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La Historia, en el banquillo

El ‘caso Miguel Hernández’ no es único. Otros investigadores fueron denunciados por contar hechos del franquismo

Franco posa con sus ministros junto a la puerta del Pazo de Meirás, en septiembre de 1964.
Franco posa con sus ministros junto a la puerta del Pazo de Meirás, en septiembre de 1964. EFE

“Los Franco dicen que calumnio e injurio”. Carlos Babío (Sada, A Coruña, 1967) publicó en 2017 junto al historiador Manuel Pérez Lorenzo el libro Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio (Fundación Galiza Sempre), la primera gran investigación sobre la entrega al dictador del pazo cuya devolución reclaman el Ayuntamiento de Sada, la Diputación de A Coruña, el Parlamento de Galicia y el Gobierno de la Xunta. Antes de publicarlo, Babío investigó “22 años” para demostrar lo que afirma, con “abundantes fuentes, testimonios y documentos”. Sin embargo, no ha sido esta obra la que hizo revolverse a los Franco, sino dos intervenciones televisivas de este exconcejal del Bloque Nacionalista Galego en Sada, en las que no afirmaba nada que no hubiera escrito antes. Con la exhumación del Valle de los Caídos candente, Babío ha recibido este año dos demandas de la prole del dictador. Las últimas dos semanas debían haberse celebrado sendos actos de conciliación en juzgados de Alcobendas y Madrid, el último el pasado miércoles, a los que el escritor no se presentó. “No tengo nada que conciliar con los Franco”, insiste.

Babío es uno de los expertos que, en los últimos años, ya fuese en libros, artículos de revistas especializadas, webs o programas de televisión ha tenido pleitos por contar hechos de la Guerra Civil o la represión del régimen franquista que han molestado a los descendientes de los señalados, un jaque a la libertad de información que rebrotó el pasado martes, cuando EL PAÍS destapó la decisión de la Universidad de Alicante (UA) de eliminar en varios artículos publicados en su dominio de internet de un catedrático de Literatura de esta institución el nombre indexado de Antonio Luis Baena Tocón, alférez que ejerció de secretario judicial en el consejo militar que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández (la pena fue finalmente conmutada por 30 años de cárcel).

La primera de las denuncias a Babío fue por asegurar en el programa En el punto de mira, de Cuatro, que para acrecentar de seis a nueve hectáreas la finca, una junta del régimen llevó a cabo una expropiación en la que los labriegos fueron llevados a la fuerza a firmar en A Coruña. “Mi abuela fue expulsada de su casa en 1938 bajo amenazas y extorsiones”, expresó. La segunda llegó después de su participación en un espacio de La Sexta por hablar del “expolio” del patrimonio gallego para embellecer Meirás. Babío puso como ejemplo la torre del Pazo de Bendaña (Dodro, A Coruña), “desmontada y trasladada” a la mansión de Franco para “decorar los jardines”. “Lo que pretenden es amedrentar, que cada vez que abras la boca recibas una demanda”, añade. Y lamenta que la Justicia “considera ese momento histórico como si fuera un periodo normal [de hecho, el Tribunal Supremo acaba de fallar que Franco ya era el jefe de Estado en 1936, tres meses después del inicio de la Guerra Civil]”.

Voluntarios trabajan en la fosa común de Valdediós (Asturias), en 2003.
Voluntarios trabajan en la fosa común de Valdediós (Asturias), en 2003.

En el caso Miguel Hernández, planteado por un hijo de Baena Tocón, se alega la ley de protección de datos personales, cuando el Reglamento General de Protección de Datos, de ámbito europeo, en aplicación desde 2018, se indica que la protección de datos no podrá obstaculizar los estudios de los historiadores. En todo caso, ese supuesto derecho invocado solo cubre a personas físicas, no a fallecidos.

La decisión de la UA puede ser un precedente para “interferir en la labor de los historiadores, incluso tener efectos paralizantes, un absurdo cuando en muchos casos esos trabajos son financiados con dinero público”, dice el presidente de la Asociación de Historia Contemporánea, Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de València. Saz señala que la decisión del centro alicantino supone además “decantarse contra sus propios académicos en un asunto sobre el que aún no hay una decisión judicial, por lo que los deja en indefensión”.

Carlos Babío, autor del libro 'Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio', delante del Pazo de Meirás el pasado viernes.
Carlos Babío, autor del libro 'Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio', delante del Pazo de Meirás el pasado viernes.

Otro historiador, Francisco Espinosa Maestre, ya recogió 12 de este tipo de casos en el libro Callar al mensajero (Península, 2009). Como el de Marta Capín, a quien el hijo de un fusilado, trabajador del sanatorio psiquiátrico en Valdediós (Asturias) le encargó un libro para saber qué le había ocurrido a su padre. “Era un hospital que al inicio de la guerra lo trasladaron de Oviedo a Valdediós”, dice Capín. “Cuando llegó allí el regimiento Arapiles, el director del centro, Pedro Quirós Isla, les entregó un listado de personas que había que fusilar, con trabajadores que le habían denunciado por temas laborales”. Fueron asesinadas en octubre de 1937 cerca de 30 personas, y arrojadas a una fosa. Tras bucear en el Archivo Militar de Ferrol, donde encontró la documentación, Capín publicó en 2004 El Valle de dios, que le valió una querella de los hijos de Quirós Isla. “La jueza me absolvió en 2007 porque había quedado acreditado que era una investigación. Ellos recurrieron a la Audiencia Provincial de Oviedo, que también me absolvió, que argumenta que el honor no se hereda”. Pese a la victoria judicial, Capín reconoce que este asunto le “costó dinero e intranquilidad” porque llegaron a pedirle cárcel y 500.000 euros de indemnización. De lo intrincado de la época, Capín apunta que un soldado del regimiento que vio la lista de los que iban a morir comprobó que había una enfermera que se apellidaba como él. Eran primos. Le dijo que se fuera del hospital lo antes posible. “Ella avisó a otra compañera y las dos salvaron la vida”.

Denunciado por no borrar un nombre

TEREIXA CONSTENLA

Dionisio Pereira es otro de los historiadores denunciados, en su caso por no borrar el nombre de un represor de un libro. Hace una década, la Audiencia de Pontevedra por fin desestimó el recurso que habían presentado contra él los descendientes de Manuel Gutiérrez Torres, un falangista participante en la represión en la comarca de Cerdedo (Pontevedra), donde llegó a ser alcalde. En 2007, la familia de Gutiérrez Torres le reclamó que quitase de uno de sus libros esas menciones. “Solo intentaba transmitir la memoria e interpretarla a la luz de las fuentes documentales”, señala Pereira por correo electrónico. La familia del alcalde había presentado una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de A Estrada (Pontevedra) y, tras perder, interpusieron recurso ante la Audiencia de Pontevedra, que de nuevo falló a favor del historiador, al considerar que “prevalecía el derecho a la investigación frente al derecho a la honra”. La Justicia señaló también que el escrito denunciado “era un estudio científico en el que no existía pretensión alguna de atentar contra nadie”.

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