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Canarias aprueba descarbonizar las islas en 2040, adelantándose 10 años al resto de España y Europa

El Parlamento aprueba una Ley de Cambio Climático que pretende que las renovables aporten el 90% de la energía en 18 años frente al 20% actual

Apartamentos de turistas en Maspalomas (Gran Canaria).
Apartamentos de turistas en Maspalomas (Gran Canaria).
Guillermo Vega

El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del archipiélago tras un procedimiento largo y bronco en el que la oposición ha presentado numerosas enmiendas. Este documento, aprobado con los votos a favor del llamado pacto de las flores (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera) y Coalición Canaria, persigue la descarbonización de la economía de las islas en el año 2040, 10 años antes que los horizontes marcados por Europa y España en esta materia, según han informado fuentes del Gobierno autonómico. “Se trata de la ley más consensuada de la historia de Canarias, con más de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública”, ha explicado el Ejecutivo en una nota remitida a los medios. El texto definitivo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias en los próximos días.

El documento reclama que los presupuestos regionales incorporen una “perspectiva climática” y que el 2% del PIB de las Islas se destine a medidas de acción al respecto. De esta manera, el objetivo del Ejecutivo regional pasa por que las emisiones en la fecha límite se reduzcan en un 90% respecto a las de 1990 y que, al menos, el 10% de las emisiones remanentes sean absorbidas por sumideros. De cumplirse, supondría que el archipiélago pasaría de emitir 13,3 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (medida que incluye todos los gases de efecto invernadero) a 7,4 millones en 2030 y, finalmente, a 862.000 toneladas en 2040. En cuanto a la implantación de energías renovables, el horizonte marcado por la Ley y el Plan de Transición Energética de Canarias para 2030 es alcanzar el 37% del consumo de la energía final a través de tecnologías verdes y el 92% en 2040. También se crea la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas. Actualmente, la penetración de las renovables para la generación de electricidad apenas asciende al 19,9%, frente al 47,7% en el sistema eléctrico nacional en el año 2021, según los datos de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias, elaborada por los gobiernos de España y Canarias.

El texto aprobado este martes establece que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas tendrán que abastecerse al 100% de fuentes renovables y tendrán que sustituir por completo los equipos que se alimenten de combustibles fósiles. La Administración también deberá reemplazar los vehículos de combustión interna por otros con emisiones contaminantes nulas en un plazo máximo de 10 años desde la entrada en vigor. Las corporaciones locales tendrán que adoptar criterios de eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica cuando renueven el alumbrado, de manera que en 2040, toda la red cumpla con este propósito al 100%. La ley obligará a las administraciones a incluir en los pliegos de las licitaciones requisitos tenidos en cuenta para la acción climática, como la autosuficiencia energética o la gestión óptima de los residuos.

El texto legal contempla la creación del llamado Registro de la Huella de Carbono, que, según ha asegurado el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno autonómico, José Antonio Valbuena, permitirá cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. La inscripción en este registro será obligatoria para las explotaciones turísticas alojativas, no alojativas y complementarias; las actividades pesqueras y de acuicultura; las actividades industriales y de comercio, entre otras.

Para la movilidad sostenible, el objetivo de reducción de emisiones es de un 84,2% para el 2040, no superando las 480.000 toneladas de CO₂ equivalentes al año. Los grandes centros generadores de movilidad pública y privada deberán introducir planes de movilidad sostenible para sus usuarios en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática. Entre otros sectores, las empresas de alquiler de vehículos deberán contar exclusivamente con flotas de emisiones directas nulas en un plazo máximo de 15 años desde la entrada en vigor de esta Ley.

Suelo turístico

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Por otra parte, al mismo que aprobaba cómo bajar emisiones, el Parlamento canario también analizaba cómo aumentar los turistas. El consejero José Antonio Valbuena ha asegurado este martes que si se desarrolla todo el suelo turístico planificado el archipiélago pasaría de 480.000 plazas a unas 700.000, con una capacidad para albergar hasta 22,3 millones de turistas, que elevarían la población fija hasta los 2,8 millones de personas. Valbuena ha expuesto ante la Cámara los detalles preliminares de un estudio elaborado por su departamento que analiza plazas hoteleras y extrahoteleras, sin tener en cuenta el alquiler vacacional, hoteles rurales, alojamientos de golf u hoteles emblemáticos. Así, se han detectado 843 recintos geográficos y que la capacidad alojativa ha bajado un 10% en los últimos 10 años —hay 480.000 plazas, de las que 350.000 están en uso—, con un desplome del 49% de la planta de apartamentos y un aumento del 10% en la hotelera.

Según los datos del consejero, Lanzarote tiene 78.000 plazas y un crecimiento potencial de otras 55.000 (+70%); Fuerteventura puede crecer hasta en un 87%; Gran Canaria tiene 160.000 plazas y un crecimiento potencial del 36%; Tenerife, 170.000 y un 27% más de potencial; La Gomera, 3.200 camas y un crecimiento posible del 157%; La Palma, 5.000 —se han perdido plazas por el volcán— y un potencial del 45% más y El Hierro que aspira a crecer un 118% más.

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Sobre la firma

Guillermo Vega
Corresponsal en Canarias y miembro del equipo de edición del diario. Trabajó en la Cadena Ser, Cinco Días y fue jefe de EL PAÍS Retina y de la sección de Tecnología. Licenciado en Ciencias de la Información, diplomado en Traducción e Interpretación y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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