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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

UCD o Alicia en el país del "boom" de los anticonceptivos

Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

El proyecto de ley de 27 de enero de 1978 denominado enfática, pero engañosamente, de «despenalización de los anticonceptivos», representa el obstinado empeño del Gobierno en celebrar un matrimonio in articulo mortis entre un joven todavía non nato (el derecho al acceso y consiguiente uso de los anticonceptivos como aspecto inseparable del Derecho Constitucional a la intimidad individual) y una dama moribunda (la legislación penal y administrativa acuñada en esta materia por el régimen a partir de la ley de 24 de enero de 1941).

Si lo que el Gobierno pretendía con este proyecto era darnos, una vez más, una imagen escenográfica liberalizadora, lo cierto es que éste denota, precisamente, todo lo contrario: el Gobierno no sólo sigue entonando la música celestial de los «gloriosos años cuarenta», sino que, además, ni siquiera se ha preocupado en cambiar de instrumento; a lo sumo, lo ha afinado.

Así, anclado en una moral tan «nueva» como la caduca y raída del legislador de 1941, el Gobierno, en lugar de acometer una verdadera obra de derribo de la legislación anterior, se ha limitado, como mucho, a retapizar el viejo código de conducta desnutrido de toda sustancia moral con «nuevas» normas represivas, eso sí, ahora de «cuño democrático», pero sin base moral y social alguna; viniendo, en suma, a concluir una obra de firme apuntalamiento represivo aún más pujante, si cabe, en el sentido católico tradicional inspirador de toda la legislación patria en esta materia. Al sancionar, pues, definitiva mente -si las Cortes no lo impiden, todo un aparato secular mente represivo y anulador del derecho a la intimidad individual, el Gobierno ha resuelto el choque insoluble entre ese derecho y la moral estatal en pro de «su moral»; renunciando, de este modo, a ser un fiel barómetro de la moral sexual colectiva actual y optando, en cambio, por mantener ésta sometida a hibernación, al legislar de nuevo en términos de preferencia puramente personales a favor de una ideología moral concreta: el ideal natalista de la Iglesia católica. El dogma nos cierra, una vez más, las puertas de la civilización.

El proyecto de ley en cuestión encierra toda una colección de despropósitos mal hilvanados en un todo cosido y zurcido con desenfadado amasijo y cobijados bajo el manto de una filosofía que hunde sus raíces en un autoritarismo moral de viejo molde. Pese a simular en el preámbulo la intención explícita de «despenalizar las conductas previstas en el artículo 416 del Código Penal con exclusiva referencia a la anticoncepción ... », lo que, en realidad, pretende no es sino recurrir a la burda falacia de enmascarar una punición revisada y aumentada de tales conductas. Pero ahora al socaire de una ingenua coartada aducida como razón legal aparente: la de « ... limitar la protección penal a la salud pública de los ciudadanos». Esgrimiendo la lógica apabullante del diputado de UCD Vázquez Guillén, en el debate sostenido en el Pleno del Congreso: «... desde una perspectiva estrictamente abolicionista de los anticonceptivos.... es muy importante que exista una regulación específica de tipo punitivo para los productos anticonceptivos...»(?)

De tal suerte que, si en la fase eufórica de los años cuarenta la ratio de la punición de los anticonceptivos y abortivos, para un legislador traumatizado por una carga secular de frustración de Imperio, era la argucia de una «política demográfica eficaz» diluida en «la salvaguarda de la sociedad velando por la moralidad de las costumbres ... », en un afán denodado de dar cumplimiento a «la consigna rigurosa de nuestra revolución: elevar y fortalecer la familia en su tradición cristiana, sociedad perfecta y cimiento de la nación ... »; en la fase depresiva de 1978, el Gobierno sigue aferrado a la tradicional razón teológico-moral de la punición, bajo el sofisma de que, en frase del insigne diputado de UCD, «... se nos viene encima el auténtico boom de los anticonceptivos... en el más amplio sentido de la palabra ...» Por lo que, con un encomiable afán previsor, el Gobierno, simultáneamente a la elaboración del proyecto, refundía ya toda la legislación anterior en el real decreto de 1 de diciembre de 1977, prohibiendo la publicidad de «especialidades farmacéuticas para las que esté establecida la prescripción y dispensación obligatoria con receta médica», así como de las enfermedades sexuales...

El concepto de salud pública

Con la finalidad declarada de «proteger al ciudadano en la sociedad de consumo», el concepto «salud pública» es para el Gobierno un compuesto híbrido químico-moral puro, para cuya protección el proyecto, aprobado ya por el Congreso, establece como incuestionable «artículo de fe» la no menos « indestructible » presunción de que los anticonceptivos son per se perjudiciales, no ya para la salud individual, sino para la salud pública. Y cuando decimos anticonceptivos hablamos no sólo de la «píldora» (que, ciertamente, puede estar contraindicada en casos muy concretos), sino también de las esponjas, alcaloides, diafragmas e incluso del condom, curioso objeto que, según puede apreciarse, sigue ocupando la atención preferente de nuestro legislador y que, a tenor del «autorizado dictamen» de la Conferencia Episcopal Norteamericana (Human Sexuality, 1977), «... puede no obstante producir irritación local e interfiere la espontaneidad y naturalidad del acto sexual, aparte, por supuesto, del gasto económico... ».

Castigos

Por consiguiente, en una campaña de sanitización moral, y con independencia del cordón sanitario-administrativo en torno a los anticonceptivos, el proyecto comienza por castigar en todo caso a «los que expendieren medicamentos de cualquier clase o medios anticonceptivos sin cumplir las formalidades reglamentarias» (léase receta médica previa, según O. M. 14-VIII-65). Y con penas incluso superiores (hasta seis años) a los que, sin autorización, elaboren, despachen, vendan o trafiquen, y a los que, con autorización previa, despachen o suministren, sin cumplir las formalidades reglamentarias, sustancias, dispositivos o medios anticonceptivos; pero no en, todo caso, sino tan sólo si éstos son nocivos para la salud. ¿En qué quedamos? ¿Son o no son los anticonceptivos nocivos para la salud pública...? ¿Se aplicará tal normativa a los médicos que prescriban a los farmacéuticos que despachen anticonceptivos nocivos en el caso concreto o se requerirá, por el contrario, para poner en marcha el aparato punitivo, que se produzcan «epizootias anticoncentivas»...?

Y es que el Gobierno sigue enclaustrado en la sabiduría convencional de la pseudociencia médica del régimen, según la cual la disciplina más sana para la salud pública es la continencia sexual a pelo. Por cuanto del «fraude anticoncepcionista» se derivan, en opinión del «maternólogo de la Sanidad nacional», doctor Clavero Núñez, males como los siguientes: «... la mujer que tomó la determinación de no volver a parir, al renunciar a la única razón de su existencia, renuncia a su salud ... : la pérdida del sentimiento de comunidad, las muchas neurastenias y no pocas claudicaciones viriles que sufre el hombre en su autoridad de esposo y de padre.... así como la auto-castración psíquica a que se somete al ejercitar sus funciones de macho con limitaciones y cortapisas ... ». De ahí que el buen doctor no vacile en proscribir la «irrigación vaginal después del coito como medida higiénica por tratarse, en suma, de una práctica de prostíbulo.... al poder interferir el mecanismo normal de la procreación». De modo que «entre gente decente no es higiénica ni honesta... Y por lo que se refiere a la Biología constituye un delito privar a la mujer de los efectos tonificantes que sobre su organismo tienen, al ser absorbidas, las sustancias contenidas en el semen». E incluso califica el «viaje nupcial como una de las costumbres más absurdas de la civilización actual ... ; pues, a poco que dure -y debido al deseo muy natural de aprovechar esta coyuntura para visitar muchos lugares y "verlo todo"- se malogra el primogénito de muchos matrimonios» (Antes de que te cases, 1951).

En realidad, toda la fundamentación del proyecto es una especulación moral espúrea: la presunción de incidencia corruptora de los anticonceptivos en las costumbres sexuales. Así, nuestro Tribunal Supremo castiga como delito de escándalo público el anuncio del «Preventi Pelle» porque «... aun prescindiendo de la doctrina de la Iglesia, en buenos principios de moral, tiende a contrariar la Naturaleza, fomentando el vicio y la prostitución ... » (S. 21 -XII- 193 5 y en sentido similar S. 25-VI-1966). Efecto corruptor confirmado por el Tribunal en S. 1-III- 1977, al condenar por corrupción de menores al procesado que «tras mantener conversaciones sexuales..., dio pastillas anticonceptivas a una muchacha de trece años», con la que yació posteriormente; en base «... a dejar pervertido su ánimo para la realización de otros actos de la misma naturaleza y lesionar... la correcta evolución y desarrollo de su. instinto genésico».

Pecado y penitencia

Ahora bien, es irracional y perverso que mediante la prohibición del libre acceso a los anticonceptivos el Estado imponga a la mujer como «castigo divino» una pena indirecta de retribución. sexual por la fornicación: la preñez no deseada y la consiguiente nota de ilegitimidad de la prole. De modo que aun cuando «el pecado es común, la responsabilidad no es compartida, pues sobre la mujer -como persona y como clase- recaerá la peor parte de las consecuencias del deshonor y reproche social y la pesada carga de la crianza, mantenimiento y educación de la prole ... » (sentencias 13-III y 3 1 -V-74). El proyecto es entonces un espejo que refleja el aura de la más pura antropología religioso-sexual de la patrística y una reverencia seminal rayana casi en la superstición, al hacer realidad la sentencia: «En el pecado se lleva la penitencia. »

Por otra parte, falta toda evidencia científica de la incidencia corruptora atribuida a los anticonceptivos. Ni siquiera existen pruebas de que la actividad sexual de los jóvenes aumente en proporción a la mayor disponibilidad de aquéllos. De idéntico modo, es improbable asumir que el número de preñeces no deseadas que se evitarían cuando se evita el sexo por falta de anticonceptivos, sería incluso sustancialmente mayor que el número de nacimientos ilegítimos que se evitaría a su vez mediante el libre acceso a tales medios. Y es que entre los obstáculos a un acceso efectivo a los anticonceptivos figuran las actuales barreras culturales (falta de información: en España el 60% de los menores de diecisiete años desearían ser informados) y, sobre todo, el carácter episódico del acto sexual a estas edades; factores que son el caldo de cultivo de la actual epidemia de embarazos juveniles.

A falta de estadísticas veraces para nuestro país, según las de The Alan Guttmacher Institute para EEUU, si un 35 % de solteras menores de dieciocho años han tenido en 1976 experiencia sexual íntima, el 53% de hijos ilegítimos procede precisamente de mujeres menores de veinte años; y, curiosamente, de 1.270.000 abortos legales practicados en ese año, el 70% fue de mujeres solteras y predominantemente jóvenes (el 32 %, entre catorce y dieciocho años, y el 36 % entre veinte y veinticuatro años). Asimismo, en Omaha, el 35 % de las pacientes eran católicas, mientras que en Nueva York lo eran el 40% y en Milwaukee, el 55 %.

En consecuencia, si la incidencia de la actividad sexual entre los menores es alta, sus efectos, sin el acceso a los anticonceptivos, serían, y de hecho son, devastadores. Por eso, la espúrea razón moral de la prohibición o restricción de los anticonceptivos es irrisoria y perversa. Es como si el Estado, para dramatizar una prohibición de las motocicletas, prohibiese el uso de los cascos de seguridad.

Por tanto, cuando un Estado condiciona el acceso a los anticonceptivos a la previa prescripción médica, está, en realidad, convirtiendo a los médicos en delegados del poder gubernativo, al inducirles y permitir que sus predilecciones u oposiciones morales sobre el sexo interfieran en cortocircuito en sus juicios técnicos sobre la conveniencia de la indicación.

Invasión del Estado

En definitiva, lo que provoca el proyecto del Gobierno, al convertir en asunto del Estado y de los médicos el decir a los ciudadanos cuándo pueden o deben copular a golpe de receta o previa obtención del nihil obstat del delegado gubernativo de turno, es una invasión intolerable del Estado en el derecho a la procreación como derecho humano básico y como núcleo esencial de derecho a la intimidad. Por cuanto, si éste significa algo, es el derecho del individuo, soltero o casado, joven o adulto, a ser dejado solo o verse libre de intromisiones totalitarias e injustificadas del Estado en materias tan íntimas que sólo a él conciernen.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de julio de 1978