Un repunte de concursos en una economía marcada por la incertidumbre
Las previsiones sobre los concursos de acreedores en 2022, un ejercicio económico condicionado por la crisis, pero también por el final de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno tras el estallido de la pandemia de Covid 19, apuntan a un fuerte repunte de las insolvencias en España. El Registro de Economistas Forenses (Refor) presentó ayer sus propios números, que prevén un aumento de los concursos del 20% para este año y del 11% para 2023. El Refor, que sitúa a Cataluña, Madrid y Valencia como las regiones con mayor número de estos procedimientos, explica ese incremento como el resultado de una necesaria y previsible regularización tras dos ejercicios económicos atípicos, más que como una señal de seria crisis en el tejido empresarial. Una lectura que refuerza el hecho de que el porcentaje de concursos presentados en España sigue siendo menor que en otros países, aunque el índice de procesos que acaban en liquidación en nuestro país sea, al tiempo, sustancialmente mayor.
Pese a que parte del incremento de los concursos desemboque en regularización, en el repunte de las insolvencias juega un papel importante la compleja coyuntura económica actual, que conjuga una crisis energética, un rápido aumento de la inflación, un incremento de los costes de financiación y un conflicto bélico que está tensionando las relaciones comerciales europeas. Ese cóctel de circunstancias adversas y de factores de riesgo puede provocar que el aumento de las declaraciones concursales acabe siendo mayor de lo esperado. También la larga moratoria concursal, que ha brindado a las empresas insolventes una protección excepcional durante dos años, puede aumentar el número de concursos, al haber retrasado las declaraciones de insolvencia.
El posible deterioro de la situación económica en los próximos meses, junto al estado financiero de unas compañías que han estado largamente protegidas por el escudo concursal y por las facilidades de los créditos ICO, constituye un notable factor de riesgo para la morosidad bancaria, que de momento se mantiene en parámetros razonables. Al tiempo, la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal, que ha agilizado el procedimiento y mejorado las herramientas de reestructuración y refinanciación de las deudas, servirá para frenar los efectos de una cascada de concursos que puede agravar el deterioro de un tejido económico en el que conviven empresas solventes y con futuro con negocios y proyectos fallidos.