Desalojada una familia que ocupó un piso vacío en San Blas

Funcionarios de policía afectos a la comisaría del barrio de San Blas efectuaron, ayer por la mañana, el lanzamiento de la familia que había ocupado, en el mes de septiembre pasado, un piso en el dicho barrio, vacío desde hace unos seis años. La vivienda, perteneciente a la extinguida Obra Sindical del Hogar y, por tanto, de protección oficial, tenía como titular a José María López Aparicio, periodista perteneciente a la redacción del diario Ya.Los desahuciados constituyen un matrimonio, de veintiuno y diecinueve años, con dos hijos de corta edad, una niña de dos años y un niño de veint...

Funcionarios de policía afectos a la comisaría del barrio de San Blas efectuaron, ayer por la mañana, el lanzamiento de la familia que había ocupado, en el mes de septiembre pasado, un piso en el dicho barrio, vacío desde hace unos seis años. La vivienda, perteneciente a la extinguida Obra Sindical del Hogar y, por tanto, de protección oficial, tenía como titular a José María López Aparicio, periodista perteneciente a la redacción del diario Ya.Los desahuciados constituyen un matrimonio, de veintiuno y diecinueve años, con dos hijos de corta edad, una niña de dos años y un niño de veinte días.

Antonio García, un fontanero en situación de paro, y su familia tienen prometida la adjudicación de una vivienda de nueva construcción en Alcalá.

Mientras se procedía al lanzamiento de los ocupantes, Fernando Salas, abogado de la Asociación de Vecinos de San Blas, se dirigía al Juzgado de Instrucción número 10 de los de Madrid para inquirir del juez la paralización del desalojo, en base a que la propiedad estaba siendo detentada por una persona a la que, según la legislación vigente, no le correspondía. Sin embargo, cuando el juez había accedido a un aplazamiento del mismo durante quince días, la policía le comunicó que los muebles que habían sido introducidos ya estaban en la calle y el lanzamiento, por tanto, estaba prácticamente terminado. Acto seguido, el mismo Juzgado extendió una orden por la que solicitaba de la policía el precintado de la puerta y que las llaves fueran puestas a disposición judicial, en tanto se decidiera si la vivienda estaba bien adjudicada o no. Mientras tanto, el señor López Aparicio había contratado los servicios de un cerrajero que colocó una nueva cerradura en la puerta.