Hacienda a la espera de concretar el sueldo de los funcionarios y el gasto en Defensa para cuadrar Presupuestos

Tras el pistoletazo de salida que supuso en julio la presentación del techo de gasto y el cuadro macro en el que estarán circunscritos los Presupuestos Generales del Estado para 2023, pocos o ninguno son los detalles adicionales conocidos.

Aunque las nuevas cuentas públicas están en estos momentos ajustándose entre bastidores, hay tres puntos en los que se centra la negociación que mantiene el ministerio de Hacienda con sus socios de Gobierno, así como con los diferentes ministerios.

Según señalan fuentes del Gobierno todo marcha con normalidad, todo indica que la aprobación del presupuesto por el Consejo de Ministros para su presentación oficial al Congreso de los Diputados se irá más allá del preceptivo 30 de septiembre que fija el artículo 134 de la Constitución que, en su punto 3, contempla que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

Este hecho en principio no supone ningún contratiempo siempre y cuando las cuentas públicas estén totalmente aprobadas el 31 de diciembre próximo.

El primer escollo con el que se va a encontrar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a ser la negociación abierta con su socio de Gobierno de Unidas Podemos, en torno al gasto en Defensa. Aquí el punto de partida conocido es bastante discrepante.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en estos días que España no necesita un aumento del gasto armamentístico al no ser prioritario en el actual contexto económico marcado por la guerra de Ucrania. En su opinión, hay “muchas formas” de cumplir el compromiso internacional de elevar el presupuesto en Defensa, y que podría hacerse “a medio plazo” o destinando inversión para subir el salario de las tropas en lugar que “gastarlo en empresas armamentísticas americanas”, defiende Podemos.

En la cumbre de la OTAN de junio en Madrid, se acordó que el gasto militar español pasase progresivamente de representar poco más del 1% del PIB al 2% en 2029, lo que supondría prácticamente duplicar los 13.000 millones de euros de 2021. Sea cual sea la cifra que finalmente se acuerde, lógicamente no está recogida en el techo de gasto, tal y como se encargó de explicar recientemente la vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, al no estar aún “ni pactada ni contemplada.

No obstante todo apunta a que el presidente Sánchez no dará su brazo a torcer y se decantará por una subida algo por encima a los 2.000 millones de euros, un promedio de los más de 12.000 millones que deberían dedicarse de aquí a 2029

Otro de los frentes abierto que tiene el Gobierno es alcanzar un pacto de rentas como herramienta eficaz para luchar contra la inflación encaramada en el entorno del 10%.

Antes del verano se escenificó una reunión entre la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y los agentes sociales, con el propósito de retomar la mesa de diálogo a la vuelta de vacaciones. Esa fecha ha llegado y de momento no hay frutos visibles y todo apunta a que las posturas entre sindicatos y empresarios aún están muy distanciadas. Por parte del Gobierno su contribución principal iría por la vía de los salarios públicos. La subida de sueldo de los funcionarios es clave en este momento de la negociación presupuestaria al tratarse de la principal partida del Capítulo I del presupuesto que recoge todos los gastos de personal.

El pasado miércoles Nadia Calviño insistió en la importancia de este pacto de rentas para luchar contra la inflación y la temida espiral precios-salarios. De esta sutil manera, Calviño sugirió que la aportación por parte del Gobierno iría por la vía del salario de los funcionarios, por lo que no estará vinculada a la inflación tal como se había comprometido previamente y oscilará entre el 2% y el 3%.

De momento, el sindicato mayoritario de la función pública CSIF, ha convocado movilizaciones para el próximo 24 de septiembre para reivindicar un alza salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo.

El último compromiso confirmado por el presidente del Gobierno es mantener la subida de las pensiones en función del IPC, lo que podría acarrear un gasto sobre 15.000 millones de euros.