Desavenencias UCD-PSOE a propósito del debate sobre la pena de muerte y el aborto
Por primera vez desde que se iniciaron los debates del proyecto de Constitución en el Pleno del Congreso se aceptó ayer la modificación del texto elaborado por la Comisión, precisamente en cuatro temas con repercusión popular y electoral: la mayoría de edad a los dieciocho años, la abolición de la pena de muerte, el aborto y el derecho de asilo. Las modificaciones introducidas lograron una redacción más progresiva, excepto en lo relativo a dejar abierta la vía para la despenalización del aborto, contra lo que se pronunciaron claramente UCD y AP.
Los términos en que se aprobó el correspondiente artículo sobre el derecho a la vida siguen ofreciendo, sin embargo, cierta vertiente ambigua para futuras interpretaciones. Este tema y el que la abolición de la pena de muerte no contemplara taxativamente los delitos cometidos por personas sometidas al fuero militar, provocaron malestar en el seno del Grupo Socialista.La sesión de la mañana fue fructífera desde el punto de vista del consenso. Todos los argumentos técnicos y políticos que se habían manejado en la Comisión en contra de la constitucionalización de la mayoría de edad a los dieciocho años fueron depuestos por UCD y la propia AP. Nadie, absolutamente nadie, se atrevió a dar motivo de disgusto a esos millones de españoles entre los dieciocho y los veintiún años que votarán en las próximas elecciones. Sin que pueda asegurarse si el motivo era este nuevo consenso u otra negociación, lo cierto es que la actividad del protavoz de UCD, José Pedro Pérez-Llorca fue incesante en distintas áreas del hemiciclo en eso momentos. Sucesivamente, el señor Pérez Llorca se trasladó a los respectivos escaños de los socialistas Alfonso Guerra y Felipe González; de los comunistas Santiago Carrillo y Jordi Solé, y de varios diputados de la Minoría Catalana. Más tarde se acercó al vicepresidente del Congreso -que ejercía momentáneamente la presidencia de la Cámara- Luis Gómez Llorente y poco después, tras conversar con Adolfo Suárez, pidió al lider comunista que saliera con él del hemiciclo.
Al margen de estas conversaciones en la cúspide, ayer se produjo una nueva modalidad de consenso, singular por sus protagonistas y por la naturalidad con que se inició. Durante un descanso de la sesión matinal dos diputados que hasta el momento se habían mostrado reticentes a la fórmula del consenso, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón (UCD) y Pablo Castellano (PSOE), conversaron sobre la regulación del derecho de asilo que iba a discutirse inmediatamente. Dos redactores de EL PAIS fueron testigos del acuerdo de simplificar la fórmula ofrecida por la enmienda socialista e introducir la garantía del derecho de asilo «en los términos que la ley establezca». Logrado este mini-consenso, se puso en marcha el proceso formal, se reunieron los portavoces y pocos minutos después el presidente del Congreso anunció la propuesta conjunta; que obtuvo la aprobación general.
Este espíritu amable sufrió una brusca alteración cuando los diputados de base del Grupo Socialista supieron en qué términos se había acordado la abolición de la pena de muerte, así como que UCD exigía la retirada de todas las enmiendas como condición para presentar la suya, la única que podía prosperarde acuerdo con la matemática de las votaciones. Los diputados socialistas celebraron una reunión en un descanso concedido estratégicamente por la presidencia. En la reunión, algunos diputados, espe cialmente los de mayor edad plantearon sus dudas sobre si la redacción propuesta por UCD podría suponer, por ejemplo, la aplicación de la pena de muerte a un trabajador que hubiera cometido un delito estando militarizado con ocasión de una huelga general Alfonso Guerra ofreció seguridades sobre la imposibilidad de este planteamiento y explicó también las razones por las que no se podía solicitar una votación secreta (único sistema por el que podían abrigar alguna esperanza de que. prosperara su propia enmienda).
Los diputados socialistas se reincorporaron al hemiciclo con algunos minutos de retraso sobre el resto de los componentes de la Cámara, que les esperaron pacientemente. Fueron recompensados con el voto favorable a la enmienda de UCD de todo el bloque socialista, excepto Juan Luis Colino, diputado por Valladolid, cuyo voto quedó registrado como abstención.
Pero si el ambiente se había alterado sólo ligeramente en relación con este planteamiento, la alteración fue mucho mayor cuando prosperó la enmienda de AP, que intentaba, según palabras de su portavoz, dejar cerrada la vía a una posible despenalización del aborto. UCD apoyó la enmienda y su diputado José Luis Meilán hizo profesión de fe antiabortista.
El Partido Nacionalista Vasco, de ideología democristiana, prefirió mantenerse en cierto margen de ambigüedad y no se declaró antiabortista, sino no-abortista, lo que tiene una difícil interpretación, ya que no abortistas son también los grupos de izquierda, en el sentido de que nadie propone fomentar su práctica.
En la explicación de voto sobre el tema del aborto pareció como si hubiera desaparecido el espíritu de consenso. Gregorio Peces-Barba atacó no sólo a AP, sino también a UCD, que se había asustado y había cambiado su voto. Declaró que la redacción aprobada no tiene la trascendencia que se le quiere dar, porque dependerá de quien tenga el poder y la mayoría.
Las palabras socialistas, vibrantemente aplaudidas desde la izquierda, fueron replicadas de forma fulminante (siempre dentro del trámite de la explicación de voto) por José Pérez Llorca, quien aseguró que UCD no tiene ambigüedades ni miedos internos, y se mostró asombrado porque un jurista de la talla del señor Peces-Barba pudiera decir que el derecho depende del poder y de la fuerza.
