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Editorial:

Las razones de Tarradellas

LA AUSENCIA de protocolo en la recepción que el Gobierno ha dado al señor Tarradellas a su llegada a Madrid ninguna representación oficial de alto nivel le esperaba en la estación de Chamartín- no ha sido seguramente una descortesía deliberada. Pero deja traslucir el equivoco que subyace tanto a las relaciones del Poder central con las instituciones de la Generalidad provincial de Cataluña como a las concepciones globales que, respecto a la cuestión de las autonomías, mantiene el partido del Gobierno.Este periódico no escatimó las críticas al señor Tarradellas cuando, en la etapa de transición desde la legalidad del antiguo régimen a las instituciones democráticas, el presidente en el exilio de la Generalidad entorpeció las negociaciones entre el Gobierno y la «comisión de los nueve». Su insistencia en hacer prevalecer su legitimidad histórica sobre las realidades nacidas en la Península a lo largo de varias décadas podía crear una brecha entre los planteamientos generales para el restablecimiento de la democracia en España y las reivindicaciones específicas de Cataluña.

Sin embargo, las elecciones generales de junio de 1977 fueron la ocasión para una inesperada y sorprendente inversión de las alianzas. El triunfo en las urnas de socialistas y comunistas motivó al Gobierno a buscar en el señor Tarradellas a ese interlocutor válido del que carecía en Cataluña. Por su parte, el presidente de la Generalidad en el exilio vio en ello, sin duda, la oportunidad de devolver a su país las instituciones de autogobierno suprimidas desde la guerra civil. La Asamblea de Parlamentarios fue, en un principio, marginada del tema, pero a la postre hay que decir que los resultados no son tan malos y la gestión del señor Tarradellas ha tenido importantes aspectos positivos. La transición desde el rígido centralismo, que persiguió con saña el idioma, la cultura y la bandera de Cataluña, al reconocimiento de los derechos históricos del pueblo catalán se ha realizado de manera pacífica y sin traumas. El buen oficio de político profesional del actual «president» y su capacidad para la negociación han jugado seguramente un papel decisivo en ello y lo ha llevado a cabo rompiendo el desconocimiento que de su figura se tenía fuera de Cataluña -incluso a nivel gubernamental- tras sus largos años de travesía del desierto en el exilio. Tuvo que ser el propio Monarca quien pusiera a su Gobierno sobre la pista de esta especie de De Gaulle ampurdanés tan colmado de astucía política como de sentido común y un realismo a toda prueba.

Ahora el señor Tarradellas no parece dispuesto a prolongar de forma indefinida la transición hacia la plena autonomía de Cataluña que disfraza con el nombre de «régimen preautonómico» una versión ligeramente ampliada y corregida de las mancomunicades de diputaciones. Cinco mil funcionarios de la Administración provincial y 8.000 millones de pesetas de presupuesto son todos los instrumentos que la Generalidad provisional tiene en su mano. Las comisiones de transferencia de las competencias de la Administración local y central a la Generalidad provisional apenas acaban de ser constituidas y no parecen animadas de una excesiva prisa o diligencia. Para colmo, la incoherente y alocada política gubernamental de preautonomía, que parece más una rifa de favores que una línea de conducta meditada, puede ser interpretada en ocasiones como el intento de anegar en un mar de simples descentralizaciones administrativas la especificidad de las instituciones de autogobierno que Cataluña -y también el País Vasco- no han recibido como mercedes, sino que han conquistado como derechos amparádos en la tradición, la cultura y la historia.

En esa perspectiva, el viaje del señor Tarradellas cobra una indudable importancia. El presidente de la Generalidad viene a Madrid a recordar quizá promesas incumplidas y a dejar claro que no es un supergobernador civil o un presidente de una mancomunidad de cuatro diputaciones provinciales. Confiemos en que el Gobierno sepa entenderlo y abandone su tendencia a confundir la política de Estado con la maniobra a corto plazo o el deseo de satisfacer a sus clientelas electorales. La unidad de España no sólo no es incompatible, sino que se refuerza con la autonomía de las comunidades históricas que han mostrado bien a las claras su decisión de disponer de instituciones de autogobierno. La descentralización administrativa y la negociación de estatutos autonómicos con otras regiones, así como una política de ordenación del territorio que disminuya las enormes disparidades de riqueza y empleo dentro de la Península, en ningún caso deben realizarse a costa de minusvalorar o vaciar de contenido a las instituciones de autogobierno como la Generalidad. O ésta es un instrumento de poder real o no es nada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 4 de abril de 1978