la constitución de comunidades autonómicas y sus competencias en materia judicial y de educación. Ayer, los votos del PSOE y de dos senadores reales se unieron a los de las minorías Vasca y Catalana para aprobar una enmienda según la cual la actualización de los derechos históricos de los territorios forales es sacada fuera del marco constitucional y encomendada a una negociación entre las instituciones de autogobierno de esos territorios y el Gobierno: y que, además, deroga las leyes de 1839 y 1876. no «en tanto en cuanto pudieran conservar alguna vigencia» (como rezaba el texto aprobado en el Congreso), sino «en cuánto pudieran suponer abolición de derechos históricos».

Estos dos pasos en direcciones diametralmente opuestas están profundamente relacionados entre sí. A la ruptura, anteayer, del consenso por UCD -ha respondido, ayer, el PSOE con una acción de represalia de signo inverso. A lo largo de este año, tantas veces se había amenazado, de un lado y de otro, con romper la baraja que los fatigados espectadores de los lentísimos trabajos constitucionales, mortalmente aburridos por tantas tempestades en vasos de agua, habían dejado de dar importancia a esos incidentes. Cuando los representantes de la soberanía popular anunciaron, a finales de julio, la aprobación del proyecto constitucional por el Congreso, muchos creyeron que el largo y penoso período había llegado a su fin. Pero la utilización del Senado por el Gobierno para modificar a su gusto el texto aprobado en el Congreso ha puesto otra vez en marcha esa irritante danza guerrera de ucedistas y socialistas. Con la particularidad de que, esta vez, los gritos advirtiendo la llegada del lobo pueden ser algo más que una broma. puesto que el motivo de la nueva disputa incide sobre el conflictivo tema de las autonomías.

La responsabilidad última de esta crisis recae, obviamente, sobre UCD, que ha entrado en el Senado como un elefante en una cacharrería. No resulta fácil admitir que las enmiendas presentadas, anteayer, por los señores De la Cierva, Ballarín y Valverde, que rompieron los acuerdos trabajosamente conseguidos en el Congreso sobre las autonomías, fueran ocurrencias personales. En primer lugar, porque los tres senadores tienen suficiente inteligencia para saber que no ocupan sus escaños por méritos individuales, reconocidos como tales por el electorado, sino gracias a la inclusión en las listas del partido del Gobierno, al que deben disciplina. En segundo lugar, porque no es verosímil que los restantes senadores de UCD votaran a favor de sus enmiendas por una súbita conversión a sus argumentos.

Esta emboscada parlamentaria de UCD amenaza con revestir de fuerza moral si PNV para rechazar la Constitución. Aunque los nacionalistas vascos seguramente mantendrían en cualquier caso su actitud negativa; el recorte dado a los mecanismos de formación de las comunidades autónomas y a sus competencias les suministra razones sólidas para votar en contra de la Constitución y les evita mostrar la debilidad de sus argumentos alternativos. Pero la prepotencia de UCD ha tenido consecuencias todavía más graves: ha forzado a la Minoría Catalana a cerrar filas con el PNV y ha desatado una vez más la rabieta del PSOE, encolerizado por la ruptura del consenso. El resultado es la aprobación, en la sesión de ayer, de una enmienda dirigida, por un lado, a compensar a la Minoría Vasca por los perjuicios que puede causar a una Euskadi autónoma la alteración introducida por el senador Ballarín, y, por otro, a castigar a UCD por el incumplimiento de su palabra.

El enjuiciamiento del contenido de las enmiendas aprobadas ayer y anteayer por la Comisión Constitucional del Senado no entra en la valoración de lo sucedido. En teoría, todo es mejorable o empeorable en el texto constitucional. En la práctica, sin embargo, es rechazable todo aquello que no sea aprobado por la gran mayoría de los parlamentarios, previa negociación entre los grupos decisivos en las Cámaras. A estas alturas debería estar ya fuera de discusión la validez política de los acuerdos logrados en el Congreso y excluidas las emboscadas, tendidas por sorpresa, para hacer triunfar una enmienda por un corto número de votos. El país necesita una Constitución elaborada con el consenso de las fuerzas políticas que han de articular en el futuro la vida democrática. Y la necesita pronio. Si la Comisión Constitucional ha servido para que algunos senadores desplieguen sus habilidades oratorias y satisfagan sus vanidades, para que UCD trate de jugarcon ventaja en algunos artículos y para que el PSOE monte de nuevo el número de la represalia, confiemos en que el Pleno de la Cámara alta devuelva el texto constitucional al estado en que lo recibió del Congreso, excepto en aquellos puntos sobre los que los grandes partidos (los votos de la UCD y el PSOE unidos, tienen la mayoría absoluta) estén plenamente de ni acuerdo. Antes de pasar al modesto puesto secundario que la Constitución le obrga, el Senado podría hacer este últimófavoría un paísya impaciente porvotar, de una vez, la esperada Constitución.