La contumacia rusa en la trampa
El COI quiere a los rusos en Tokio como sea, pero aceptará con desgana el mal menor que propone la Agencia Mundial Antidopaje
La Agencia Mundial Antidopaje tomó una decisión que trasciende el ámbito deportivo y la sitúa en el complejo tablero político, económico y jurídico que configura el convulso mundo actual. La resolución, que sigue las recomendaciones elaboradas por un comité de expertos durante los últimos tres años, prohíbe la participación de Rusia en las grandes competiciones internacionales hasta 2024. El veto incluye los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de fútbol de Qatar, en 2022. Como ocurrió en los Juegos de Río 2016, celebrados en medio de una polvareda similar a la actual, los deportistas rusos podrán participar en Tokio sin himno ni bandera nacional.
Todo indica que Rusia apelará y que el caso se trasladará en breve al Tribunal de Justicia Deportiva, pero el precedente de Río 2016 invita a pensar que las sanciones apenas se verán afectadas. La AMA castiga esta vez un caso de contumacia en la trampa, promovida de forma sistemática desde hace años por el Estado ruso, con un carácter similar al infame programa 16:25, establecido por la República Democrática de Alemania (RDA) durante la guerra fría para utilizar sus fraudulentos éxitos deportivos como palanca propagandística del régimen comunista.
El vasto plan ruso se descubrió meses después de celebrarse los Juegos de Invierno de Sochi, en 2014, donde los éxitos de sus deportistas quedaron manchados por las consecuencias de un fraude gigantesco. La trama fue revelada al milímetro por Grigory Rodchenkov, jefe del laboratorio antidopaje de Moscú, hasta entonces honrado con condecoraciones y ahora sometido en su país a una incesante campaña de descrédito.
Rodchenkov, que huyó a Estados Unidos, donde se encuentra en paradero desconocido para evitar represalias —dos de sus colaboradores más cercanos murieron en circunstancias poco aclaradas—, detalló la enorme magnitud de una trama que afectaba a miles de deportistas y que alcanzó su apoteosis en los Juegos de Sochi. Desde un laboratorio secreto, situado junto al laboratorio oficial antidopaje, se cambiaban las muestras de orina de los medallistas rusos por recipientes con fluidos limpios, un butrón en toda regla que consternó al mundo del deporte cuando fue descubierto.
A la exclusión de los Juegos de Río 2016 se añadió el cierre en Moscú del laboratorio de la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) y la exigencia a las autoridades de garantías de limpieza en el control de sus deportistas. No sin polémica, la AMA accedió a la reincorporación del laboratorio de Moscú al sistema global de lucha contra el dopaje. A cambio, los rusos se comprometieron a entregar todos los datos de los controles que hasta entonces habían permanecido ocultos.
Los investigadores adscritos a la AMA acudieron a Moscú y recibieron la información solicitada. Existía un problema: la información era falsa. El big data ruso estaba manipulado. Los expertos antidopaje descubrieron que se habían alterado, y posiblemente perdido para siempre, datos de miles de deportistas, certeza que ha desembocado en la decisión que vuelve a excluir oficialmente a Rusia de los principales acontecimientos deportivos.
Rusia ha rechazado la responsabilidad que le atribuye la AMA y considera que es una sanción improcedente, hostil y política, a pesar del peso de las evidencias. Los sectores más críticos con la corrupción rusa califican la decisión de blanda y tolerante con el fraude. El Comité Olímpico Internacional actúa con la tibieza que le caracteriza. Quiere a los rusos en Tokio como sea, mejor con himno, bandera, equipo oficial y patrocinadores a todo gas, pero aceptará con desgana el mal menor que propone la Agencia Mundial Antidopaje. Al fin y al cabo, a los Juegos de Tokio llegará una fortísima delegación procedente de Rusia, acompañada por un enorme séquito de gente y lo que eso significa: influencia, dinero y negocio. Mucho negocio.
