INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

La Defensora del Pueblo europeo acusa a Almunia de entorpecer la investigación al fútbol español

El comisario español considera “inaceptable” la mención a un posible conflicto de intereses Insinúa que el hecho de que el político sea socio del conjunto rojiblanco podría afectar a su participación

Almunia, durante una comparecencia en Bruselas.
Almunia, durante una comparecencia en Bruselas. YVES HERMAN / REUTERS

Más leña para la polémica que destapó ayer el ministro José Manuel García-Margallo. La defensora del Pueblo Europeo ha intervenido hoy en el expediente que la Comisión Europea está a punto de abrir a siete clubes de fútbol españoles. La irlandesa Emily O’Reilly anuncia en un comunicado que ayer pidió al equipo del comisario Joaquín Almunia que deje de retrasar la decisión que podría transformarse en una multa millonaria al Madrid, el Barça y otros cinco equipos por recibir ayudas públicas ilegales. O’Reilly da un paso más allá y se hace eco de las acusaciones de que Almunia –socio del Athletic de Bilbao, uno de los clubes investigados- podría estar entorpeciendo la investigación por motivos personales.

“La Comisión ha fallado al no dar respuesta a una queja durante más de cuatro años. No se trata solo de mala administración, sino que los ciudadanos europeos podrían detectar un conflicto de intereses dados los fuertes lazos del comisario con uno de los clubes investigados”, señala la defensora en un comunicado. Los inversores de los clubes europeos que presentaron la reclamación recordaban no solo que Almunia es un conocido seguidor del Athletic, sino que en 1990, cuando se aprobó la ley del deporte que permitió a cuatro clubes acogerse a un régimen fiscal más beneficioso, era ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno que presidía Felipe González.

El portavoz del vicepresidente de la Comisión y titular de Competencia ha replicado esta mañana que las insinuaciones de conflicto de intereses son “inaceptables”. También ha confirmado que en su reunión de mañana, el colegio de comisarios abordará un expediente sobre el fútbol español, aunque ha rehusado dar más detalles. En el comunicado, O’Reilly muestra su confianza en que Bruselas abra la investigación ya y “disipe todas las sospechas”.

El proceso está aún en una fase inicial y la Comisión no ha tomado ninguna decisión firme. El Gobierno español defenderá que los siete clubes han cumplido estrictamente la legalidad. Pese a todo ello, la defensora señala que, según los demandantes, las ayudas ilegales que los clubes podrían estar obligados a devolver ascenderán a varios miles de millones de euros. Mientras, según recuerda la defensora, España ha pedido cientos de miles de millones a los contribuyentes europeos. En realidad, el monto del rescate europeo a la banca española ha rondado los 40.000 millones de euros.

La investigación que se abrirá esta semana al Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche obedece a tres prácticas que podrían ser ilegales. La primera acusación es trato de favor a los cuatro primeros clubes por eximirles de la obligación de convertirse en sociedades anónimas deportivas. La razón por la que no fueron obligados a convertirse en SAD tras la aprobación de la Ley del Deporte de 1990, es por que todos ellos se encontraban saneados. La segunda, el que las ayudas concedidas por la administración valenciana a los tres equipos de su comunidad van contra las normas europeas. Y la tercero afecta a las operaciones inmobiliarias ligadas al Madrid y el Athletic.

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