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El TAD decide por tercera si abre expediente a Villar y Sáez

Los presidentes de las federaciones de fútbol y baloncesto, pendientes del tribunal

Villar, en el Congreso de la FIFA.
Villar, en el Congreso de la FIFA. EFE

Por tercera semana consecutiva, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) debe decidir si abre expediente al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y a su vicepresidente económico, Juan Padrón, por presuntos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife. El TAD también debe votar si incoa expediente al presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Sáez, y a su vicepresidente Luis Giménez por imputar gastos personales a las cuentas federativas.

En las dos últimas reuniones, el TAD dijo necesitar tiempo para estudiar con detenimiento la documentación que verifica los hechos denunciados. En el caso del Recreativo, la Federación financió al club onubense con un préstamo de 216.000 euros concedido el 24 de agosto de 2015, a menos de una semana para que se iniciara la competición. El dinero fue destinado a pagar al exentrenador del Recre, José Luis Oltra. De no haber cumplido con el técnico, el club no podría haber tramitado las licencias federativas y no habría podido iniciar la competición. El pago a Oltra se hizo a través del Comité Nacional de Entrenadores para eludir el embargo de la Agencia Tributaria. Según fuentes federativas, fueron Ángel María Villar y Juan Padrón los que ordenaron el pago al administrador general José María Castillón. El préstamo fue avalado por Pablo Comas, presidente del Recreativo, con 375.000 euros que debía recibir del G-35 (grupo de clubes de Primera y Segunda) por ayudas al descenso.

Sin embargo, el club onubense nunca recibió ese dinero pues no había abonado su parte alícuota para recibir la ayuda. Solicitó al Betis que se la abonara por una deuda que la entidad mantenía con ellos por el traspaso de Chuli al Almería, del que le correspondían unos 80.000 euros. El Betis aceptó la cesión de crédito, pero, según fuentes del club sevillano, no pudo hacerlo por el embargo al que estaba sometido el Recre.

Este periódico ha tenido acceso a documentación en la que un directivo del Betis comunica el 30 de julio a la Liga que no puede pagar la deuda del Recre. Comas defiende que, cuando la Federación aceptó financiarle, el 24 de agosto, tenía garantizado el pago del G-35, que le habría dado su consentimiento a esa cesión de crédito al Betis. La Federación también consintió que el Recre compitiera sin el aval que garantiza el cobro a los jugadores, que ya han denunciado impagos.

En el caso del Marino de Tenerife, ciudad de Padrón, la Federación pagó a través del sindicato de futbolistas (AFE) una deuda de 166.000 euros que el club tenía contraída con jugadores en la temporada 1991-92, cuando militaba en Segunda B. Sin el abono de esta deuda, el Marino no podría haber competido en dicha categoría cuando la recuperó en 2012-13. Este diario también ha tenido acceso a documentación en la que por orden de Marcelino Maté, presidente de la Comisión de Segunda B, se ordena el pago a la AFE por la misma cantidad un año después. Este documento choca con el desmentido de la federación tinerfeña en el que aseguraba que el Marino no recibió comunicación alguna por parte de la FEF ni de la AFE sobre deudas que impidieran su participación en Segunda B. El TAD debe preguntarse ¿por qué motivo se ordenó ese pago entonces?

 

Un fallo que se está haciendo esperar

Ante estos hechos, el TAD, debe decidir si hay indicios para abrir expediente a los directivos del fútbol, Villar y Padrón, y a los de baloncesto, Sáez y Giménez. La decisión puede que la tomen solo dos de sus miembros ante las abstenciones de su presidente Enrique Arnaldo, por haber pertenecido hasta hace poco al Comité Jurisdiccional de la FEF, y de Tomás González Cueto, porque Villar contrató a un abogado que trabaja para su mismo despacho.

A la tercera puede ir la vencida en el tribunal después de que el 19 y 26 de febrero se pospusiese la decisión. Los miembros alegaron que necesitaban más tiempo para deliberar, pero negaron que estuvieran recibiendo presiones.

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