Investigadores españoles alertan del impacto del ‘boom’ de las renovables en aves y murciélagos

La carrera por alcanzar los 89 gigavatios de energía fotovoltaica y eólica —ya hay 36 instalados— que necesita España para cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) puede provocar daños irreversibles en la biodiversidad, advierten 23 científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de varias universidades. Los autores del escrito, publicado en la revista Science, están a favor de ese tipo de energía, pero sostienen que los nuevos proyectos afectarán a “cientos de miles de hectáreas y no hay forma de compensar la enorme cantidad de hábitats valiosos que podrían perderse”. Para minimizar el impacto de la transición energética sobre valores naturales amenazados, consideran necesaria una mayor planificación, así como políticas que apuesten por la eficiencia, el autoconsumo y el ahorro energético.

Entre los efectos adversos, los científicos destacan los proyectos fotovoltaicos que ocupan zonas llanas y pueden comprometer la viabilidad de poblaciones de aves esteparias, que están gravemente amenazadas en España. Especies como el sisón, las gangas, la alondra ricotí, el aguilucho cenizo o el cernícalo primilla han sufrido un declive en los últimos 15 años de entre el 20% y el 50%. Además, sus poblaciones se encuentran en áreas no amparadas por la Red Natura 2000, “por lo que no existen herramientas legales para blindarlas frente al avance de proyectos macroenergéticos”, denuncian.

Como ejemplo del impacto que ya producen en la biodiversidad algunas de estas instalaciones, el comunicado se refiere a la importante mortandad de grandes aves, sobre todo buitres, o murciélagos al chocar con las 20.000 turbinas de energía eólica en funcionamiento en España. “Como mínimo” se estima que mueren al año 200.000 ejemplares de murciélagos y alrededor de un millar de buitres leonados por esta causa. Estas bajas provocan consecuencias demográficas en algunas poblaciones amenazadas, como ocurre con los alimoches que se topan con los aerogeneradores en Andalucía, donde la población está catalogada con la máxima figura de protección. Una situación a la que se suma que cuando se detectan puntos críticos de afección a aves “prácticamente nunca se detienen las turbinas para disminuir las muertes”, explica a EL PAÍS David Serrano, científico del CSIC en la Estación Biológica de Doñana y primer autor de la carta.

Las empresas optan por los “suelos más baratos” para levantar las infraestructuras, continúa Serrano. Se decantan por terrenos marginales, pero de alto valor ecológico como tierras de cultivo de cereales o áreas de media montaña, ecosistemas donde viven aves esteparias y rapaces, “que tienen en España sus mayores poblaciones europeas o, incluso, mundiales”. “Yo también elegiría lo más económico, porque es más rentable, pero es la Administración la que debe velar por evitar que se instalen en determinadas zonas, y no siempre lo hace”, añade.

Los investigadores no tienen ninguna duda de que las energías renovables son necesarias, pero también de que su coexistencia con la biodiversidad requiere una planificación ambiciosa y buenas prácticas en los procesos de evaluación ambiental. Motivo por el que España “debería adoptar un enfoque más cauteloso para prevenir un escenario en el que los objetivos energéticos se cumplan a expensas de la biodiversidad”. Consideran que la solución pasa por la elección de ubicaciones adecuadas. “Se deberían construir el mínimo de plantas posibles en el campo y buscando terrenos que no tuvieran un alto valor ecológico, además de apostar por el autoconsumo aprovechando las cubiertas de los edificios de polígonos industriales, empresas, barrios…”, aclara el científico. Otro de los problemas se debe a que en muchas ocasiones la información de campo no está actualizada ni disponible, de tal forma que se autorizan “proyectos en áreas con especies mal protegidas porque los catálogos regionales o estatales de fauna y flora no están al día y no recogen el estado real de determinadas poblaciones”.

La carta concreta, además, que los estudios de impacto ambiental de estas infraestructuras son “financiados por empresas de energía, a menudo con poca supervisión por parte de los Gobiernos, lo que excluye la independencia”. Serrano considera que el problema central es la urgencia que tiene España para el cumplimiento de los objetivos, que ha desembocado en un proceso acelerado y desordenado que desborda a técnicos y a la Administración, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para evitar una burbuja especulativa en el mercado secundario. De momento, existen permisos de acceso a la red eléctrica para proyectos que representan 121 gigavatios, que se sumarán a los 36 ya instalados, según la información de Red Eléctrica de España. “Esto implica que casi se duplican los objetivos del borrador PNIEC para 2021-2030”, puntualiza Serrano.

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