El informe del Tribunal Supremo será elevado al Consejo de Ministros

El asunto de la Lockheed podría verse ante la jurisdicción militar, en lugar de la ordinaria, en base a que algunos de los principales presuntos implicados serían funcionarios, concretamente militares, mientras que los paisanos insertos en el procedimiento que se sigue serían en su mayor parte encubridores u hombres de paja. La decisión será tomada próximamente en junta de fiscales generales del Tribunal Supremo. En todo caso habrá de tenerse en cuenta la naturaleza no típicamente militar del presunto delito, que sería el de cohecho, lo cual debería hacer recaer sob...

El asunto de la Lockheed podría verse ante la jurisdicción militar, en lugar de la ordinaria, en base a que algunos de los principales presuntos implicados serían funcionarios, concretamente militares, mientras que los paisanos insertos en el procedimiento que se sigue serían en su mayor parte encubridores u hombres de paja. La decisión será tomada próximamente en junta de fiscales generales del Tribunal Supremo. En todo caso habrá de tenerse en cuenta la naturaleza no típicamente militar del presunto delito, que sería el de cohecho, lo cual debería hacer recaer sobre la jurisdicción penal ordinaria la competencia del asunto, dado que el artículo 11 de la ley de Enjuiciamiento Criminal establece: «El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria.»Como apuntábamos ayer, parece ya seguro que el informe elaborado por el fiscal del Tribunal Supremo quedará concluido de aquí a una semana, o semana y media, y sería elevado al siguiente Consejo de Ministros al que tenga lugar mañana. Dentro de este trabajo que se realiza en la Fiscalía del Supremo, aún pueden ser llamadas varias personas a informar, en calidad de presuntos implicados o de testigos, del mismo modo que lo han hecho las numerosas personas, militares y paisanos, interrogadas hasta ahora.

Respecto a Luis Rey. Rodríguez y el coronel Carlos Grandal, supuestamente implicados en el caso, siguen conservando todos los derechos dentro de su situación de disponibles, que implica expectativa de destino, cambio éste que será decidido por el ministro del Aire o por el jefe de la región aérea a que pertenezcan. La decisión que se tome se hará pública en el Boletín Oficial del Estado, mediante una orden ministerial. A efectos de la investigación del caso, los dos oficiales dependen del Tribunal Supremo, organismo que determinará la jurisdicción competente que se encargue del caso.