438 agresiones ambientales al mar Menor en una década

Asunción evita los restaurantes junto a la carretera para tomar un café. Están más cerca de las huertas del Campo de Cartagena, donde trabaja desde hace 25 años, y no quiere coincidir con algún agricultor que pueda reconocerla. Prefiere no revelar su verdadero nombre. Lleva mascarilla y gafas de sol, pero su melena blanca, su complexión delgada y, sobre todo, su uniforme, que no se quita para la entrevista con EL PAÍS, la delatan. Es una de los cuatro agentes medioambientales —ocho desde hace un año— que ha documentado en las últimas dos décadas las agresiones perpetradas en el entorno del mar Menor, uno de los sistemas acuáticos más valiosos del país. De los 7.698 expedientes sancionadores, sin contar los archivados, que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha tramitado por infracciones cometidas en el Campo de Cartagena desde 2009, al menos 438 están relacionados con la contaminación de la laguna, según los datos a los que ha accedido EL PAÍS. De ellos, 97 (el 22%) se han abierto entre enero de 2019 y agosto de 2020.

El Campo de Cartagena es una llanura de unos 1.600 kilómetros cuadrados cuyas aguas vierten al mar Menor. El clima es mediterráneo seco, con una precipitación de apenas 270 litros por metro cuadrado al año.

Siglo XX. Crecimiento urbano y agrícola. En 1917 se construye el canal del Taibilla, que acerca las aguas del río a la zona.

En 1978, llega el primer caudal del trasvase Tajo-Segura. La Comunidad de Regantes construye canales y balsas.

Década de los setenta. Presión agrícola, turística y urbanística. La llanura seca se transforma en una zona en regadío. Dos desaladoras refuerzan el aporte hídrico en la actualidad.

Desde 2009 y hasta agosto de 2020, la Confederación Hidrográfica del Segura ha detectado 438 irregularidades graves relacionadas en su mayoría con vertidos agrícolas.

Actividades humanas como la náutica, la depuración de aguas residuales y la minería aumentan el desequilibrio al realizar aportes nocivos que terminan en el mar Menor.

Cualquier residuo arrojado en cualquier punto del Campo de Cartagena antes o después llegará al mar Menor filtrado a través de aguas subterráneas o mezclado con la tierra que arrastran las tormentas. Según el último estudio elaborado por la empresa pública Tragsa, el acuífero cuaternario vertió a la laguna entre 2018 y 2019 un total de 1.575 toneladas de nitratos, unos 4.111 kilos diarios. Es imposible identificar las acciones contaminantes de las que proceden en las aproximadamente 60.000 hectáreas de regadío existentes en la zona —unas 9.500 son ilegales, según los cálculos de la CHS—. Menos aún con una plantilla que hasta diciembre de 2019 solo ha contado con cuatro agentes. Pero las infracciones detectadas por ellos ofrecen una pincelada de algunas prácticas que en las últimas cuatro décadas han llevado a la laguna permanente más grande de Europa al borde del colapso.

Según la documentación, desde 2009 la CHS ha tramitado 183 sanciones por el genérico “acción contaminante”, 31 por depósito de escombros, 67 por incumplimiento de los límites de vertido, 57 por vertidos de aguas residuales, 42 por otros vertidos contaminantes y 58 relacionadas con la tenencia o uso de una desalobradora, una planta que trata el agua salina del acuífero subterráneo para que pueda ser utilizada para el riego y cuyos desechos son muy contaminantes.

La cadena de degradación

“Solo con la vista puedo saber si hay algún indicio de que se esté cometiendo alguna ilegalidad”, asegura Asunción en un bar de Los Alcázares. Conoce cada palmo de suelo, que recorre “desde 1995”. Puede ser que la tierra “esté removida” o que haya un pequeño “montículo donde antes solo había una llanura” que ahora esconde la tubería desalobradora. Incluso una plantación de pimientos, “que requieren agua con muy poca sal”, puede ser una pista de que se está desalando de forma ilegal.

Pero poseer una planta desaladora no es motivo de sanción. Sí está prohibido utilizarla, ya que los desechos que genera crean una salmuera llena de nitratos. Si se vierte al mar Menor, como ha sucedido en los últimos años, contribuye a la eutrofización, un exceso de nutrientes que dejan sin oxígeno a la laguna. El juez del caso Topillo, el macroproceso abierto en 2017 para investigar la degradación del mar Menor, calcula que 49 empresas agrícolas del Campo de Cartagena podrían haber vertido ilegalmente a la laguna alrededor de 6,6 millones de metros cúbicos (2.640 piscinas olímpicas).

De los 58 expedientes sancionadores relacionados con una desalobradora, 51 se abrieron después de 2016, el año en el que el mar Menor colapsó y se convirtió por primera vez en lo que los ecologistas bautizaron como “sopa verde”. Cristina González, jefa de la sección de aguas subterráneas de la CHS, eleva las cifras. “Desde 2017 y hasta agosto de 2020, 166 desalobradoras han sido completamente precintadas”, otras 19 tienen un primer precinto —solo se ha quitado el tubo de entrada y salida al pozo— y eleva a 77 los expedientes incoados relacionados con desalobradoras ilegales.

Pero la dimensión del problema podría ser mucho mayor. Según Ecologistas en Acción, hay “unas 2.000 desalobradoras” en el Campo de Cartagena. Ninguna tiene autorización para desalar. La Guardia Civil ha encontrado plantas desaladoras en zulos o incluso en furgonetas. No obstante, según la confederación, “la mayor parte de sus propietarios están accediendo a desmontarlas”.

Regeneración

Los regantes llevan años intentando optimizar el agua y reducir los fertilizantes. Desde el Scrats (Sindicato de la Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura) aseguran que las “técnicas de regadío aplicadas en el Campo de Cartagena son las más desarrolladas del mundo”, para buscar el equilibrio entre el desarrollo y el respeto ambiental, hasta el punto de que técnicos “israelíes” han visitado la zona para aprender.

Para Ecologistas en Acción, la solución a la degradación del mar Menor debe ir más allá de controlar las prácticas ilegales y consideran que hay que resolver el exceso de hectáreas dedicadas al regadío, unas 60.000, incluidas las 9.500 ilegales. “No es sostenible, no se pueden quitar nitratos del mar Menor sin regenerar tierras”, propone Rubén Vives, miembro de la organización en Murcia. “En lugar de gastar millones en bombear el agua subterránea llena de nitratos para limpiarla, con planes como el Vertido Cero del anterior Gobierno del PP o el Colector Vertido Norte del PSOE, sería más eficaz quitar algo de regadío, pagando la hectárea a buen precio, regenerar las barreras vegetales y los humedales y sellar la franja colindante al mar Menor”, añade Vives. La propuesta choca de frente con los intereses de los regantes. Según un informe de Price Water House Coopers encargado por Scrats, el regadío en Alicante, Murcia y Almería genera 106.566 empleos y aporta al PIB 3.000 millones de euros. Pero la degradación también afecta a la economía. Un estudio elaborado por la plataforma Pacto por el mar Menor cifra en 312 millones los ingresos que han perdido entre 2008 y 2019 solo los hoteles de la Costa Cálida por la caída del turismo.

Mientras tanto, los promotores de la idea de otorgar personalidad jurídica al mar Menor continúan recogiendo firmas para alcanzar las 500.000 que necesitan para que se debata en el Parlamento una proposición de ley que permitiría a los representantes de la laguna acudir directamente a la justicia para defender sus derechos. Un ejército de ciudadanos que sumaría sus fuerzas a los ocho agentes medioambientales que ahora vigilan el Campo de Cartagena.

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