La SGAE aprueba al cuarto intento la reforma de sus estatutos

Por una vez, la SGAE siguió estrictamente el guion previsto. A sus 120 años, la frágil salud de la entidad ya ha sufrido demasiados sobresaltos. De ahí que seguramente agradeciera una inédita tarde de serenidad: los socios, convocados en una Asamblea Extraordinaria, aprobaron al fin, con el 85,19% de los votos a favor, la reforma de los estatutos. Es decir, cumplieron con una obligación legal, además de una exigencia del Ministerio de Cultura, y de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), que expulsó a la SGAE en mayo de 2019. Han hecho falta cuatro convocatorias y más de un año y medio para lograrlo: en los tres intentos anteriores, liderados por otros tantos presidentes —José Miguel Fernández Sastrón, José Ángel Hevia y la actual, Pilar Jurado—, nunca se alcanzaron los dos tercios de apoyos necesarios. “Se demuestra que los socios tienen claro que esta entidad debe seguir viviendo. Esto es un comienzo. Y solo es el final de una época que ha traído demasiadas cosas que no son bonitas”, celebró Jurado.

La presidenta presumió del éxito. Enseguida, recibió un mensaje de felicitaciones del secretario general de la Cisac, Gadi Oron, y llamó al ministerio de Cultura para comunicarle los resultados. Jurado vence ahí donde sus antecesores perdieron. También salió adelante, con el 71,42% de apoyos, el controvertido punto cinco del orden del día: “Aprobación, en su caso, de la incorporación en los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto”. Sastrón acusaba a la presidenta de buscar sumar a los ingresos de la entidad 10 millones que corresponden a los autores. Pero los socios volvieron a darle la razón a Jurado.

El voto le otorgó, sobre todo, confianza y tiempo. Porque la solución a los estatutos tacha un problema, pero la lista de tareas pendientes en la SGAE sigue siendo larga. Hace solo cuatro días, Cultura presentó un recurso de casación ante el Supremo para dejar abierta la vía a una intervención de la entidad que la Audiencia Nacional frenó en 2019, al declararse no competente para autorizarla.

Eso sí, la SGAE de Jurado resuelve uno de los asuntos más espinosos: la entidad llevaba “desde 2018 incumpliendo la ley”, como señalaban desde Cultura, encargada de su control y supervisión, la víspera de la asamblea. A lo largo del próximo mes, los nuevos estatutos deberán llegar al ministerio, que a su vez tendrá tres meses para estudiarlos. “Si hay modificaciones que incumplen la ley, serán denegadas”, avisan desde Cultura. En todo caso, tras la aprobación, el ministerio recordó las otras dos urgencias, que ya motivaron el primer apercibimiento a la entidad, allá por septiembre de 2018: “Convocar elecciones de los órganos de Gobierno a la mayor brevedad con todas las garantías de la ley [y, por tanto, con la inclusión del voto electrónico]; y rehacer el reparto de derechos de 2018 de acuerdo a los principios de equidad y proporcionalidad”.

Aquel año (y varios anteriores) la llamada rueda, un presunto fraude entre socios y directivos de televisión, logró llevarse ingresos millonarios gracias a la música retransmitida de madrugada. La justicia investiga si la trama cometió delitos y perjudicó a los 120.000 autores de la entidad; mientras tanto, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ya limitó, el año pasado, esas recaudaciones caudalosas. Pero Cultura quiere que los repartos de 2018 también sean corregidos. “Desde entonces hasta ahora, la entidad ha evolucionado tanto que creo que hay que sentarse a hablar de realidad y no de ficciones del pasado que nada tienen que ver con el presente. Ahora es el momento de contar la verdad”, insistió Jurado.

Entre las certezas de la presidenta, está el amplio respaldo. Pero la realidad también cuenta que tanto impasse le ha costado caro a la SGAE: socios como Almodóvar, Bayona o Perales la han abandonado; los editores relacionados con la música nocturna, que han apoyado la reforma, reclaman su trozo del pastel; y las multinacionales discográficas, que también votaron a favor, piden garantías para no marcharse. Precisamente los nuevos estatutos facilitan a los autores retirar total o parcialmente su repertorio de una entidad para trasladarlo a otra; también amplían el derecho a voto a todos los socios e introducen un órgano de control, con varios miembros externos. Así la SGAE espera ser capaz de defender mejor a los autores. Al fin y al cabo, es su misión.