Aprobada la Ley Crea y Crece como pilar fundamental en la recuperación

La ley Crea y Crece ya es una realidad. El Congreso de los diputados ya ha aprobado la norma, que se alza como una de las principales reformas del Plan de Recuperación. Sus objetivos principales tienen que ver con facilitar la creación de empresas, reducir los obstáculos que se pueden encontrar las empresas en su creación y luchar contra la morosidad.

A partir de ahora será mucho más fácil constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada. La ley reduce los trámites para constituir este tipo de sociedades. Este tipo de sociedades se podrá constituir con un capital social de 1 euro. Hasta la fecha para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada era necesario un capital social mínimo de 3.000 euros. Esto facilitará la creación de nuevos negocios.

La ley Crea y Crece también impulsa la financiación alternativa para las empresas a través del crowdfunding y la inversión colectiva o el capital de riesgo.

Además de eso, la normativa generaliza el empleo de la factura electrónica y establece medidas que permitan luchar contra la morosidad.

Por otro lado, la normativa modifica la ley de medidas de liberalización del comercio para ampliar el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. En este sentido, se incorporan al listado las actividades consideradas inocuas por, al menos, una comunidad autónoma.

Creación de un Observatorio contra la morosidad

Igualmente se mejora la eficiencia para regular las actividades económicas de manera que se simplifica la legislación actual y se eliminan las regulaciones que se consideran innecesarias a fin de que los procedimientos sean mucho más ágiles.

La ley de Garantía de Unidad de Mercado también ha sufrido modificaciones con la ley Crea y Crece. Así se refuerza la cooperación entre las distintas Administraciones Públicas y la protección de empresas y consumidores frente a aquellas medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.

Para luchar contra la morosidad se obligará a las empresas a expedir una factura electrónica en todas las operaciones comerciales que se realicen. Esto facilitará la trazabilidad de los pagos y permitirá obtener información fiable y ágil sobre los plazos de pago. Esta medida llega aparejada a la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos, promoverá buenas prácticas y publicará anualmente un listado de empresas morosas.