‘Tucumantes’: relatos contra el silencio impuesto por la dictadura argentina
La periodista Sibila Camps narra en su último libro la represión en la provincia de Tucumán a partir de un ex guerrillero que robó y escondió documentos de los militares
El exguerrillero argentino Juan Carlos El Perro Clemente pasó 33 años durmiendo sobre cadáveres. Encima de una lista de 293 personas consideradas delincuentes subversivos por la dictadura y de las que 196 estaban marcadas con las iniciales DF, disposición final, que significaba ejecución. La robó en 1976 del centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de policía de San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina. La tuvo escondida bajo su cama hasta 2010, cuando la entregó como prueba incriminatoria para el juicio sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese centro clandestino.
¿Cómo hizo para dormir cada noche sobre esos desaparecidos y permanecer mudo más de tres décadas?, se cuestionó la periodista Sibila Camps. De esa pregunta nació Tucumantes (Marea), una crónica que gira alrededor de la figura polémica de este ex integrante de la guerrilla peronista Montoneros: fue torturado y se quebró, colaboró con los militares pero ayudó a condenarlos, fue víctima y traidor.
En la búsqueda de información sobre Clemente la autora encontró otras historias de la represión cubiertas de una gruesa capa de silencio. Al desenterrarlas y ponerlas en palabras convirtió a Tucumantes en un relato coral sobre las cicatrices del terrorismo de Estado, que se ensañó con la provincia de Tucumán antes que con ninguna otra.
"El título surgió de inventar este participio presente, Tucumantes, para expresar cómo continúan hasta el día de hoy las huellas del terrorismo de Estado", dijo Camps en la presentación del libro, realizada la semana pasada en Buenos Aires. Para la autora, los tucumantes son las personas que aparecen en su libro pero también las miles más en esa provincia que "aún no lograron vencer al silencio y a la negación". "La imposición de un relato oficial sigue todavía muy fuerte en Tucumán. Hay quien niega realmente lo que ha ocurrido, muchas veces desde la propia ignorancia", agregó.
El plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones que llevó a cabo la dictadura argentina entre 1976 y 1983 tuvo su ensayo general en Tucumán en 1975, aún en democracia. La bautizada como Operación Independencia estaba dirigida contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el monte tucumano y los Montoneros en las ciudades, pero fue la excusa para comenzar la persecución de sindicalistas, opositores políticos y militantes de derechos humanos que se agravó tras el golpe militar de 1976.
Alumnos en aulas donde se torturó
"El terrorismo de Estado tuvo características en Tucumán que no se dieron en otras partes del país", subraya Camps tras la presentación. En el resto de Argentina, la represión se centró en zonas urbanas, mientras que esta provincia, la más pequeña del país, hubo numerosas víctimas en zonas rurales y semirurales, explica la autora. En algunos de esos pueblos vieron pasar a automóviles con cadáveres en el techo, pero aún hoy, 40 años después, casi nadie se atreve a hablar de "los que se llevaron".
En Tucumán se registraron cerca de 700 víctimas. Solo en Santa Lucía, con una población de menos de 3.000 personas, hubo 47 desaparecidos. Uno de ellos fue Tomás Francisco Toconás. Su hija Esther tenía ocho años la última vez que lo vio, el 22 de junio de 1975. Su hermana Victoria, nueve. En plena búsqueda los militares llamaron a la mujer de Toconás a la base y salió llorando, pero la madre nunca les contó a sus hijas a qué se debían sus lágrimas ni ellas volvieron a tener noticias de su padre.
La espera de las hermanas Toconás duró 35 años. En 2010 recibieron una llamada del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que les informó de la localización de los restos, relata Camps. Las huellas en su cuerpo y el relato de vecinos permitieron reconstruir la historia de Tomás: Dos semanas después de su desaparición, fue arrojado desde un helicóptero a las afueras de Pozo Hondo, un pueblo de la provincia vecina de Santiago del Estero. Lo encontraron a los tres días, con siete balazos en el cuerpo y quemaduras en las manos y en el rostro. Después de enterrarlo en el cementerio como NN (no name, sin identificar), los habitantes de la zona comenzaron a peregrinar con ofrendas de velas y flores para el "santito del cielo" ante la creencia de que devolvía la salud y conseguía trabajo. Con la exhumación de sus restos el EAAF le devolvió la identidad y su familia pudo conocer la verdad.
La lista salvada de la destrucción por Clemente fue la primera constancia oficial que tuvieron decenas de familias de que sus seres queridos habían sido secuestrados. Entre los papeles que escondió había también declaraciones tomadas bajo tortura y nombres de personas a secuestrar . Toda esa documentación fue clave para las condenas judiciales. Sin embargo, familiares de víctimas y otros sobrevivientes lo consideran un traidor y se niegan a dirigirle la palabra. "Hace 34 años que trato de saber por qué estoy vivo y quién lo ordenó", dijo Clemente al declarar como testigo en el juicio. Las sospechas sobre Clemente por su colaboración con los represores y la presunta entrega de compañeros se repiten con otros secuestrados que vivieron para contarlo, pero en Tucumán ese manto de duda se extiende también sobre numerosos desaparecidos debido a la oscuridad que aún rodea los años de la dictadura. Las historias de Tucumantes "tienen en común que están clausuradas por el silencio, la negación y también la tergiversación", reflexiona Camps. Al publicarlas, la autora confía en que ayuden a otros a hablar y alimenten así la memoria colectiva.
