Carter podría intervenir para solucionar la huelga del carbón

La huelga de los mineros, que ha batido todos los récords de duración ya que comenzó el 6 de diciembre del pasado año, puede causar en el sector industrial del país -de hecho ya se han sentido sus efectos- una grave crisis. Tanto la General Motors como la Chrysler se han visto forzadas a despedir a cientos de trabajadores y ambas industrias han anunciado que, de continuar así la situación, no sólo se verían forzadas a más despidos, sino también a paralizar la producción de automóviles, al tener que cerrar sus factorías en Ohio.En el mes de febrero se propuso a los mineros una fórmula de contrato, que fue rechazado sin llegar ni a negociaciones previas. Por tanto, aunque miembros de la Casa Blanca que han intervenido en estas últimas negociaciones dicen haber logrado una gran victoria para el liderazgo presidencial, el presidente Carter mantiene una actitud más reservada, ya que en febrero decidió seguir una política de no. intervención.

Fue la semana pasada, cuando Carter convocó a las partes enfrentadas para resumir las negociaciones en la Casa Blanca, recordándoles que si no lograban un acuerdo en esta ocasión «no tendría más remedio que tomar medidas muy graves». Estas medidas a que Carter se refería son los poderes presidenciales en una situación como esta, poderes no ejercitados muy a menudo, dada la gran fuerza de los sindicatos norteamericanos y su capacidad de organización.

La primera medida que Carter podía usar es la aplicación de la «ley Taft-Hartley», de acuerdo con la cual los mineros serían o ligados a volver a sus puestos durante un período de ochenta días de «enfriamiento». Fuentes gubernamentales expresaron sus dudas sobre esta medida, ya que los mineros militantes podrían ignorarla, tal como lo hicieron en 1948 y en 1958. cuando Truman intentó usar esta vía para terminar con las huelgas.

Dadas las facultades presidenciales que figuran en la Constitución, Carter podría influir sobre el Congreso y convocar sesiones extraordinarias para adoptar cualquier medida sobre un problema nacional que juzgue importante.

El presidente planteó la posibilidad de que si a los diez días de tomadas las medidas que le otorga su poder ejecutivo no se llegaba a un acuerdo, el Gobierno se haría cargo de las minas, apoyado por las agencias federales, declarando el estado de excepción en todos los estados que fuera necesario y movilizando a la Guardia Nacional. En cualquier caso, las perspectivas de éxito de unas soluciones impuestas «drásticamente» no son buenas.