De los invernaderos al fondo del mar: la plaga del plástico agrícola en Almería

Toneladas de residuos de invernaderos contaminan la costa almeriense. El Gobierno puede retrasar aún tres años el decreto que lo evite

Marcos Diéguez, de Ecologistas en Acción, sobre un vertido ilegal de plásticos agrícolas cerca de Níjar (Almería). En vídeo, varios expertos detallan la situación con los plásticos en Almería. FOTO: PACO PUENTES (EL PAIS) / VÍDEO: J. MARTÍN, P. PUENTES, N. SÁNCHEZ, J. CASAL

La mancha blanca que ven los astronautas desde el espacio cuando miran al sureste español contamina desde hace décadas el medio natural terrestre y marítimo. Los invernaderos con hortalizas que en Almería cubren una colosal superficie de 32.000 hectáreas diseminan sus residuos plásticos por la costa, las ramblas y las montañas, pero ahora la evidencia científica ha demostrado el grave impacto sobre el medio marino, cloaca final de todas las basuras que arrastra la lluvia ladera abajo.

“La concentración de microplásticos en la posidonia de Roquetas de Mar empezó a aumentar cuando se instauraron los invernaderos y tenemos una coincidencia temporal muy alta. Los microplásticos son peligrosos para la cadena trófica, y nos los comemos a través del pescado”, ilustra Nerea Piñeiro-Juncal, biogeoquímica de suelos marinos del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, perteneciente al CSIC. Los científicos analizaron los sedimentos bajo la pradera de posidonia en Roquetas, Agua Amarga (Almería) y la isla de Cabrera (Baleares), y publicaron sus conclusiones esta primavera en la revista Environmental Pollution: si las micropartículas de plástico de menos de cinco milímetros en cada kilo de sedimento en Cabrera oscilaban entre 68 y 362, en Roquetas se disparaban hasta las 2.173, hasta 30 veces más.

El milagro económico de Almería, que durante los últimos 45 años ha transformado esa provincia gracias a la agricultura intensiva, tiene un alto coste medioambiental con vertederos espontáneos de residuos plásticos en cualquier rincón y visibles desde cualquier carretera. Esta contaminación tan perjudicial, que deriva en la ingesta de nanoplásticos a través de las verduras y frutas, también afecta a otras provincias plagadas de invernaderos como Murcia y Huelva, y en menor medida a otras al norte de la Península cuya ganadería genera residuos plásticos como el ensilado.

Mar de invernaderos en Níjar (Almería).
Mar de invernaderos en Níjar (Almería). PACO PUENTES (EL PAÍS)

Hasta 2018 China compraba la inmensa mayoría de estos residuos generados en España para reciclar, pero ese año el gigante asiático decidió cerrar el grifo de la importación, luego llegó Paquistán, que también cerró, más tarde India, y finalmente Turquía, que este año anunció el sellado de sus fronteras para evitar los incesantes vertidos de sus propios desechos al Mediterráneo. Estos tres años de bloqueo progresivo a la exportación han multiplicado la basura de los plásticos agrícolas en territorio nacional, cuyo reciclaje sigue siendo voluntario para los agricultores, a la espera de que el Gobierno decrete su obligación, que podría retrasar hasta apurar el plazo que un proyecto de ley en tramitación parlamentaria fija en 2025.

“Desde 2018 hemos visto una explosión del problema, que ahora está desbocado. El reciclaje hay que integrarlo en el sistema mediante la trazabilidad. Si un agricultor entrega un residuo y se le exige el documento de identificación, sabemos que ha entregado de manera autorizada, pero si no tenemos un control por parte de la Administración, no tenemos nada”, advierte Mariano Tapia, portavoz de la asociación de gestores de residuos agrícolas en Almería (Agra).

En Almería se generan 33.500 toneladas de plásticos agrícolas al año, según la Junta de Andalucía, que subraya que se recicla un 85%, por lo que 5.000 toneladas se quedan sin tratar. Esa basura inunda el litoral almeriense hasta llegar al borde del Parque Natural Cabo de Gata, donde se acumulan los vertidos ilegales. “Cuanto más lo conoces, más deprimente es, esto es ubicuo. En el campo de Níjar al menos, está por todos lados. Desperdigado o enterrado por una riada, en los lugares más recónditos. En 2019 la dana [temporal de la gota fría] fue un tsunami con imágenes dantescas y creímos que sería el punto de inflexión, pero ahora la situación está peor, no hemos visto reacción”, denuncia Marcos Diéguez, portavoz de Ecologistas en Acción. Esta organización ha lanzado la aplicación #Stopvertederos para que los ciudadanos denuncien los vertidos incesantes, después de que un vídeo revelara el pasado otoño ingentes cantidades de plásticos en plena playa de Adra, a merced de las olas.

Mientras habla, Diéguez pisa una montaña de 300 metros cuadrados de plásticos arrojados en el barranco de La Serrata, escondida tras un depósito de agua y denunciada hace más de un año ante las autoridades. Ni la Junta ni el Ayuntamiento de Níjar, a 10 kilómetros en línea recta, lo han recogido. Al tocarlo, el plástico se deshace debido a la erosión del intenso sol y el viento, mientras escarabajos y otros insectos quedan atrapados entre los pliegues. En un paseo por casi cualquier lugar del campo almeriense se hallan, acumulados, escombros de plásticos de suelo y cubierta, así como gomas de riego, mantas térmicas, cuerdas de rafia, semilleros de corcho, telas mosquiteras, sacos y botes de fitosanitarios.

Vertido ilegal de plásticos de invernaderos de Níjar (Almería).
Vertido ilegal de plásticos de invernaderos de Níjar (Almería).PACO PUENTES (EL PAIS)

Todos los actores implicados son conscientes del problema medioambiental y la mala imagen. ¿Por qué no se han frenado a tiempo esta basura cuyo reciclaje integral permanece en el limbo?

Hace décadas los plásticos se quemaban o enterraban, tal y como reconocen los agricultores más veteranos, luego se exportaban a China y desde 2018 el problema queda en casa. La nueva Ley de Residuos que remitió el Gobierno al Congreso el pasado mayo le obliga a redactar un Real Decreto que fije un sistema de reciclaje obligatorio financiado por la poderosa industria del plástico antes de 2025. Para adelantarse a la norma, los 15 productores que fabrican el 85% del plástico agrícola prevén poner en marcha a mediados de 2022 su sistema para recoger estos plásticos en la finca de los agricultores y ganaderos, denominado Mapla, y que pagarán en el precio por la recogida. Es decir, cualquier empresario podrá avisar al sistema y una furgoneta o camión acudirá a su finca, sin importar lo remota que sea su ubicación, según fuentes de la patronal Anaip.

Sin embargo, el procedimiento seguirá siendo voluntario y los empresarios que hoy vierten al medio natural ilegalmente no sentirán la obligación moral ni económica de darse de alta en la aplicación prevista. “El sistema arbitrará la operativa y quizás haya que pagar por los plásticos de suelo”, plantea Blanca de Arteche, responsable de plásticos agrícolas en Anaip. Hoy el agricultor recibe unos tres céntimos por kilo de plástico de cubierta de las empresas que lo reciclan, pero paga entre 12 y 15 céntimos por cada kilo de plástico de suelo (por ser de peor calidad y más complicado de tratar), cuando hasta 2018 recibía dinero por esto mismo de los empresarios chinos. Es decir, los agricultores que arrojan plásticos de suelo sin control ahorran dinero. También tiempo: la normativa para depositar cada clase de residuos es una maraña compleja de entender y les obliga a constantes desplazamientos a distintos centros de tratamiento. No todos están dispuestos.

En contra de los agricultores contaminadores están las organizaciones y sindicatos agrarios, conscientes del daño medioambiental pero también de la mala imagen que genera la basura plástica en la naturaleza. Las principales cadenas de supermercados europeos, destino final de sus pimientos y tomates, exigen certificados que verifiquen el correcto reciclado de los residuos y mientras ese pequeño porcentaje contamina, los reportajes en los medios de comunicación europeos se suceden con posibles consecuencias que en Almería temen: que se reduzcan las ventas.

El problema de fondo es que persisten gestores piratas de residuos que reciben la mercancía de agricultores incumplidores, unos 2.700 del total de 18.000 almerienses si tomamos como referencia la cifra del 15% sin reciclar que fija la Junta, porcentaje rebajado por la patronal a entre el 5% y el 10%.

Montañas de plástico reciclado en la empresa autorizada Ibacplast, en El Ejido (Almería).
Montañas de plástico reciclado en la empresa autorizada Ibacplast, en El Ejido (Almería). PACO PUENTES (EL PAÍS)

Antonio Berro tiene una planta no autorizada por la Junta en El Ejido, a escasos metros de la autovía. Responde con desparpajo. ¿Dónde va el plástico que sale de su planta?: “No lo sé, son intermediarios que no me dicen dónde va. Para hacer factura a mis clientes depende, si el hombre no quiere no la hago, y si quiere entonces sí, qué le voy a hacer”, alega. “Llevo un año esperando los permisos de la Junta, pero gestiono 1.200 toneladas de plástico al año”, añade Berro, que pese a carecer de autorizaciones lleva seis años a pleno rendimiento y asegura que ha invertido 800.000 euros para ampliar este año sus instalaciones.

La Junta ha impuesto un centenar de sanciones a agricultores y gestores no autorizados desde que el pasado otoño firmó el Compromiso Blanco con 13 Ayuntamientos almerienses para reducir los vertidos incontrolados, según Raquel Espín, delegada de Desarrollo Sostenible del Gobierno andaluz en esa provincia. Pero la clave sigue siendo que la multa compensa: aunque el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil consiga identificar al agricultor infractor gracias a una investigación tras hallar una etiqueta abandonada o cualquier detalle, tirar plásticos al medio natural no es delito sino una infracción administrativa -salvo que se consiga demostrar que contaminan gravemente-.

Los agentes se limitan a informar a la Junta, que multa pero no cierra las plantas ni explotaciones agrícolas. “Solo llega al ámbito penal cuando los residuos suponen un daño sustancial a la calidad de las aguas, suelos o aire, o puede conllevar un gran perjuicio para la salud”, explica Sergio López, teniente jefe del Seprona en esta provincia andaluza. Su última gran operación fue hace tres años, con ocho empresas y 16 personas investigadas por exportación ilegal de residuos. Sin embargo, las ocho firmas investigadas siguen operando, algunas tras subsanar su error y otras no, según fuentes del Instituto armado.

Mientras, bajo el agua los científicos cogieron testigos de los últimos 100 años en la pradera de posidonia para reconstruir la historia de los vertidos con técnicas de datación. “A pesar de que el Mediterráneo está en general bastante contaminado con microplásticos y que aumentan en la cercanía de las ciudades, la concentración que encontramos en la pradera de Almería es muy alta comparada con otros suelos costeros, que no suelen pasar de 700 microplásticos por kilo”, ilustra Martin Dahl, investigador de la Universidad de Södertön en Estocolmo y responsable del estudio sobre cuatro décadas de vertidos. Almería triplica la invasión media de microplásticos en el fondo marino del litoral mediterráneo.

Interior de un invernadero en El Ejido este verano, antes de la siembra de hortalizas.
Interior de un invernadero en El Ejido este verano, antes de la siembra de hortalizas.PACO PUENTES (EL PAÍS)

La larga espera hasta que los vertidos se frenen

Andalucía acumula el 60% de los plásticos agrícolas comercializados, según fuentes del sector. A la espera del sistema nacional que obligue a los grandes fabricantes a asegurar el reciclaje de los residuos, el Gobierno andaluz se ha gastado 18 millones en dos años para limpiar el deteriorado paisaje almeriense, aunque no termina de conseguirlo: lo demuestra cualquier recorrido por la comarca de Níjar o echando un vistazo a la rambla que separa las barriadas de Los Nietos y Las Casillas, con su cauce recién saneado por la Administración, pero con su entorno repleto de residuos. La limpieza es, además, superficial, y grandes cantidades de plástico quedan enterradas hasta que llegue una nueva riada.

La comunidad intenta atajar el problema hablando con el sector. “La Junta nos ha presentado hace un mes un sistema voluntario, pero le hemos dicho que si es voluntario no servirá de mucho, tendrá que ser obligatorio”, avanza Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, asociación que aglutina el 70% de la producción almeriense de hortalizas.

En paralelo a la patronal de agricultores, los gestores autorizados de residuos y los Ayuntamientos presionan a la Junta para que obligue a los empresarios a cerrar el círculo de la trazabilidad y así poder seguirles la pista a los despojos en todo momento. “Hay que incluir el destino final del residuo con un documento oficial en el cuaderno de campo [libro oficial de operaciones de un agricultor]”, razona Francisco Pérez, concejal de Agricultura de El Ejido. De momento, la Junta admite que sería la solución más eficaz, pero no se moja: “Si queremos llegar a implantar un sistema absolutamente efectivo la vía más fácil será la obligatoriedad (…) pero ahora mismo no lo sabemos, estamos experimentando el sistema y negociando con el sector, y tampoco tenemos fechas”, alega la delegada de Agricultura de la Junta en Almería, Aránzazu Martín. Mientras, el tiempo pasa y los plásticos siguen acumulándose en la tierra y el mar almeriense.

 

La mejora de la calidad de los plásticos -para que resistan mejor las inclemencias del tiempo y se deban cambiar con menor frecuencia- es una posible solución que apuntan desde Ecologistas en Acción. También el uso de materiales biodegradables, como ya se hace con la rafia, para poder tratarla directamente con los restos vegetales. Otra opción que evitaría más cantidad de plástico es la instalación de paneles solares sobre los techos de los invernaderos. Ello permitiría, además, al agricultor autoabastecerse de energía y vender la sobrante. “Sería una solución redonda”, apunta Manuel Pérez, del Centro de Investigación de Energía Solar de la Universidad de Almería (CIESOL), quien lleva años trabajando en las posibilidades de los paneles solares en los invernaderos. “¿Es factible? Sí. ¿Es necesario? Absolutamente”, dice el investigador, que cree que hasta dentro de una década no se verán los primeros pasos en firme.

Antes, hay varios problemas a resolver. El primero es el escaso gasto energético de los invernaderos, que hace que el agricultor no considere que su factura de la luz sea un problema y sea reticente a la inversión inicial en las células fotovoltaicas. El segundo, que cubrir los techos con placas solares reduciría la entrada de sol y, por tanto, la productividad. Se cree que como máximo se podría tapar entre el 10 y 11% de la cubierta para que no afecte al rendimiento, pero eso no serviría de nada para reducir plásticos, aunque ya se están probando instalaciones traslúcidas para solucionarlo. Igualmente, la sencillez de las estructuras de los invernaderos generaría también problemas para la instalación de las placas. “La producción eléctrica y agrícola es compatible, pero falta impulso. Cuando las ventajas sean grandes, la transformación llegará”, sentencia Pérez.

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