La Audiencia Provincial de Madrid reabre la 'Operación Puerto'

El tribunal ordena al juez Serrano que investigue si es delito la forma en que se conservaron las 200 bolsas de sangre

La Audiencia de Madrid ha decidido reabrir las diligencias de la Operación Puerto, la mayor trama mundial de dopaje en el ciclismo, descubierta en España en mayo de 2006 y que ha cuestionado a quienes hasta ese momento eran las principales figuras del ciclismo mundial: el alemán Jan Ullrich, el italiano Ivan Basso o el español Óscar Sevilla, entre otros muchos. El impacto de la Operación Puerto en los dos últimos Tours ha sido devastador, con casi 60 ciclistas implicados.

La Sección Quinta de la Audiencia madrileña va a ordenar al juez Antonio Serrano, instructor de la Operación Puerto, que reabra las pesquisas e investigue si constituye un delito contra la salud pública la forma en que el cabecilla de la trama —el médico deportivo Eufemiano Fuentes— conservó las 200 bolsas de sangre que iban a ser destinadas a ciclistas y atletas para aumentar artificialmente su rendimiento en la alta competición. Estas bolsas de sangre, extraídas para su reinfusión a los propios deportistas en habitaciones de hotel y clínicas privadas, fueron halladas (congeladas, las llamadas "siberianas") por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en neveras escondidas en laboratorios de Fuentes y del también inculpado en la Operación Puerto José Luis Merino Batres, ex jefe de sección de hematología de uno de los principales hospitales de Madrid, el de la Princesa.

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La Audiencia de Madrid, formada por los magistrados Arturo Beltrán, presidente; Jesús Guijarro y María Paz Redondo, ha aceptado parcialmente los recursos presentados por siete acusaciones populares (entre las que se hallan la Agencia Mundial Antidroga y la Unión Ciclista Internacional, así como la Fiscalía de Madrid) contra el archivo que decretó el juez Serrano en marzo de 2007.

La Audiencia considera que no cabe culpar de un delito de dopaje ni a los ciclistas ni a quienes les suministraban sustancias dopantes (EPO, hormonas del crecimiento...) coincidiendo con los eventos de la ronda ciclista mundial. Y no cabe hacerlo porque el dopaje, cuando estalló la Operación Puerto —revelada en exclusiva por El PAÍS— no era delito en España. Tan es así, según la Audiencia, que tal figura fue tipificada como delito por el Parlamento español tras aflorar el escándalo. Asimismo, destacan los jueces que sólo hay indicios de responsabilidad criminal, si finalmente ésta se acreditara, en los facultativos implicados: el médico canario Eufemiano Fuentes y el hematólogo Merino Batres. Ellos son quienes, supuestamente, extraían la sangre a los ciclistas y la almacenaban en bolsas en neveras de sus laboratorios. Sangre que era enriquecida de glóbulos rojos (que transportan el oxígeno) del propio deportista y que éste se reinfundía la víspera de las grandes competiciones; el Giro de Italia, el Tour, la Vuelta a España. Precisamente, las dos últimas rondas de la carrera francesa se han visto fuertemente golpeadas por la Operación Puerto. En la edición de 2006 fueron expulsados todos los ciclistas que este periódico fue desgranando como implicados en el escándalo. El caso se reabre para que el juez Serrano ordene la elaboración de un informe clínico al Instituto de Toxicología que determine el riesgo real que suponía para los ciclistas la conservación de su sangre en bolsas, al margen de la red sanitaria pública. La Ley del Medicamento, a la que alude el fiscal en su recurso, ha podido ser vulnerada por los implicados, entre los que también se halla el ex director del Liberty Seguros y el Astana, Manolo Saiz.

Los ciclistas implicados (unos 60) están en las diligencias como testigos. Ellos no habrían cometido el delito contra la salud pública que dio origen a la investigación de la UCO, a las órdenes del coronel de la Guardia Civil Felix Hernando. Pero ello no obsta, según el tribunal, para que las autoridades deportivas les apliquen las sanciones oportunas. Doparse puede acarrear una sanción de dos años de expulsión del ciclismo, de ahí que los jueces sostengan que las medidas disciplinarias escapan al Código Penal y entran de lleno en el ámbito administrativo.

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