Los empresarios alertan de una asignación de las subvenciones de fondos europeos del 11,5%

Inquietud en el empresariado por lo que se considera un bajo nivel de ejecución de fondos europeos hasta el momento, de un total de 69.500 millones en subvenciones otorgadas a España del instrumento de recuperación Next Generation.

Ante la ausencia de información pública en tiempo real, CEOE intenta monitorizar cada una de las convocatorias y resoluciones, estimando, según fuentes con acceso a esa información, que no se habrán ejecutado más de 8.000 millones, un 11,5% del total.

El desafío se complica. Vienen mayores compromisos en el capítulo de reformas, licitación y adjudicación de proyectos, lo que empina el terreno para la recepción de nuevos fondos y su llegada al sistema productivo. En el Gobierno se habla de un ritmo de 2.000 millones en convocatorias mensuales de proyectos.

Expertos consultados por este periódico coinciden en que el Ejecutivo ha pasado hasta ahora con nota los exámenes de Bruselas a la vista de que se primaba el cumplimiento de reformas sencillas y de que el inicio de las inversiones elegibles se había fijado en febrero de 2020. España es, hasta el momento, el alumno aventajado de la UE. “Este semestre, con examen en diciembre y petición de plazo adicional para pulir hitos, ya se requieren reformas importantes sobre las que no hay acuerdo, como la de las pensiones, y volúmenes de inversión que están lejos de haber sido satisfechos”, señala un analista consultado.

En medio de esta vorágine, Economía prepara la adenda al Plan de Recuperación España Puede, que guía la ejecución de los fondos hasta 2023, y que debe ser completado para la recepción de los 84.000 millones en préstamos. De momento, está en el aire la cuantía que pedirá el Gobierno del tramo imputable en la deuda pública, lo que dependerá de las condiciones.

La disposición de los préstamos arrancará en enero de 2024 y serán las urnas las que decidan el Gobierno que los gestionará, ante lo que se demanda desde grupos parlamentarios y agentes sociales un diseño más participativo de la adenda. CEOE prepara su propio esbozo después de que la vicepresidenta Nadia Calviño pidiera proyectos tractores en julio. Una reivindicación de la patronal será la ejecución por la vía de incentivos fiscales en proyectos.

Fases previas

Sobre la esperada llegada de un nuevo paquete de subvenciones y su ejecución, en este final de año van a revaluarse medidas tomadas por el Ejecutivo que fueron dadas por buenas con salvedades. La plataforma común de fondos europeos Coffe, por ejemplo, sigue en pañales y las comunidades autónomas están enviando sus datos en Excel. El Consejo de Ministros aprobó el día 16 un acuerdo para encargar la prestación del servicio de atención y asistencia técnica a los usuarios de dicha plataforma. Y es que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia obliga a disponer una solución informática para gestionar una base de datos única con información sobre el uso de los fondos entre 2021 y 2027.

Distintas asociaciones empresariales subrayan que la CE ultima una fórmula por la que se reducen entregas de fondos en función del volumen e importancia de posibles incumplimientos en las reformas. En el entorno de CEOE se da por hecho que su aplicación comenzará por España y Portugal. La primera por la gran cantidad de subvenciones recibidas, y la segunda, ante las dificultades para cumplir los compromisos. Cunde así el temor a que lluevan menos euros de los previstos.

La cristalización de los fondos en proyectos también está sometida a cuellos de botella como el alto nivel de avales requerido a las empresas que participan en los mismos, de hasta el 100% sobre las subvenciones recibidas. Una exigencia que se trata de rebajar de urgencia para hacer posible la participación de pymes en los Perte del vehículo eléctrico o el agroalimentario.

También se han escuchado quejas de las comunidades autónomas por su estrecho margen de maniobra para adaptar la planificación a las necesidades de cada territorio. Otro problema con el que se están topando las consultoras que intermedian los proyectos es el de la histórica desconexión entre las empresas que aspiran a los fondos y la Administración, cuya relación se restringe en muchos casos al pago de impuestos.

Y juega en contra de una ágil ejecución una excesiva carga burocrática, pese al intento de agilización que supuso el Real Decreto Ley 36/2020 para la modernización de la Administración pública y ejecución del plan de recuperación, que fue publicado y convalidado en enero de 2021 y cuya tramitación como proyecto de ley, por procedimiento de urgencia, sigue en la mesa del Congreso. El proceso de enmiendas al articulado ha sufrido 72 prórrogas, la última hasta este miércoles.

El hecho es que iniciativas como el referido Perte agroalimentario lleva medio año de retraso en la publicación de convocatorias. El del vehículo eléctrico, cuyas bases han sido cambiadas en varias ocasiones, está sujeto a incertidumbres.