Hacienda reclama ahora a las entidades culturales un 21% de IVA por las subvenciones

El director del festival de teatro Temporada Alta (Girona), Salvador Sunyer, ha criticado hoy que el Ministerio de Hacienda está reclamando a entidades culturales públicas el IVA de las subvenciones recibidas de 2012 a 2015, algo que a este festival le supondría el desembolso de un 1.400.000 euros en total. Este certamen está financiado por los Ayuntamientos de Girona y Salt, la Generalitat, la Diputación y el Ministerio de Cultura en un 50% y la otra mitad procede de mecenazgo e ingresos por taquilla, con lo que suma de presupuesto un total de tres millones en cada edición.

El año pasado, el festival recibió un requerimiento para abonar el 21% del IVA de las subvenciones públicas, algo que nunca había pasado porque la ley no lo especificaba. Otras entidades, como el Teatre Lliure, el MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya), el CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) y el Mercat de les Flors, todas en Barcelona, han recibido también solicitudes de pago. Fuentes del Lliure han confirmado a este periódico que se le reclama 1.300.000, una cifra que llevaría al cierre de la institución.

Hasta que empezaron a llegar estos requerimientos ninguna entidad cultural ni compañía española tenía conocimiento de que hubiera que abonar el IVA por las subveciones. Alertadas hace unos meses, las entidades afectadas se pusieron en contacto con sus patronales y empezaron a negociar con los partidos políticos para concretar una interpretación de la ley que eximiera a las entidades culturales de un pago que nunca se había efectuado hasta entonces. Todos los partidos coincidieron en clarificar este vacío legal y el pasado 9 de noviembre se aprobó una adenda a la ley de contratos del sector público que liberaba de este impuesto a las entidades culturales y las empresas de transporte.

Jesús Cimarro, presidente de Faeteda, la patronal nacional del sector, ha confirmado a EL PAÍS que hay más entidades culturales, y no solo catalanas, afectadas: "El problema estribaba en la ambigüedad de la ley". El productor asegura que  ya hay un pacto con los partidos políticos para que cese la recaudación y desde el 9 de noviembre la Ley así lo determina para el futuro. Otra cosa son los expedientes ya incoados a entidades que han recibido una inspección fiscal o tienen en marcha las actas de regularización de IVA. Cimarro explica: “En teoría, las subvenciones no llevaban IVA. Sin embargo, por ley, si eres un organismo público y gestionas desde una empresa privada, como ocurre con estas instituciones, podías incurrir en competencia desleal. Esa es la justificación de Hacienda, que nos dice que esas ayudas rebajan el precio de las entradas".

Desde Hacienda explican que este tipo de inspecciones "se realizan a nivel nacional y en distintos sectores, no solo a la cultura”. Además, aclaran que “no son nuevas y no es que sea retroactivo, es que siempre se inspeccionan años hacia atrás".

El jueves pasado, según Sunyer, el festival recibió una notificación para exigir este pago con el máximo efecto retroactivo, cinco años. “Nos pusimos en contacto con otras entidades como la nuestra y nadie, hasta que empezó la ofensiva de Hacienda el año pasado, tenía conocimiento de que hubiera que pagar IVA por las subvenciones. Ha sido una sorpresa para todos y lo que es increíble es que después de haberse aprobado la ley decidan reclamarlo con efecto retroactivo”, ha señalado. “Incluso hemos hablado con el subdirector general de Teatro, Fernando Cerón, con quien tenemos una magnífica relación y que se ha manifestado preocupado por esta situación. Pero este problema no viene del Ministerio de Cultura, sino de Hacienda. Y Cultura ahí puede intervenir poco”, ha aclarado.

Este requerimiento de Hacienda “podría llevar a la quiebra a varias instituciones”, advierte Sunyer, que también reconoce las dificultades que atravesará el festival Temporada Alta si esto se lleva a efecto. Varios productores que asisten al festival mostraron su asombro porque nunca al recibir las subvenciones que concedía el Gobierno se les reclamó ningún impuesto. La normativa nunca ha especificado este cobro, aunque tampoco lo eximía explícitamente. Esta es la grieta que Hacienda aprovecha para exigirlo con efecto retroactivo.

Este impuesto no afectaría en principio a instituciones culturales de carácter estatal, como el Centro Dramático Nacional, los Teatros del Canal o aquellos festivales que no reciben subvenciones sino que son financiados directamente por los presupuestos públicos. Los perjudicados serían, si Hacienda decide finalmente ejecutar el requerimiento, entidades que gestionan actividades culturales de interés general.