Las asociaciones en trámite no aceptan las condiciones del Ministerio de Gobernación

A partir del próximo domingo, las asociaciones vecinales y de amas de casa que actualmente se encuentran en trámite, iniciarán una serie de asambleas en sus locales para estudiar las medidas que puedan tomar ante la forma en que la Dirección General de Política Interior está legalizando las asociaciones, según anunció la comisión de asociaciones de vecinos en trámite en el curso de una rueda de prensa celebrada el martes. Las condiciones que de cara a la legalización pretende imponer dicha Dirección General, y que las entidades ciudadanas no parecen dispuestas a aceptar, son la exigenci...

A partir del próximo domingo, las asociaciones vecinales y de amas de casa que actualmente se encuentran en trámite, iniciarán una serie de asambleas en sus locales para estudiar las medidas que puedan tomar ante la forma en que la Dirección General de Política Interior está legalizando las asociaciones, según anunció la comisión de asociaciones de vecinos en trámite en el curso de una rueda de prensa celebrada el martes. Las condiciones que de cara a la legalización pretende imponer dicha Dirección General, y que las entidades ciudadanas no parecen dispuestas a aceptar, son la exigencia de modificar el nombre de la asociación intercalando un patronímico; la obligatoriedad de insertar en los estatutos la expresa exclusión de todo móvil político de sus fines y la constitución de nuevas secciones o comisiones, así como otras decisiones que afecten a la marcha de la asociación tengan que ser aprobadas en asambleas generales extraordinarias y por una mayoría de dos tercios y no por mayoría la simple como hasta ahora venían haciendo y por último, el que impongan la limitación de que sólo puedan ser socios de pleno derecho los vecinos del barrio, excluyendo quienes tengan algún interés o vinculación con la zona.El punto más conflictivo es el referente a la exclusión de actividades políticas, porque según manifestó la comisión en la rueda de prensa, cualquier actividad ciudadana, desde la lucha por la carestía hasta la petición de amnistía laboral puede ser interpretada por la autoridad gubernativa como actividad política con lo que la asociación habría incumplido uno de sus fines y darla lugar al cierre o suspensión de la misma.

Todos estos puntos serán discutidos en las asociaciones y finalmente, el día 3 de diciembre celebrarán una reunión con junta en la que se decidirá la medida para conseguir la legalización conjunta de todas ellas.