CAMBIO CLIMÁTICO

La justicia francesa insta a Macron a aplicar “medidas suplementarias” contra el cambio climático

El Consejo de Estado considera que los planes del Gobierno francés no son suficientes para lograr los objetivos del Acuerdo de París y le emplaza a adoptar más iniciativas antes del 31 de marzo de 2022

Un ciclista carga con su bicicleta en la calle Rivoli de París, en una imagen de mayo de 2020.
Un ciclista carga con su bicicleta en la calle Rivoli de París, en una imagen de mayo de 2020.GONZALO FUENTES / Reuters

Francia no está haciendo lo suficiente para luchar contra el cambio climático y, al ritmo actual, no logrará reducir un 40% los gases de efecto invernadero en 2030 para cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático. La conclusión del Consejo de Estado es taxativa y su decisión inapelable: el Gobierno de Emmanuel Macron tiene que hacer más y más rápido frente a la crisis climática. El más alto tribunal administrativo de Francia le ha dado este jueves para ello nueve meses de plazo. Hasta el 31 de marzo de 2022, el Estado deberá tomar “medidas suplementarias” y “útiles” que garanticen las metas fijadas tanto internamente como a nivel internacional.

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“Se le ordena al primer ministro adoptar todas las medidas útiles que permitan modificar la curva de las emisiones de gas de efecto invernadero producidas en el territorio, para garantizar su compatibilidad con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (…) antes del 31 de marzo de 2022”, reza el fallo del Consejo de Estado, del que el primer ministro, Jean Castex, ha dicho “tomar nota”.

En caso de incumplimiento, los magistrados podrían imponer al Gobierno una multa coercitiva, aunque el principal castigo es en sí una decisión que pone en duda las políticas medioambientales del Ejecutivo y que, por los plazos impuestos —a finales de marzo Francia estará en el tramo final de la campaña presidencial—, amenaza con convertir este tema en uno de los grandes debates de la batalla electoral.

En cualquier caso, con su fallo, la alta autoridad judicial administrativa da la razón a la comunidad de Grande-Synthe, en el norte del país. En enero de 2019, el entonces alcalde de esta localidad muy expuesta al riesgo de inundaciones por el cambio climático presentó ante el Consejo de Estado un recurso por la “inacción climática” de Francia, ante la oposición del Gobierno de Emmanuel Macron a acceder a su petición de que se adoptaran medidas suplementarias para “modificar la curva de las emisiones producidas y respetar, como mínimo, los compromisos de Francia”. A la iniciativa del hoy eurodiputado Damien Carême, que ha celebrado en sus redes sociales la “victoria” que supone la decisión del Consejo de Estado, se unieron las ciudades de París y de Grenoble, así como cuatro organizaciones sociales: Oxfam Francia, Greenpeace Francia, la ONG Notre Affaire à Tous y la Fundación Nicolas Hulot, que fue ministro de Ecología de Macron hasta agosto de 2018.

La ciudad de París, dirigida por la alcaldesa socialista Anne Hidalgo, que evalúa postularse como candidata presidencial en 2022, como ya ha hecho su colega de Grenoble, el ecologista Éric Piolle, ha celebrado como una “gran victoria para todos los franceses” esta “decisión histórica” que obliga al Estado a “afrontar sus responsabilidades”. También las ONG han calificado la decisión como un “ultimátum alto y claro” que constituye una “etapa importante” para revertir la “inacción climática” de los Estados. París ha recordado en este sentido que Francia no es el único país en el que la justicia estudia los compromisos de los gobiernos: también en Alemania, Holanda y Australia los jueces han reclamado a sus Estados “ser más ambiciosos y eficaces en sus objetivos de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero”, señaló en un comunicado la Alcaldía.

Los demandantes han subrayado además que este no es el único revés en materia climática para el Gobierno francés. El martes, el Alto Consejo para el Clima (HCC), un organismo de evaluación independiente creado por Macron a finales de 2018, concluyó también que “los esfuerzos actuales son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos”.

Francia redujo 1,9% sus emisiones en 2019 y 9,2% en 2020, según las estimaciones, pero esta caída excepcional se debe al frenazo económico que provocó la pandemia del covid-19, coinciden tanto el HCC como el Consejo de Estado, que además advierte de que, en cualquier caso, la trayectoria prevista, que incluye una bajada de 12% de las emisiones entre 2024-2028, “no parece alcanzable si no se adoptan rápidamente nuevas medidas”. Por su parte, el HCC advierte de que la Unión Europea se apresta a revisar al alza sus metas climáticas, lo que podría requerir mayores esfuerzos por parte de Francia para alcanzarlas.

En un comunicado, Castex ha asegurado que el Gobierno “toma nota” de la decisión del máximo tribunal administrativo y que reitera su “determinación a reforzar su acción climática, acelerando más aún las reducciones de emisiones y aplicando medidas para proteger a los franceses de los impactos ya observables del cambio climático”. Además, ha prometido medidas nuevas. Por un lado, una publicación “rápida” de todos los textos del proyecto de ley climático aún en discusión parlamentaria. Además, Castex asegura que habrá un “compromiso político fuerte” para aplicar las nuevas medidas que se están discutiendo a nivel europeo. Finalmente, ha asegurado la “continuación de los esfuerzos financieros” para apoyar a los franceses en la “transición ecológica” con primas para la adquisición de vehículos limpios, entre otros.

Si bien se han producido ya varias sentencias climáticas muy sonadas en Europa, estas no están teniendo luego la misma repercusión. En 2019 el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno holandés que redujera los gases de efecto invernadero, una victoria histórica para Urgenda, una pequeña ONG medioambiental. Sin embargo, este fallo judicial todavía no ha derivado en cambios significativos en la política climática del país., informa Clemente Álvarez.

Por el contrario, en mayo de este año, el Gobierno de Alemania anunció su intención de adelantar cinco años la neutralidad climática (emitir solo la cantidad de gases de efecto invernadero que la naturaleza sea capaz de absorber), solo unos días después de que el Tribunal Constitucional dictara una sentencia contra la ley climática aprobada en 2019. El alto tribunal alemán sentenció que no tener objetivos de reducción de las emisiones causantes del cambio climático más allá de 2030 perjudica a los jóvenes respecto a los mayores. Y como respuesta, el Ejecutivo de Angela Merkel presentó una modificación de la ley para hacerla más ambiciosa y adelantó la fecha para conseguir la neutralidad climática de 2050 a 2045. El anuncio del Ejecutivo de Merkel se produjo tras la reprimenda del Constitucional, pero también en plena precampaña electoral, a poco más de cuatro meses de unos comicios a los que por primera vez en 16 años no se presenta la canciller y en los que los sondeos pronostican un muy buen resultado para los Verdes. La lucha contra el cambio climático es una de las cuestiones centrales de la campaña de todos los grandes partidos alemanes.

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