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Absuelto Calatrava por el caso de los sobrecostes en Venecia

La Justicia italiana investigaba el aumento del coste del puente de la Constitución

Vista del cuarto puente sobre el Gran Canal de Venecia, de Calatrava.
Vista del cuarto puente sobre el Gran Canal de Venecia, de Calatrava. efe

El Tribunal de Cuentas de la región italiana del Véneto (norte) absolvió ayer al arquitecto español Santiago Calatrava, procesado en Italia por un supuesto delito de sobrecostes en la construcción del puente de la Constitución de Venecia. También fueron absueltos por el tribunal -cuya decisión será recurrida por la acusación, según informaron medios locales-, tres ingenieros del ayuntamiento veneciano que estaban imputados junto a Calatrava por los mismos hechos, informaron a Efe fuentes próximas al arquitecto.

La Justicia italiana investigaba el aumento del coste de la construcción, que pasó de los 3,8 millones de euros (5 millones de dólares) establecidos inicialmente a cerca de 11,2 millones (14,7 millones de dólares). El fiscal Carmine Scarano había solicitado que los acusados indemnizaran al consistorio veneciano con casi cuatro millones de euros (3,4 millones de dólares).

Aunque la sentencia no es aún definitiva, el arquitecto ha expresado "su felicidad" mediante un comunicado. "Esta decisión demuestra que los trabajos que hemos proyectado no han supuesto ni el incremento de los costos de la construcción ni el retraso en la entrega del puente", celebró. En la misma nota señala que "el puente funciona desde hace seis años y su función es la prevista y adecuada" y subraya que lo considera "una de sus obras más importantes".

Calatrava fue enviado a juicio en agosto de 2013 después de que Scarano argumentase la existencia de un crecimiento exponencial de los costes del puente y acusase al arquitecto valenciano y los técnicos públicos Roberto Scibilia, Salvatore Vento y Roberto Casarin de "daño" al erario público. El proceso fue interrumpido en noviembre de aquel año ya que el arquitecto valenciano interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Italia que fue rechazado en septiembre de 2014. La construcción, que une la plaza de Roma con la estación ferroviaria de Santa Lucía y que se convirtió en el cuarto puente del Gran Canal, estuvo envuelta en polémica desde los inicios del proyecto y sus costes fueron uno de los asuntos más controvertidos.

A las críticas de su elevado coste se sumaron las de los retrasos en la construcción, así como los numerosos resbalones y caídas de las personas que lo cruzaban debido a su pavimento en cristal. Además, dada su falta de accesibilidad para las personas en sillas de ruedas tuvo que construirse posteriormente una plataforma para evitar la barrera arquitectónica que el proyecto inicial no había tenido en cuenta y que ha costado cerca de dos millones de euros (1,7 millones de dólares). La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación a este respecto. También su manutención ha sido objeto de críticas debido a que sus peldaños se dañan frecuentemente, sobre todo con el tránsito de turistas con maletas de ruedas, habitual al estar junto a la estación de tren.

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