Fuerzas de Orden Público: ¿militares o policías?

Ex comandante del Ejército de Tierra

Desde diversos ángulos se cuestiona actualmente a los cuerpos encargados del orden público en España: posturas ideológicas, dureza de métodos, dependencia única del poder central, fuero y organización militar, etcétera. Indudablemente, como todas las instituciones que existieron durante el régimen anterior, estos cuerpos han tenido, lógicamente, la influencia del sistema dictatorial, incluso más que otros, dada su obligada función de soportes y guardianes de la situación, en que se identificaba siempre Estado con ideología oficial y orden público, con exclusión de discrepantes. Así, pues, y partiendo de la necesidad, que nadie niega, de un servicio público que haga frente a la delincuencia y ayude y proteja a los ciudadanos de cualquier eventualidad, se plantea la conveniencia urgente de una reforma profunda de los cuerpos encargados de ese servicio. En esa reforma hay muchos aspectos a contemplar, relacionados con los problemas enunciados: formación democrática y ciudadana de sus miembros, tecnificación y entrenamientos adecuados para ser eficaces y populares al tiempo, dependencia de los poderes locales y autonómicos dentro de una necesaria coordinación, etcétera.

Sin embargo, una de las cuestiones principales, ahora mismo puesta en evidencia por su mención en el pacto de la Moncloa y que creo que condiciona las demás, está en el encuadramiento o fuero (para emplear la terminología actual) que reciban; es decir, su consideración como funcionarios civiles o militares. Lamentablemente, por el momento, parece que éste es un tema resuello, pues, según las referencias del pacto aparecidas en la prensa, quedarán los tres cuerpos estatales de policía como estaban durante los últimos cuarenta años: el Cuerpo General de Policía, con estatus y organización civil y dependencia del Ministerio del Interior, la Policía Armada con fuero y organización militar, pero dependencia total del mismo ministerio, y la Guardia Civil, con fuero, organización y dependencia jerárquica militar (del Ministerio de Defensa) y sólo dependencia funcional del Ministerio del Interior.

Si a esa complicada estructuración se añade que la Policía Armada no dispone de un escalafón único y cerrado, en el que sus grados superiores se nutrieran por el ascenso sucesivo de sus elementos de base, sino que cubre esos grados (de teniente a comandante, en forma parcial, y desde ese grado a general totalmente) con oficiales y jefes de las armas de Infantería y Caballería del Ejército, así como los cometidos técnicos auxiliares con otros militares de los cuerpos de Sanidad, Armamento y Construcción, Jurídico , Clero, Música, etcétera, y diplomados de Estado Mayor, podremos fácilmente por ello darnos cuenta del carácter estrictamente militar de este cuerpo. Si a ello añadimos que todos estos militares siguen manteniendo una dependencia personal con el Ministerio de Defensa, bastándoles una simple petición de destino para reintegrarse en el Ejército, creo que no será aventurado afirmar que la Policía Armada es una parte más de ese Ejército, en tanta o mayor medida que un cuerpo policial.

La Guardia Civil, contrariamente, sí dispone de escalafón propio de oficiales formados en una academia especial, pero, además de efectuar parte de esa formación en la Academia General Militar, de tener una rígida estructuración castrense y de su encuadramiento jerárquico en el Ministerio de Defensa, tampoco sus máximos elementos ejecutivos y asesores son funcionarios del cuerpo. Efectivamente, su director general es un teniente general del Ejército de Tierra, asistido por un nutrido Estado Mayor, formado en exclusiva por generales, jefes y oficiales con ese diploma del Ejército, contando además, como la Policía Armada, con militares de cuerpos y armas técnicos para cometidos específicos (Sanidad, Transmisiones, Armamento y Construcción, Jurídico, Clero, etcétera).

Dejando, por tanto, aparte al Cuerpo General de Policía, que siempre tuvo carácter civil, me parece que nadie me contradecirá si afirmo que nuestras Fuerzas de Orden Público forman un auténtico ejército, profunda mente relacionado y dependiente del Ministerio de Defensa. Y ante esta situación, que a don Manuel Fraga le parece normal y positiva hasta el punto de calificar de demencial un supuesto intento de cambiar parcialmente el Fuero de la Guardia Civil, yo, que quizá tengo algo de demente, me pregunto: ¿por qué?

Porque el país, nuestro país, el de todos, no sólo de los que intentan perpetuar situaciones establecidas, ¿qué necesita para su orden público, entendido como una forma de la convivencia, un ejército o una policía? ¿Son acaso ambas instituciones lo mismo? Yo, sinceramente y con todo respeto para la opinión contraria, creo que son, o, mejor dicho, deben ser, profundamente diferentes, sin menosprecio, para ninguna de ellas; entiendo que, aunque ambas instituciones tienen una estructura jerárquica y están armadas (aun esto último es discutible y recuérdese, si no, a los desarmados agentes de policía ingleses), sus misiones, funcionamiento, técnicas y mentalidad deben ser absolutamente distintas.

¿Qué características positivas puede tener una militarización de instituciones con funciones civiles? Me parece entender que los partidarios de ello ven como positivo el carácter de mayor coacción o fuerza del actual fuero castrense: jurisdicción propia en materia jurídica, disciplina férrea interna, indiscutibilidad de sus acciones, etcétera. Pero, y prescindiendo por el momento de que todas estas características deberán ser revisadas para el propio Ejército (así lo hace en su forma prevista el ministro de Defensa), ¿qué interés tiene su aplicación en los defensores del orden y la paz ciudadana? ¿No será que se quiere perpetuar uno de los recursos de la dictadura, que para acallar a cualquier disidente no vacilaba en militarizar, no sólo a la policía, sino también a la justicia, a los ferrocarriles, a los carteros, a los mineros, etcétera, etcétera?

¿Es razonable pensar que un oficial del Ejército, preparado para combatir en guerras convencionales, guerrilleras o atómicas, pero guerras al fin, con unos medios y un enemigo fáciles de definir, pero complejos de enfrentar, esté automáticamente preparado para dirigir, formar y controlar a funcionarios cuya acción es detener a unos ladrones o proteger a ciudadanos atemorizados por terroristas incontrolados o colaborar en el desarrollo pacífico de una manifestación o tantas otras misiones auténticamente civiles?

Por supuesto, la capacidad y aficiones personales de cualquiera pueden suplir la falta de formación, pero bajo un punto de vista estrictamente funcional no me parece muy eficaz el sistema. Y también, bajo otra perspectiva, ¿no preferirían los policías subordinados, en el caso de la Policía Armada, ser mandados por jefes especializados, con su mismo origen y formación?

Quizá puede argüirse que la previsión de que en una situación de estado de guerra el control de todas las fuerzas del país deba quedar bajo el mando militar, obligue a la militarización previa en paz de las Fuerzas de Orden Público. Según esa teoría habría que militarizar también permanentemente a la industria, a los ferrocarriles, al servicio de Correos, a la Policía Municipal, etcétera, etcétera; es decir, a todo aquello que se militariza, de una u otra forma, en caso de guerra; ¿no será lo lógico esperar para hacerlo al momento real, que ojalá nunca llegue, del conflicto bélico, incluso para todo tipo de policía?

Finalmente, tampoco me parece convincente apoyarse en tradiciones o en comparaciones con policías más o menos militarizadas de otros países. Aparte de poder presentar muchos ejemplos de fuerzas del orden civiles, especialmente en países democráticos, creo mucho más contundente el argumento de la necesidad de una eficacia y de unos procedimientos democráticos, para preconizar un cambio profundo, estructural y cualitativo en nuestros cuerpos de orden público. Cuerpos que, en cualquier caso, merecen de todos el mayor respeto, dentro del deseo natural de que ejerzan sus funciones con procedimientos cada vez más eficaces y más humanos.